Albert Recio Andreu.
¿Hacia una nueva huelga general?
Un lector habitual de mientras tanto nos envió una carta
preguntando por qué en la entrega de diciembre no habíamos hablado de la
huelga general del 14 de noviembre. Ciertamente fue una respuesta
social importante, mucho más masiva de lo que podía esperarse de una
campaña de movilización a medio gas, sin un objetivo tan claro como la
del pasado marzo, cuando aún podía estar en juego la reforma laboral.
Si algo ha mostrado la huelga es por un lado la capacidad de
convocatoria de las organizaciones sindicales y, por otro, un
sentimiento generalizado de estafa social con las políticas que se están
llevando a cabo. El mismo sentimiento de indignación que se encuentra
bajo la mayor demanda de soluciones para las personas con deudas
hipotecarias o, más recientemente, en la impresionante respuesta social
ante el anuncio de la privitización de la sanidad de Madrid.
Para millones de personas, resulta cada vez más evidente que estamos
ante un verdadero proceso de involución capitalista que pone en cuestión
las condiciones esenciales que garantizan una base de dignidad laboral,
seguridad económica y social, autonomía personal. Aunque en el largo
período de neoliberalismo ya se produjo un deterioro creciente de
derechos, éste no llegó a afectar a masas tan ingentes de personas ni a
tocar elementos tan centrales de la estructura social. Si esto fuera una
empresa, podríamos decir que hemos pasado de la fase de dificultades a
la de liquidación general. Por eso arrecian las protestas y alcanzan una
densidad desconocida en el período anterior.
La huelga general del pasado noviembre y las movilizaciones recientes
vuelven a demostrar que mucha gente es consciente de todo ello. Y, sin
embargo, no parece que este nivel de movilización tenga de momento mas
perspectivas que la de volverse a repetir en los próximos meses. Dada la
situación de deterioro, es bastante posible que los sindicatos se vean
forzados a convocar una nueva huelga general. La cuestión estriba en
saber hasta cuándo la indignación superará al desaliento, hasta cuándo
la gente pensará que la acción colectiva es una vía factible para frenar
el ataque o, por lo contrario, cuándo el cansancio hará mella en muchas
personas.
El año próximo se presenta aún peor que el actual. No hay
perspectivas de involución del paro. Al hundimiento de la economía del
ladrillo le han seguido los ajustes del sector público que, como ya se
ha anunciado, van a continuar ahondando los problemas del empleo. En
este contexto, además, se va a constatar el carácter corrosivo de la
reforma laboral. Hasta ahora hemos podido calibrar su impacto en la
facilidad de destrucción de empleo. Ahora, está por ver su incidencia en
la negociación colectiva, pues ésta se concentra fundamentalmente a
principios de año. Está por ver si la patronal va a utilizar toda su
capacidad de acción para fraccionar y deteriorar aún más las condiciones
laborales. De entrada, el Gobierno ya le ha abierto el camino
decretando la práctica congelación del salario mínimo.
Estamos sin embargo constreñidos a una situación sin salidas claras.
Las movilizaciones son una respuesta necesaria pero hasta ahora
insuficiente para cambiar la situación. Más bien parece que las clases
dominantes ya han amortizado los costes de las movilizaciones y están
dispuestos a tolerarlas como parte del ajuste. Tampoco parece creíble
que una radicalización del conflicto en términos de violencia fuera a
cambiar las cosas, más bien provocaría una pérdida de apoyos sociales.
La desigualdad de fuerzas es tan extrema que las acciones radicales sólo
sirven para legitimar al poder. El problema es más bien el de la
incapacidad de engarzar las movilizaciones en una estructura más amplia
de proyectos políticos capaces de alterar la correlación de fuerzas, así
como de introducir alguna reforma en la esfera política y económica que
consiga alterar la situación actual.
Hasta ahora las movilizaciones han acertado en denunciar los efectos
de las políticas actuales, pero en gran medida han sido insufientes para
atacar las causas. Y ésta sigue siendo la mayor fuerza de la reacción
económica: seguir presentado los recortes, la demolición de derechos
sociales, como la única alternativa posible. Por ello, una tarea
prioritaria es elaborar una propuesta alternativa que sirva como marco
de referencia de las luchas, de las batallas políticas. No es tarea
fácil, sobre todo en una guerra económica que se dirime en gran parte en
la esfera de las instituciones mundiales. Y que está afectando de forma
muy diferente en cada país (lo que limita los espacios de acción
colectiva a escala internacional). Pero es una tarea urgente, tanto en
el plano del proyecto como en el de elaboración, una estrategia de
acción que sirva para romper el marco frustrante de las movilizaciones
actuales. Posiblemente esté cantado que vamos hacia una nueva huelga
general, con más rabia, con más recortes a nuestras espaldas. Lo que no
debería ser inevitable es que nuestras acciones tengan que estar
encerradas, una vez más, en el estrecho espacio de la resistencia.
Necesitamos una verdadera coalición de fuerzas sociales capaz de
plantear un mínimo esbozo de alternativa por la que pelear.
Una alternativa movilizadora debe incluir un conjunto de elementos no
siempre fáciles de combinar. De una parte, dado el actual nivel de
fuerzas a escala nacional, europea y mundial, debe incluir alternativas
viables pero claramente diferenciadas de las actuales, dentro del
contexto actual. Tales como la dación en pago que propone la PAH, o el
plan de ajuste del gasto propuesto por los trabajadores de la Sanidad
madrileña. De otra, debe incluir un horizonte serio de transformación
social con cambios estructurales serios (que requieren de un movimiento
sociopolítico de largo alcance hoy más necesario que nunca). Encontrar
una articulación entre estas dos líneas es fundamental para posibilitar
que las próximas movilizaciones tengan más éxito que las pasadas. Hay
que evitar que al desplome de derechos le siga un desaliento social
generalizado.
Estado demediado (Notas sobre los problemas estructurales de la economía española, 2)
De un mal diagnóstico solo pueden derivarse soluciones erronéas. Y
uno de los peores diagnósticos de la crisis actual es el que sitúa el
excesivo gasto público y el déficit como uno de los problemas
estructurales de la Economía Española.
Si algo ha caracterizado al sector público español es su
infradesarrollo respecto al modelo imperante en la mayoría de países
europeos. Un infradesarrollo fruto de un largo proceso histórico que el
franquismo consolidó reduciendo las estructuras del Estado. Uno de los
pocos avances sociales de la transición fue, junto a la conquista de las
libertades políticas, una reforma fiscal que posibilitó precisamente un
importante salto en el papel de lo público. Cualquier persona mayor
puede recordar cuál era el entorno urbanístico y de servicios públicos
de su entorno y compararlo con el actual. La expansión de lo público
generó además una importante cantidad de empleos que, sobre todo,
abrieron oportunidades a las personas con estudios. En la configuración
social española ello ha jugado un papel importante en la configuración
de las clases medias asalariadas y, en especial, en la expansión del
empleo femenino. Si valoramos la expansión del sector público en
términos de servicios y de empleo es evidente que su crecimiento ha sido
crucial para mejorar el bienestar de la población.
El problema es que esta expansión de lo público, en gran parte
generada por las movilizaciones sociales de la transición primero, y la
necesidad de obtener legitimación social para las élites políticas
después, estuvo lastrado por diversos elementos que contribuyeron a
condicionar su desarrollo. En primer lugar el propio hecho histórico de
que la expansión del Estado de bienestar coincidiera en el tiempo con la
irrupción de la economía neoliberal y su catecismo de pseudo-verdades
en torno a los males de lo público. Incluyendo el dogma de la
preminencia de la gestión privada, que explica porqué en nuestro país la
externalización de actividades públicas es tan importante. En segundo
lugar, la escasa cultura fiscal. La derecha y los ricos, siempre
reticentes a pagar impuestos y a abortar cualquier política
redistributiva, consiguieron una importante hegemonía en el conjunto de
la población a la hora de favorecer un sistema fiscal injusto y poco
desarrollado. En tercer lugar, la existencia de grupos bien organizados,
con estructuras preexistentes que tuvieron capacidad de imponer un
desarrollo de los servicios públicos de provisión no universal.
Resultado de estas presiones es la permanencia de un sistema educativo
dual y un sistema sanitario fragmentado (especialmente allí donde las
mutuas privadas tenían más arraigo). Y en cuarto y último lugar, la
persistencia de culturas clientelares que explican alguna de las
experiencias más nefastas de la intervención pública reciente.
Fruto de estas dinámicas, el peso del sistema público español siempre
se ha situado, en términos de volumen, por debajo de la media europea.
En términos de gasto, entre 4 y 6 puntos del PIB en los últimos años,
según la evaluación de Eurostat, y más de 10 puntos si se toma como
referencia los países con mayor desarrollo del sector público, como los
nórdicos o Francia. Una situación que se repite cuando se evalúa el
gasto social: En 2007, al principio de la crisis, el gasto social
español se sitúaba 5,6 puntos por debajo de la media europea. La
distancia se ha reducido en los últimos años a 3,1 puntos por efecto de
la crisis (gasto en desempleo) de jubilaciones numerosas, así como de
los recortes en educación, y no por cambios en las políticas (los datos
pueden cotejarse en el Informe Estadístico Anual que publica el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social). En conjunto, el gasto público
español está por debajo de lo necesario para garantizar un buen
desarrollo social.
Aunque es posible que este menor gasto esté al mismo tiempo
distorsionado por otra cuestión. El impacto del sector público depende
tanto de su tamaño como de los fines a los que destina el gasto. Por
ejemplo, Estados Unidos no sólo es un país con un gasto público
relativamente reducido sino que dedica una elevada proporción a
financiar un gasto bélico que poco beneficia a la mayoría de la
población. En España está distorsión del gasto público también se ha
producido (posiblemente en menor escala) con la inversión en
infraestructuras costosas, muchas de ellas de dudosa utilidad social,
pero que han permitido enriquecer a un reducido núcleo de grandes
empresas que año tras año han sido capaces de controlar más del 50% de
toda la inversión pública en obras e instalaciones. Un grupo de ocho
empresas (constituido por ACS, FCC, Ferrovial, Acciona, OHL, Sacyr,
Isolux Corsan y Comsa Emte) que ha sabido generar un amplio consenso en
torno a lo bueno de las infraestructuras (a pesar de la evidencia de lo
inútil y costoso de muchos de los aeropuertos, autovías, lineas de AVE,
desaladoras, etc., construidos en los últimos años). Empresas que ahora
toman posiciones en la gestión de servicios públicos y que no dudan en
endosar al Estado sus “muertos”, como es el caso reciente de la fallida
red de autopistas alrededor de Madrid y del Sureste. Ellos, junto a
otros grupos parecidos (como Eulen, Abengoa, Abertis, Agbar...) son los
verdaderos apóstoles de la externalización. Un eufemismo útil para encontrar nuevas fórmulas para seguir extrayendo renta del conjunto de la población.
Tenemos por tanto un sector público insuficiente y distorsionado. Un
sector que ha visto desplomar sus ingresos no sólo por la crisis sino
también porque la sucesión de reformas fiscales de la fase anterior
(desde el último Gobierno de Felipe González en adelante) habían minado
las bases de una recaudación sostenible. Mientras se mantuvo la burbuja,
la situación parecía sostenible. De hecho el presupuesto español hasta
tuvo superavit y el endeudamiento era insignificante. Pero cuando
explotó la burbuja, faltaron redes para contener la caída fiscal y
situar el peso de los ingresos públicos españoles al nivel de los países
más pobres de la Unión Europea (Bulgaria, Letonia, Lituania...).
Hace falta un sector público mas desarrollado, lo que requiere una
reforma fiscal progresiva que aumente su equidad. Hace falta un sector
público eficiente en términos sociales y por tanto que reduzca el peso
de los grandes oligopolios de lo público. Y hace falta un sector público
capaz de impulsar el cambio en las estructuras productivas a las que me
referí en la nota del mes anterior. Un sector público capaz de impulsar
no sólo la ciencia y la investigación, sino también un cambio en el
modelo de consumo y producción para afrontar los retos del desequilibrio
exterior y de la crisis ecológica. Y para ello, un sector público
democratizado y gestionado desde una cultura de lo colectivo bastante
distinta a la que aún persiste en un sector amplio de nuestra sociedad.
28/12/2012
