Anekdotas del saléu nes buries agües de internete.
Anekdotas de la navegación en las borrascosas aguas de internete.

12 marzo 2006

en :Fitipaldis.com
Publicado: Mie Jul 13, 2005 02:23

LOS ACONTECIMIENTOS SE PRECIPITAN

A pesar de la represión generalizada, del estado de excepción en Euskadi y de las detenciones, las luchas de la clase obrera y de los pueblos de España continúan creciendo durante el verano de 1975. La situación política de la dictadura franquista era cada vez más comprometida. Sólo le quedaba, para dar continuidad a su dominio, la represión. Una represión feroz, criminal, fascista, llevada a cabo por las únicas fuerzas en las que confiaba: el Ejército, la Guardia Civil, la Policía, la BPS, el TOP, encargados de reprimir al pueblo y de mantener el orden salido de la guerra civil.


A finales del verano del 75, estaban pendientes varios Consejos de guerra y habia varias condenas a muerte en perspectiva. Por un lado, Garmendía y Otaegui; por otro, el sumario militar de la calle Correo de Madrid, en el que se encontraban procesados Eva Forest, Ourán y María Luz Fernández. Otros procesos seguían su marcha: el del atentado por el que subió a los cielos Carrero Blanco, o los diversos contra miembros del FRAP por la manifestación del 1 de Mayo del 73 en la que cayó muerto un policía.


Aunque éstos eran los casos más significativos, la represión se había generalizado durante los últimos meses. El jefe del Gobierno, el fascista Arias Navarro, podía presentar el siguiente balance represivo entre octubre de 1974 y febrero del 75: seis antifascistas asesinados y muchos más heridos por los disparos de la policía; 3.500 detenidos (la mayoría de los cuales fueroñ salvajemente torturados); 300 condenados por el Tribunal de Orden Público (TOP); varias decenas de miles de trabajadores sancionados y despedidos; cierre general de las universidades; multitud de actos culturales prohibidos; 25 artistas detenidos... Tan sólo en el mundo de la prensa, durante los seis primeros meses de 1975, se habían contabilizado: dos públicaciones cerradas definitivamente, otras dos suspendidas, 33 secuestradas y 10 expedientadas, 16 periodistas habían sido procesados, 8 detenidos y cuatro encarcelados. Bastaba escribir, como en el caso de José María Huertas Clavería en "Tele- Exprés" que "un buen número de casas de citas estaban regentadas por viudas de militares" para ser encarcelado y sometido a Consejo de guerra.


Pero todo ello se revelaba insuficiente para contener la lucha contra la dictadura fascista. El Gobierno de Arias Navarro había decretado el 25 de abril el estado de excepción en Guipúzcoa y Vizcaya por tres meses, durante los cuales el pueblo vasco fué sometido a un auténtico estado de guerra, con más de 2.000 detenciones y más de un centenar de atentados fascistas. El estado de excepción iba dirigido contra los trabajadores y el pueblo vasco y sus luchas, pero además tenía una finalidad concreta. Al día siguiente de su promulgación, el fiscal militar despachó su petición de pena de muerte contra Garmedía y Otaegui. Se trataba pues, de prevenir las movilizaciones que iba a provocar el Consejo de guerra.

Para entonces, como ya se ha dicho, el Comité Permanente del FRAP, tras analizar la situación del país, había decidido llamar a la creación de grupos de combate y de castigo para responder a los crímenes fascistas, a la represión contra el pueblo, al terrorismo franquista, con la violencia popular. Durante la primavera y el verano del 75, las acciones revolucionarias de masas cada vez más combativas y las acciones armadas se extienden y se multiplican por toda España. Otras organizaciones de distinta índole y fuerza se suman a esta ofensiva revolucionaria contra la dictadura en un contexto de luchas de masas cada vez más radicalizadas. El régimen se ve amenazado de desbordamiento.


La dictadura franquista reaccionó ante este peligro para ella, de la única manera que sabía. Tras declarar la " guerra al FRAP ", por boca del jefe superior de Policía de Madrid, el coronel F. Quintero, en "Cambio 16", dejó caer todavía más sus máscaras aperturistas lanzándose a la represión más desenfrenada. Se sucedían redadas masivas, la toma de rehenes, secuestros, torturas salvajes, atentados fascistas, pensando que así iban a destruir al FRAP y a las demás organizaciones revolucionarias, y conseguir su objetivo de paralizar las luchas obreras y populares para mejor llevar a cabo la transición monárquica. Con esos mismos fines, el 26 de agosto, es promulgado el decreto ley contra el terrorismo. El franquismo aparece bien a las claras como lo que nunca había dejado de ser: una dictadura fascista que basaba su mantenimiento en la represión contra la clase obrera y los pueblos de España.

El decreto-ley sobre el terrorismo

Este decreto, que cuando fue anunciado, el 23 de agosto, por el ministro de Información, León Herrera, lo llamó "decreto contra el comunismo", fue elaborado a petición del gobierno Arias Navarro por Eleuterio González Zapatero, que fue fiscal del Tribunal Supremo. En sus disposiciones el decreto permitía celebrar Consejos de guerra contra civiles, incluso en grado de "sumarísimos", los cuales sólo se aplicaban hasta entonces, en caso de guerra, a traiciones a la patria o contra deserciones. Los tribunales militares, encargados de esa tarea, tenían una absoluta dependencia de las autoridades político-militares. Sus sentencias estaban ordenadas de antemano, reduciéndose sus "Consejos de guerra" a una siniestra farsa. El tribunal militar no necesitaba pruebas, bastaba con la "convicción moral" de la culpabilidad de un acusado, para poder condenarlo incluso a muerte.


La ley antiterrorista del Gobierno franquista, en vigor desde el 27 de agosto, colocaba a toda España ante una situación de permanente estado de excepción por el tiempo de dos años, poniendo a libre disposición de las fuerzas represivas todo tipo de medios para mantener el "orden franquista". El decreto-ley consideraba como terroristas a cualquier organización ó grupo antifranquista ya fuese comunista, anarquista o nacionalista. Permitía condenas de hasta 12 años de cárcel a quienes diesen albergue o ayuda a algún miembro de esas organizaciones. También se castigaba la crítica a las sanciones que se estipulaban en el decreto, e incluso la "solidaridad" con los castigados.


La ley antiterrorista facultaba a la policía para entrar en los domicilios particulares sin mandamiento judicial y para mantener a los detenidos en los locales de la policía durante 5 días prorrogables. El decreto-ley imponía la pena de muerte como única posibilidad para ciertos delitos políticos sin que existieran circunstancias atenuantes, de modo que quienes juzgasen no pudieran optar entre esa pena y otra. Por último, y entre otras muchas disposiciones tan monstruosas como las anteriores, decretaba que se eximiría de toda responsabilidad a los miembros de grupos u organizaciones "terroristas" que se entregasen y delatasen a sus compañeros.
Es de señalar que, a excepción de lo relativo a las penas de muerte y a la jurisdicción militar de los tribunales, así como de algunos matices, el resto del contenido de este decreto-ley antiterrorista es prácticamente el mismo que la ley antiterrorista que ha puesto en vigor, nueve años más tarde, el Gobjerno del PSOE con Barrionuevo de ministro del Interior.
Al criminal decreto-ley franquista de 1975, le respondía "Vanguardia Obrera" número 112, por medio del artículo "Terrorismo y terroristas" y señalaba que:

"Mediante el terrorismo, la dictadura fascista de Franco domina desde hace más de 35 años en España. Terroristas son, en nuestro país, desde Franco hasta el último esbirro armado de la dictadura, pasando por los ministros que son o han sido, por los torturadores, por los fiscales y jueces de los tribunales fascistas. Hoy los terroristas pretenden acusar de 'terroristas' a los hijos del pueblo que, organizados en torno al FRAP o en tomo a otras fuerzas y habiendo comprendido la necesidad de pasar a una forma más elevada de lucha contra la tiranía franquista, organizan la defensa armada de las masas en fábricas, tajos y barrios y proceden a la ejecución de los esbirros armados de la dictadura... Ahora, el fascismo, que llamó a su sublevación terrorista 'la Santa Cruzada', vuelve otra vez a levantar el espantajo del 'terrorismo' a fin de restar aliados a la lucha revolucionaria, atemorizado ante el empuje de la violencia popular".


Al mismo tiempo, esas medidas también demostraban la debilidad en que se encontraba la dictadura y ponían de relieve la crisis en que se debatía, con una base social cada vez más reducida y con Franco en vías de desaparecer.

La lucha contra la represión en primer plano

Si bien a lo largo del verano del 75 las movilizaciones se llevan a cabo contra la represión en general y contra toda serie de juicios pendientes contra militantes y antifascistas de diversas fuerzas, a medida que avanza el mes de agosto, las convocatorias sitúan en primer plano el caso de Garmedía y Otaegui, cuyo Consejo de guerra era inminente, pues había sido fijado para el día 28. Frente al apremio de salvar la vida de los dos luchadores vascos, los otros procesos no son olvidados, pero pasan a un segundo plano. Sin embargo, a lo largo de julio y agosto, comienzan a incidir también en la situación política general y en las movilízaciones las acciones armadas del FRAP, la captura de rehenes del PCE (m-l) y del FRAP por la policía y la promulgación del decreto-ley contra el terrorismo, con el rosario de Consejos de guerra que eso hacía prever. La dictadura analiza esa situación y calcula que va a tener que hacer frente a demasiados Consejos de guerra y demasiadas penas de muerte a la vez, con las consecuencias a todos los niveles que podían acarrear. Por ello, hace una planificación y establece una selección, acelerando unos Consejos de guerra, retrasando otros y coordinándolos entre sí. Los sumarios de la calle Correo y del almirante Carrero se demoran. Los sumarios contra el FRAP se aceleran hasta grados insospechados.


Esto es significativo de la importancia que concede la dictadura a la lucha contra el FRAP. Para ella era una cuestión impostergable el impedir como fuera que las acciones armadas se extendieran por toda España. Mientras las acciones armadas quedasen circunscritas a Euskadi, la dictadura, aun reconociendo su gravedad, consideraba que se trataba de una lucha reducida y podía controlar el peligro para el Estado fascista. Pero las acciones del FRAP que durante esa primavera y verano se llevaron a cabo en Cataluña, País Valenciano, Galicia, etc., y sobre todo en Madrid, en el centro del poder político, plantearon a la dictadura otro tipo de problemas. Y frente al peligro de que las acciones armadas, la violencia popular, se extendiera y generalizase, la dictadura reacciona intentando cortar el proceso con una carretada de muertes.


Cuando las masas estaban movilizándose para salvar a Garmendía y Otaegui, el fiscal militar solicita penas de muerte contra una serie de miembros del PCE (m-l) y del FRAP.
"La inminencia del peligro -escribiría el abogado Miguel Castells- une, cara a la lucha contra los Consejos, los nombres de los dos vascos y los de los cinco militantes del FRAP. En las jornadas con las que se inicia septiembre se lucha por salvar a los siete acusados" .


Pero los acontecimientos se aceleran a partir de ahí. Entre el 28 de agosto y el 19 de septiembre se celebran no dos, sino cuatro Consejos de guerra. La dictadura había decidido incluir a Txiki y a otros seis militantes del FRAP (estos por el procedimiento "sumarísimo") en la carretada de condenas a muerte. En total se pedirían 13 penas de muerte, tres contra miembros de ETA y 10 contra miembros del FRAP.


Independientemente de las diferencias que separaban al FRAP -y todavía más al PCE (m-l)- de la ETA, el desarrollo de los acontecimientos y las decisiones de la dictadura hicieron que las movilizaciones en España y en todo el mundo, se llevaran a cabo para salvar la vida de todos los condenados, contra la dictadura franquista, contra los crímenes del fascismo, por la libertad de los presos políticos. Y eso, precisamente, hizo que la lucha de septiembre del 75 tuviera una dimensión política nacional e internacional, una amplitud y unas repercusiones, como nunca había ocurrido desde el final de la guerra civil española.



Detenciones y torturas


Entre los días 15 y 22 de julio fueron detenidas en Madrid varias decenas de militantes del PCE (m-l) y del FRAP, acusados de estar implicados en la ejecución de un policía, el 14 del mismo mes, acción que había sido reivindicada por el FRAP. La policía tenía que encontrar a unos responsables como fuera, y recurrió al método de detener al mayor número posible de rehenes, algunos de los cuales eran conocidos por la policía a causa de anteriores detenciones y estaban siendo vigilados, desde hacía varias semanas, por los policías de la BPS. Ante la urgencia de capturar a los autores de la ejecución del policía recurrieran al método más directo: detener al mayor número posible de miembros del FRAP de donde saldrían los culpables.
Todos los detenidos fueron salvajemente torturados en la Dirección General de Seguridad para arrancarles unas "confesiones". El equipo de policías de la BPS que se encargó de ello fue la "Brigada Central de Información" que dirigía Conesa, del que eran lugartenientes Carlos Domínguez Sánchez y González Pacheco ("Billy el Niño").


El sadismo de esos torturadores fascistas, que nunca fueron depurados ni castigados, no tenía límites: golpes en todas las partes del cuerpo con porras, varas y palos; a Manuel Blanco Chivite incluso le golpearon con una estufa de butano; la tortura del "pato" (andar en cuclillas con las manos esposadas atrás); a Fernando Sierra le pusieron una pistola en la boca e hicieron intento de dispararla; amenazas de torturar a la compañera detenida delante suyo; poner en carne viva la planta de los pies: intento de linchamiento por policías armados de forma organizada; tortura física y psicológica. José Humberto Baena narró, una vez en la cárcel de Carabanchel, su paso por la Dirección General de Seguridad:


"El día 22 de julio, cuando me encontraba en la calle Barceló con los compañeros Sierra Marco y O. B., al despedirme de ellos e ir a cruzar la calle, se abalanzaron sobre mí ocho o diez sociales, me tiraron al suelo y me colocaron una pistola en la sien, trasladándome esposado a la DGS.
En la DGS me comunicaron que había participado en la muerte de un policía armada y que iban a golpearme hasta que declarase, pero que me iban a dejar vivo para que pudiese firmar la declaración, aunque sería por poco tiempo porque me iban a liquidar a garrote vil. Ante mi negativa a declarar, empezaron los golpes y las torturas. Me lanzaban de un extremo a otro de la pared, golpeándome con porras y con los puños. Caí varias veces al suelo pero me levantaban rápidamente para seguir golpeándome. En una ocasión, mientras me sujetaban por la espalda, me agarraron por el cuello y me golpearon repetidamente la cabeza contra un mueble metálico, produciéndome heridas en la cara, sobre todo en la frente, pómulo y ojo izquierdo. Siguieron golpeándome y en uno de los golpes me arrancaron una muela, aunque en el parte médico de la DGS figura solamente la palabra 'caries'. Otras torturas que me hicieron fue el obligarme a arrodillarme y golpearme con un palo la planta de los pies de manera que cuando los apoyaba en el suelo sentía como si se me abriesen. También me colocaron de cara a la pared y me golpearon durante media hora la parte izquierda de la columna vertebral con la punta de un bolígrafo. Al principio no dolía demasiado, pero después esto me impedía hacer el menor movimiento..."

Así continuaron las torturas más diversas un día tras otro. La policía no tenía prisa. No se había hecho el parte de entrada en la DGS de ninguno de los detenidos, con lo cual podían estar allí todo el tiempo que la policía quisiera, sin que constara en ninguna parte que estuvieran detenidos. Tras más de una semana de torturas ininterrumpidas, en sesiones que duraban hasta 18 horas seguidas, con el cuerpo completamente destrozado, apenas pudiéndose tener en pie, sin poder leer incluso lo que firmaban, como le ocurrió a Sierra Marco, el comisario Roberto Conesa decidió que cinco de los detenidos eran los responsables de la ejecución del policía amlada (Manuel Blanco Chivite, Pablo Mayoral Rueda, José Humberto Baena Alonso, Vladimiro Fernández Tovar y Femando Sierra Marco) y les hizo firmar unas confesiones .

También un mes después iba a repetirse lo mismo, cuando la BPS anunció otra vez que había desarticulado el FRAP y había detenido a los autores de la ejecuciónde un guardia civil, ocurrida en Madrid el 16 de agosto. Una de las detenidas en esta ocasión, María Jesús Dasca, recuerda:


"Me detuvieron el 25 de agosto. Pasé nueve días en la Jefatura de Policía de Madrid. Fui detenida con 40 personas más y durante la detención estuve aislada, siendo torturada por 'Billy el Niño'."


De nuevo, los mismos torturadores, los mismos métodos, la misma pesadilla. Concepción Tristán fue otra de las detenidas:


"Ya en los pasillos de la Dirección General de Seguridad, uno de los que estaban allí esperando', se abalanzó sobre mí, gritando 'Ya está aquí la asesina. Te vas a enterar de quiénes somos nosotros. No vas a salir viva'... A partir de ese momento se sucedieron unos días dantescos. Ninguna parte de mi cuerpo quedó libre de golpes, aunque los más dañados fueron los pies que se me hincharon de tal manera que no podía andar. Según ellos me cuidaban estupendamente, porque después de cada sesión me ponían una pomada en las piernas para que bajara la inflamación, a fin de poder continuar torturándome mejor. El que intentaba hacer de 'padre' era Roberto Conesa, pero no lo conseguía, claro, pues entre palabras supuestamente amables, siempre estaban los tirones de pelo o los puñetazos en la cara. Un recuerdo de su enorme anillo se quedó grabado en mi cara para la posteridad, pues la 'fotografía mía que se difundió en la prensa, lleva su marca".


La hermana de otro de los detenidos, Sánchez Bravo, María Victoria, recuerda su primera visita a Carabanchel en donde pudo verlo:


"La primera entrevista que tuvimos, me enseñó todo lo que le habían hecho. Tenía un hematoma en el tórax, estuvo orinando sangre quince días, le habían dado electro-shocks en sus partes..." .


Tanto María Jesús Dasca como Concha Tristán y Sánchez Bravo como otros dos detenidos por las mismas fechas (García Sanz y Cañaveras de Gracia) fueron los que la policía decidió que habían dado muerte al guardia civil.



A los detenidos les esperaba después la cárcel de Carabanchel y la de Yeserías para las mujeres. Y allí si guió la represión. "Algunos de los funcionarios de prisión,cuenta Pablo Mayoral- eran tan sádicos como los 'sociales'. Especialmente recuerdo a dos verdaderamente fascistas. Un jefe de servicios, Joaqu ín Mejuto se llamaba, y otro de nombre Julio Arpón, que eran conocidos por su sadismo contra los presos".

Y estaban las celdas de castigo, las "celdas de prevención bajas", (CDB) en las cuales muchos de los detenidos pasaron 40 días y 40 noches, incomunicados, en una soledad absoluta, entre cuatro paredes en donde sólo había la taza del wáter, un grifo y una botella de plástico de leche vacía que servía de cisterna para el wáter y de vaso para beber.

Después, un día, sin saber por qué, finalizó el aislamiento e incluso con derecho a la primera ducha tras cincuenta días. Pablo Mayoral recuerda que "...ansiaba tanto ver una cara amiga, fumarme un cigarrillo, que cuando vi por primera vez a mi abogado Luis Cavanna, me sentí inmensamente feliz a pesar de que me traía la noticia de que me iban a hacer un Consejo de guerra y me pedían pena de muerte...".

"El 28 de agosto salimos de las celdas de castigo los cinco camaradas a los que se nos pedía la pena de muerte, aquello fue casi como salir en libertad, nos abrazamos, reímos, fumamos y no paramos de hablar, aunque nuestras voces estaban roncas de haber pem1anecido tanto tiempo mudas. Pese a que nos pusieron un régimen de vida mucho más duro que al resto de los presos de la cárcel, tanto comunes como políticos que estaban en otra galería, eran condiciones de vida mucho más benignas que las de los últimos dos meses. Se había inaugurado la VI Galería de Régimen Especial para presos políticos acusados de terrorismo. Eramos más de 40 militantes y simpatizantes del Partido y del FRAP, algunos de ETA y unos pocos de otras organizaciones, en total unos 60 presos, que después fueron aumentando, dada la feroz represión del régimen. Lo primero que hicimos al salir de celdas fue organizar el Partido en la galería..."
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