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18 enero 2007

DERECHOS HUMANOS EN LA FRONTERA SUR 2006


Desde 1997 la APDHA viene realizando un seguimiento sobre la inmigración clandestina desde África hacia España. Fruto de este seguimiento han sido los Informes Anuales que la APDHA viene publicando sobre Derechos Humanos en la Frontera Sur.
En lo que se refiere al año 2006 el Informe aborda cuestiones como el análisis de los flujos migratorios actuales, sus causas y su evolución, las políticas hiper-restrictivas frente a los mismos y sus graves consecuencias respecto a los derechos humanos. Desde este punto de vista señala las importantes preocupaciones de la APDHA por la falta de respeto a los derechos humanos por parte del Gobierno Español, entre ellas, de forma detallada, la situación en los diferentes Centros de Internamiento sean “oficiales” o más bien “irregulares”.
De forma detallada el Informe se hace un seguimiento de las muertes victimas de la inmigración clandestina. Como se puede comprobar en el mismo, la APDHA ha documentado que 1.167 personas han perdido la vida intentando simplemente buscar otro futuro, salir de la situación sin presente que perciben en sus países. Pero ni mucho menos son todos: nunca sabremos realmente cuantas han muerto. Sólo en este año posiblemente estemos hablando de la escalofriante cifra de seis o siete mil personas.
Se trata sin duda de una catástrofe humanitaria de similar envergadura a tantas catástrofes naturales que asolan el planeta. Sorprende la indiferencia de una buena parte de nuestra sociedad. Sorprende aún más el empecinamiento en continuar con las mismas políticas que vienen demostrando su fracaso durante años, ineficaces incluso para el objetivo que dicen pretender y causantes de tanta muerte, dolor y sufrimiento.
Durante el año 2006, ante el incremento de la migración africana a Europa a través de las islas Canarias, el Gobierno español ha puesto en marcha un despliegue sin precedentes, desconocido hasta ahora en su magnitud, para el control de fronteras. En el informe damos cuenta de este despliegue, hasta donde hemos podido averiguar teniendo en cuenta el grado de secretismo que oculta buena parte de las políticas gubernamentales en este tema. Sólo podemos decir de nuevo que con toda seguridad será inútil. De forma inexorable se han ido trasladando los escenarios del drama, conforme se iban multiplicando las dificultades para poder sortear los controles fronterizos. De Cádiz a Granada y Almería, luego a Ceuta, Melilla y Marruecos. Posteriormente el Sahara, Mauritania y ahora Senegal, Gambia o Cabo Verde.
¿Hasta donde se va a llegar? Como se analiza en el informe, nuevas generaciones de jóvenes africanos tienen firmemente interiorizada la necesidad de salir de sus países, de fugarse de donde no ven ningún futuro para ellos y sus familias. Jóvenes que han dicho basta, que sean cuales sean las dificultades y las penurias, sea cual sea el riesgo de perder la vida, van a seguir intentando llegar a Europa, que se presenta para ellos como la única alternativa de una vida digna.
Frente a esta realidad ampliamente extendida en el continente, el incremento de los controles, de las políticas restrictivas, de la represión o de la implicación de los gobiernos africanos… está condenado irremediablemente al fracaso.
Como denunciamos en este Informe, lo que es inevitable y consustancial a este tipo de políticas es la gravísima violación de derechos humanos que provoca. Miles de muertos, miles de heridos, militarización, cooperación condicionada, desprecio a los pueblos africanos, trato degradante e inhumano a las personas, deportaciones, denegación del derecho de asilo y refugio, aumento del racismo… Lamentablemente el Gobierno de España y la Unión Europea cierran los ojos ante esta vulneración de Convenios Internacionales de protección de los derechos humanos, de graves incumplimientos de nuestra propia legislación y de la Constitución, considerando que se trata de un simple e indeseado “efecto colateral” en la lucha por lo que consideran un bien mayor: el control de nuestras fronteras y el cumplimiento de políticas de lucha contra la inmigración ilegal.
Pero ningún control de fronteras justifica la violación de los derechos humanos. El respeto escrupuloso de los derechos humanos de aquellos que intentar entrar debe estar por encima del propio control de fronteras (en primer lugar el derecho a la vida, pero también a una acogida digna, derecho a la asistencia jurídica y a intérprete,…). Como asimismo lo están derechos humanos esenciales como el derecho al asilo y al refugio o el derecho a vivir en familia o el derecho de los menores a recibir protección….
El Informe concluye reclamando de nuevo un giro de 180 grados en el trato hacia el continente africano y, muy particularmente, en las políticas migratorias que se han venido implementando en los últimos quince años. Y planteando la necesidad de otra gestión, mas abierta, mas racional de los flujos que, paradójicamente puede ayudar a reducir la irregularidad favorecida precisamente por las políticas de cierre de fronteras actuales.

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