Anekdotas del saléu nes buries agües de internete.
Anekdotas de la navegación en las borrascosas aguas de internete.

30 marzo 2007

WINDOWS LIVE SPACES HA CERRADO EL BLOG DE "EL OJO DE GUADIX" POR ESTA FOTO

"Hemos encontrado imágenes con desnudos parciales (imágenes de pechos de mujeres, o de hombres desnudos completamente, o bien de nalgas de mujeres) en su Espacio, El ojo Guadix. Elimine todas esas imágenes de su Espacio en un plazo de 120 horas o se le deshabilitará el mismo. Si tiene preguntas acerca de los tipos de imágenes permitidas en Windows Live Spaces, haga clic en el ví­nculo del Código de conducta en la parte inferior de la página Windows Live Spaces.Atentamente,EddelynAtención al cliente de Windows Live Spaces "
Sólo se puede ver "El ojo de Guadix" en el caché de Google, porque Microsoft lo ha eliminado sin contemplaciones al considerar que la imagen de esta madre amamantando a su hijo, de la fotógrafa Mischa Fulljames , es pornográfica.
Hay que ser unos morbosos pervertidos, hijos de Satanás, con la mente como una pocilga para sentir otra cosa que ternura y admiración ante esta fotografía. O lo que es lo mismo: es preciso pensar como defensores del puritanismo gringo para censurar y cerrar "El ojo de Guadix" porque "hiere la sensibilidad" de los guarros que ven suciedad donde hay tanta belleza. No es un caso aislado: no hace mucho, la revista estadounidense "Babytalk" publicó la portada que reproducimos abajo: recibió más de cinco mil cartas de lectores "horrorizados" que calificaban la foto de "indignante". Y parece ser que la moral yanqui puede hacer estragos en cualquier cerebro poco evolucionado: el encargado del restaurante Txapela , de Barcelona, expulsó del local a una cliente que pretendía dar el pecho a su hija. Tuvo que amamantarla en la parada del autobús, en pleno invierno. A cualquiera que siga siendo cliente del Restaurante Txapela, sabiendo esto, se merece que le atice una salmonellosis. Podéis imaginar lo que creo que se merece el bestia encargado del Txapela, que os quedaréis cortos.En solidaridad con "El ojo de Guadix", os ruego reproduzcáis esta fotografía y denunciéis el atropello que ha sufrido por esa panda de delincuentes de Microsoft, que han perpetrado la peor plataforma de blogs del mundo, heredera de los boboblogs MSN Spaces,Si no apoyamos a cada compañero blogger que sea atacado, no tiene futuro la libertad en Internet. Porque nunca merecemos los derechos que no hayamos sabido defender para todos. Foto de Mischa Fulljames, premiada en el Concurso fotográfico Lactancia materna del Hospital Marina Alta de Denia.
Visto en:http://alvarosinalba.blogspot.com/
Y copiado de :http://gatopardo.blogia.com/
Ante esto yo no tengo comentarios,pero si os pido que lo paseis.

29 marzo 2007

Entrevista con Paul Preston


Es uno de los hispanistas británicos más distinguidos. Sus libros son de consulta obligada para comprender ese período negro de la historia española contemporánea que fue la guerra civil y el franquismo. Sus investigaciones sobre nuestro pasado reciente lo convierten en una referencia bibliográfica imprescindible. Se llama Paul Preston (Liverpool, 1946), exhibe un humor extraordinario y maneja un discurso didáctico, incisivo y a ratos demoledor. Ahora los ripenses tienen una magnífica ocasión para escucharle. El miércoles 28 de marzo aterriza en nuestra localidad para dar la conferencia ‘Franco: el gran manipulador’.

Desde su residencia londinense, y en un español perfecto, Paul Preston habla para ‘RD’ sobre la memoria histórica, la coyuntura política actual que está reabriendo la cruda disyuntiva de las dos Españas y las discrepancias históricas alentadas por sectores conservadores empeñados en repartir las culpas por igual entre vencedores y represaliados. El nombre de este investigador va asociado a una larga relación de hispanistas británicos –Hugh Thomas o Ian Gibson- que durante mucho tiempo fueron de consulta obligada ante la opacidad y el unilateralismo histórico exhibido por las versiones oficialistas de los herederos del régimen franquista. Los títulos de sus obras son una ventana abierta que ayuda a comprender mejor nuestro pasado (‘Franco: caudillo de España’, ‘La Guerra Civil’, ‘Las tres Españas del 36’ o ‘La política de la venganza: el fascismo y el militarismo en el siglo XX’). Recuerden bien el día que Preston llega a Rivas, al CERPA (28 marzo, 19.30 horas). Él promete una charla enérgica y tenaz, de las que no dejan indiferente.

P. ¿Qué memoria tenemos los españoles de la Guerra Civil?
R. Cada uno tiene una memoria distinta, evidentemente, y hay mucha gente que ni piensa en eso. Pero digamos que hay dos grandes memorias. La memoria republicana y la memoria franquista, totalmente distintas. La primera resumida en todo el trabajo de las asociaciones de recuperación de memoria histórica y de los historiadores que trabajan sobre la represión franquista en la memoria de los familiares, de los represaliados. Se trata de una visión muy crítica del franquismo, una memoria que piensa que todo el régimen era ilegítimo porque procedía de un golpe de estado contra un régimen legítimamente constituido y democráticamente elegido. Luego hay otra memoria simbolizada por las tertulias de la COPE y los libros de Pío Moa y César Vidal, que es una memoria que piensa que el franquismo fue muy positivo. Es una memoria que no quiere que se haga memoria. Y está en contra de lo que ellos denominan remover las cenizas. Son dos posiciones enfrentadas.

P. Y no hay una tercera memoria, o mejor, la desmemoria, que no se posiciona ni de un lado ni de otro.
R. Si quieres que te vaya repasando uno por uno la memoria de los 44 millones de españoles seguramente encontraremos a los que les da igual. Yo, personalmente, creo que no hay vía de en medio, no hay tercera vía. O piensas que el golpe de estado era ilegítimo, y eso es lo que pienso yo, o piensas que era necesario para salvar España.

P. Hablas de César Vidal y Pío Moa. ¿Hacen historia, son investigadores?
R. No, hacen propaganda. Revisar la historia es algo que hace constantemente todo historiador solvente, descubriendo nuevos documentos, nuevas líneas de investigación. Las preocupaciones políticas de cada época y de cada generación cambian, y varía nuestro enfoque de la historia, con lo cual, los historiadores están revisando constantemente. En el caso de los mencionados, no están revisando, están repitiendo los lugares comunes de la propaganda franquista, añadiendo alguna técnica de la telebasura. A veces, lo que escriben es hasta divertido, sobre todo para el lector neutral, o para el lector muy de derechas. Porque es una prosa, hablo de Pío Moa, muy amena, salpicada de insultos a los otros historiadores, y con unas posiciones muy sencillas donde todo es blanco o negro, lo que facilita la lectura. César Vidal es otra cosa, porque su producción es tan colosal que no sé cómo una persona puede hacer tantos libros sobre distintos temas, publicando miles y miles de páginas al año. Es imposible para una sola persona teclear tanto y hacer investigación.

P. Frecuentemente citas a Franco y Hitler de manera conjunta, pero esa comparación suscita malestar en ciertos sectores sociales. Mientras casi toda Alemania repudia a su dictador, aquí no sucede lo mismo, ¿por qué?
R. En parte es consecuencia de que el franquismo persistió 30 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, el hitlerismo fue derrotado por una invasión, y, en cierta medida, fue impuesta la democracia. La dictadura alemana terminó con la destrucción total del país, con lo que es de nefasta memoria. Y ha habido 30 años de investigación de los crímenes del régimen nazi y la matanza de los judíos. En cambio, en España, la dictadura persistió 30 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque fue un desastre económico hasta comienzos de los años 60, durante la dictadura, yo diría que a su pesar, se experimentó un crecimiento económico que muy hábilmente se asoció con la propia dictadura. Entonces nos encontramos con muchísima gente que sacó provecho de la dictadura y la represión. Mucha gente piensa, y tienen razón, que ellos vivían mejor con Franco. Y la imagen del tardo franquismo no tiene mucho que ver con el franquismo brutal y fascista de la Guerra Civil.

P. Nicolás Sartorius dice que instituciones como la eclesiástica y la judicial no apoyaron el franquismo: eran el franquismo.
R. Pues claro, gran parte de la jerarquía eclesiástica formaba parte del franquismo. De eso no cabe ninguna duda.

P. ¿Por qué tantos hispanistas británicos?
R. De entrada, en Inglaterra hay muchísimo interés por la historia de otros países, mientras que en el continente europeo, en general, las universidades donde se estudia historia suele estudiar la del propio país. No es que los ingleses estemos obsesionados con España, es que estamos obsesionados por el exterior. Por eso hay tantos alemanistas, prusistas, latinoamericanistas.

P. Y todo el prestigio acumulado por ustedes, además de merecido, ¿se debe a que durante mucho tiempo sólo tuvimos la versión oficial del régimen?
R. Confluyen varios elementos. Por un lado, no cabe ninguna duda de que durante el franquismo era imposible estudiar libremente la historia reciente de España. El régimen tenía su versión de sus propios orígenes, y eso daba un valor añadido a los extranjeros que sí escribían con libertad sobre el tema. Después de la muerte de Franco, ha habido un resurgimiento de la historiografía española, con obras magníficas. El problema es que mucha de la producción seria de la historiografía española no está dirigida al gran público. Hay una historia muy académica que no llega al gran público, y hay una historia un poco novelada hecha mayormente por periodistas. En medio, existe una historia muy solvente, muy seria, basada en archivos y a la vez amena, que es la marca registrada de los hispanistas. Ahora hay autores en España que lo hacen de maravilla, como Julián Casanova o Santos Juliá.

P. ¿De dónde le viene el interés por la Historia española?
R. Nací en 1946, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Mi familia había sufrido mucho en la guerra. Toda mi infancia y adolescencia transcurrieron en un ambiente donde se hablaba mucho de ella. Mi gran pasión era saber por qué hubo esa guerra. Cuando estuve en la universidad aún era difícil estudiar la Historia contemporánea. En 1968 surgió la posibilidad de irme a otra universidad y dedicarme un año a estudiar la Historia de la Guerra Civil, que me interesó como prolegómeno de la Guerra Mundial. Pero me iba apasionando por lo que leía sobre la Guerra Civil española. Era un tema en el que había un microcosmos de la historia de Europa del momento: fascismo, comunismo, socialismo, liberalismo, anarquismo, con todos los grandes personajes, Hitler, Mussolini, Stalin. España era como una cornucopia. Enseguida agoté lo que había disponible en inglés, y decidí hacer un esfuerzo para aprender castellano. Fui a España, por primera vez, a finales de los años 60. Fue una especie de flechazo. Me encantó todo. La gente, en Inglaterra, me decía que la comida española no me iba a gustar, y me encantó. Me encantó la manera de ser de la gente. Y ese flechazo se convirtió en una especie de matrimonio estable.

P. ¿Hasta qué punto parte de la derecha actual española es heredera del franquismo? El PP aún no ha condenado oficialmente la dictadura.
R. También eso es consecuencia de lo que decía antes, de la gente que de alguna forma fue condicionada o incluso sacó provecho del franquismo. Esa gente constituye parte del electorado del PP. Y es evidente que el PP no va a ir en contra de su electorado. Aunque a la larga es un error político de su parte.

P. ¿Por qué es un error?
R. ¿Quieres que te dé las claves, porque igual lo leen y cambian de política?

P. Si es para el bien del país, adelante.
R. El PP va arrinconándose cada vez más hacia la extrema derecha, lo que da un espacio de centro al PSOE, y eso a la larga es positivo para la fuerzas progresistas de España.

P. Gran Bretaña y España comparten el azote del terrorismo islámico. En nuestro país, lo sucedido el 11M es utilizado como arma de confrontación política. ¿Por qué en su país no ocurre lo mismo?
R. En Gran Bretaña la amenaza terrorista ha provocado la unión de todo el espectro político. Esto es consecuencia de que aquí llevamos más de un siglo de democracia moderna. Entre los partidos hay una especie de acuerdo tácito de que cuando se producen cambios gubernamentales después de las elecciones no se va dispuesto a destrozar todo lo que ha hecho el partido anterior en el poder. España lleva a penas 30 años de democracia. Y la memoria del franquismo es aún muy fuerte. La crispación procede todavía de ahí.

P. ¿Nos falta madurez democrática?
R. Creo que le falta madurez al PP. En el tema de ETA, por ejemplo, el hecho de que el PP quiera constantemente sacar provecho electoral de las dificultades del proceso de paz me parece, como mínimo, un alarde de miopía. Pero yo no estoy en España. Es un poco absurdo que juzgue la política actual española porque no la sigo tanto.

P. ¿Cómo juzgará la historia la guerra de Irak?
R. Como un error colosal por parte de los que hemos ido allí. España pudo corregir su error. Gran Bretaña, todavía no. La guerra fue un acto de imperialismo motivado por la búsqueda de fuentes energéticas. No sé si ellos lo consideran un error, pero yo sí, es un error para la humanidad.

P. Decía E.H. Carr que la historia es el diálogo entre presente y pasado. Según la época en que vivamos, nuestra interpretación de los hechos varía.
R. Claro, es lo que decía antes. La historia constantemente se revisa. Y unos de los motivos es que el presente nos hace ver el pasado de otra forma. Te doy un ejemplo, yo ahora estoy terminando un libro sobre corresponsales de guerra durante la Guerra Civil española, y me ha dado muchas ideas ver cómo los corresponsales trataban hoy en día la guerra civil en Yugoslavia o la guerra de Irak. Lo que vemos a nuestro alrededor afecta a nuestra visión del pasado. Y cuando hablamos de objetividad, yo siempre digo que es imposible una objetividad totalmente aséptica, porque un historiador siempre tiende a aplicar sus propios valores éticos a lo que vea en el pasado.

P. Lo que sí que existe es la honestidad con la que un historiador debe acercarse a un acontecimiento.
R. Totalmente de acuerdo

Autor: Redacción

22 marzo 2007

PÁGINA DE PENSAMIENTO CRÍTICO DEL MES DE MARZO 2007

Antonio Antón
La reforma del mercado laboral no ataja la precariedad
(Página Abierta, 179, marzo de 2007)

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, ha definido la situación laboral del año 2006 como de «más estabilidad del empleo y menos temporalidad». Según él, no sólo se está creando «más empleo, [sino que además] es de mejor calidad» (El País, 4 de enero de 2007). El dato fundamental en que se apoya es el importante número de contratos indefinidos realizados, más de dos millones –2.177.000– en este año. En particular, en el segundo semestre del año se han realizado 1.215.000 (1). El segundo dato positivo para el ministro es la disminución de un 3,8% del paro registrado respecto al del año 2005, aunque se mantiene en cerca de dos millones. Con estas referencias del INEM, el ministro ha hecho una valoración embellecida de la aplicación de la reciente reforma del mercado de trabajo (2) que incluso ha tenido que ser relativizada por los propios sindicatos.
Con esos datos se refleja una parte de la realidad. La cuestión es analizar no sólo las altas de nuevas contrataciones indefinidas sino también las bajas, la composición interna del empleo indefinido y, sobre todo, la evolución de la temporalidad. Así, la otra parte de la realidad, la principal, es que, según la EPA, no se ha reducido prácticamente la temporalidad, y que ha disminuido la calidad del conjunto del empleo.
El diagnóstico del que partía esta reforma era el evidente problema de la persistencia de altas tasas de temporalidad –en torno a un tercio–, prácticamente, durante los últimos veinte años y, por tanto, del fracaso del acuerdo para la estabilidad en el empleo del año 1997 (3). La principal medida es la bonificación a los empresarios –durante cuatro años– por los contratos indefinidos a determinados colectivos –jóvenes, mujeres y mayores de 45 años–, con un plan de choque para este segundo semestre del año 2006, en que se subvencionaba –por tres años– todo tipo de conversiones de contratos temporales (4). Aunque todavía es un periodo corto, en este semestre ya se ha aplicado el “plan de choque”, y se expresan los primeros indicios para valorar la efectividad de las medidas adoptadas respecto de la precariedad laboral –inseguridad, indefensión y flexibilidad–. Veamos, pues, la evolución del conjunto de indicadores del mercado de trabajo, en este primer semestre de aplicación de esta reforma, y el significado del nuevo contrato indefinido bonificado.
En primer lugar, se analizan los datos de la tabla adjunta. Dos son los aspectos más importantes que se deben destacar: 1) Ha aumentado la contratación indefinida pero no el porcentaje global del empleo indefinido, es decir, se produce un efecto sustitución dentro de él. 2) No se reduce significativamente la elevada tasa de temporalidad, principal objetivo público del acuerdo.

Rotación en el empleo indefinido

En estos seis meses, con 1,2 millones de nuevos contratos indefinidos según el INEM, el empleo indefinido sólo ha crecido en 326.000 nuevos contratos de trabajo, según la EPA. La diferencia de más de 870.000 –casi las tres cuartas partes de esos contratos realizados– se explica porque sustituyen a las bajas producidas de otros contratos indefinidos: una parte ordinarios –por jubilación, despidos o bajas voluntarias–, y otra parte indefinidos incentivados anteriores que han sido rescindidos. Así, en ese semestre, se ha pasado de un total de 10,6 millones de asalariados indefinidos a 10,9 millones. Por tanto, se ha producido una amplia rotación de personas en el empleo indefinido y se han sustituido contratos indefinidos ordinarios –con más derechos– o indefinidos de fomento a los que se les han terminado las subvenciones anteriores por nuevos indefinidos bonificados. Con esta rotación, los empresarios consiguen un abaratamiento de los costes laborales y una mayor flexibilidad y subordinación de sus plantillas. Se genera una doble tendencia: una parte experimenta una movilidad ascendente desde la temporalidad a esa situación intermedia; otra parte tiene una movilidad descendente al rescindirse sus contratos “indefinidos” y volver al paro o la temporalidad.
El volumen de temporalidad en este semestre crece ligeramente de 5,54 millones –y de 5,35 millones hace un año– hasta 5,57 millones. La tasa de temporalidad se mantiene a lo largo del año 2006 –del 33,77% en diciembre del año 2005, al 34,39% en junio y al 33,82% en diciembre del año 2006–. Si se compara el fin de cada año –dada la diversidad estacional–, el porcentaje es el mismo, y sólo baja unas décimas en el último trimestre. Además, se han realizado 8,3 millones de contratos temporales en este semestre, la mayoría de corta duración. Por tanto, en este comienzo de aplicación de la reforma no se ha avanzado en su objetivo central de “reducir la temporalidad”. Lo que se produce es un cambio en su composición personal. El bloque mayoritario de 4,3 millones –80%– de temporales sigue estancado, pero hay también una sustitución parcial con esos 1,2 millones –20%– que pasan a nuevos contratos indefinidos. Una parte significativa de ellos han sido temporales, pero su lugar ha sido ocupado por otro millón largo proveniente de la inactividad y el paro –principalmente mujeres y jóvenes–, o de la inmigración. En ambos casos se ha producido una movilidad ascendente.
Así, la alta temporalidad no disminuye –en volumen, sube ligeramente y en tasa baja un poco–, pero en términos de trayectorias personales hay que diferenciar tres segmentos: el mayoritario que prolonga su precariedad laboral con un bloqueo de sus perspectivas; el que experimenta un ascenso desde una precariedad más grave a otra menos grave, y el que asciende desde la temporalidad a una situación “intermedia” con respecto al empleo “fijo”. Por tanto, se mantiene un amplio proceso de socialización laboral basado en la inseguridad del empleo, pero con varios niveles y trayectorias personales que permiten cierta funcionalidad a las estrategias adaptativas y de esfuerzo individual dominantes.

Crece el empleo pero disminuye su calidad

En segundo lugar, crece el empleo pero no mejora su calidad, sino que empeora. Con respecto al paro, en este semestre ha descendido la tasa en dos décimas, del 8,5% al 8,3%. No obstante, en términos históricos, la disminución del paro y el aumento de la ocupación han sido los otros aspectos más relevantes de la evolución del mercado de trabajo en España: desde el año 1994, año de mayor tasa de paro –23,9%–, con 3,9 millones de personas desempleadas, se ha pasado a 1,8 millones –8,3%– a fin del año 2006, y de 12,3 millones de ocupadas a 20 millones. En poco más de una década ha aumentado la ocupación en 7,7 millones, más de un 60% (5). Éste es el aspecto más significativo que ha permitido trayectorias laborales ascendentes y ha supuesto un aval a las políticas empresariales e institucionales de crecimiento económico y de empleo. No obstante, el desempleo todavía afecta significativamente a jóvenes y mujeres. En todo caso, todo ello ha posibilitado una amplia movilidad ascendente desde el paro, la inactividad, el trabajo sumergido o la inmigración hasta el empleo temporal y “flexible”, es decir, desde una precariedad más grave a otra menos grave.
Al mismo tiempo, también se está produciendo una gran transformación de la composición interna del mercado de trabajo, a la que se le ha dado poca dimensión pública. Es la dinámica hacia una mayor inestabilidad del conjunto del empleo y la constitución de un tercer segmento intermedio, en sustitución del clásico empleo “fijo”, no del temporal. Así, nos encontramos con una evolución de la población asalariada (6) y desempleada como la que se expone en la tabla adjunta.
En el año 1996 había tres segmentos diferenciados: empleo “fijo”, con la mitad de esa población, una cuarta parte en el paro y otra cuarta parte en la temporalidad. En el año 2006, diez años después, hay cuatro segmentos: el empleo “fijo” ha bajado hasta el 37%, poco más de un tercio; el desempleo también ha descendido y representa la décima parte; al mismo tiempo, ha crecido el empleo “precario” en 2,4 millones de temporales más, acercándose a un tercio, y se ha formado el nuevo segmento “intermedio” con 4,1 millones –el 22% del total–.
Para interpretar ese proceso hacia un mercado de trabajo más inseguro para los trabajadores y trabajadoras y más flexible para los empresarios, es preciso valorar el significado de los nuevos contratos indefinidos subvencionados.
El nuevo contrato indefinido ya no es sinónimo de “empleo fijo”, de acuerdo con la norma tradicional de empleo seguro, estable y con plenos derechos, sino que con él se genera un segmento intermedio. El sistema de bonificación como instrumento principal para la conversión de temporales en indefinidos no garantiza la estabilidad de esos contratos. Esos contratos “indefinidos” subvencionados son más baratos que los temporales. Así, la subvención es de un importe similar al coste del posible despido improcedente –33 días por año trabajado frente a 45 días en el caso de los “ordinarios”–. Esa indemnización del despido puede ser pagada con la subvención del contrato, es decir, los gastos del despido son gratuitos para el empresario. Con ello los empresarios mantienen la misma flexibilidad y capacidad de presión hacia esos empleos que si fueran temporales (7).
A su vez, ese cambio de tipo de contrato –de temporal a indefinido subvencionado– no ofrece muchas más garantías de estabilidad y capacidad contractual a ese trabajador ante el empresario. Éste tiene dos opciones: 1) mantener ese empleo formalmente indefinido, pero flexible y más barato que el temporal –durante los tres o cuatro años de la subvención–; 2) despedirlo y sustituirlo por otro empleo indefinido subvencionado o por otro temporal, sin coste adicional ninguno. En este caso elige una mano de obra todavía más flexible aunque “menos barata” al no estar subvencionada.
El horizonte de continuidad de los contratos durante esos tres o cuatro años es más claro en la primera opción. Pero más allá del cambio nominal del tipo de contrato, se mantiene, en lo fundamental, la capacidad empresarial de utilizar la flexibilidad del empleo, así como otros componentes básicos de la precariedad laboral –inseguridad, subordinación e indefensión–. Por tanto, esa situación “intermedia” de ese millón de trabajadores y trabajadoras indefinidos subvencionados no aumenta mucho sus garantías reales de seguridad y estabilidad respecto del temporal duradero, ante la amenaza de rescisión del contrato (8).
La utilización y extensión del nuevo contrato indefinido se deja, fundamentalmente, en manos de los propios empresarios, y no hay garantías de que no se produzcan los mismos efectos ambivalentes que ha tenido su aplicación en estos años. El mecanismo principal es la subvención, no el control de la “causalidad”. Se sigue en la lógica de incentivar la contratación indefinida, no de controlar y penalizar la temporal. Se descarta, como instrumento principal, el sistema de garantías de “estabilidad” a través de la “regulación” de la causalidad y del control sindical en las empresas. Así, se rompe la norma tradicional de vincular contratación indefinida al empleo duradero, no sólo al empleo cualificado.
La temporalidad debía estar justificada por la “causa” de una coyuntura transitoria y provisional –temporal– de un exceso coyuntural de producción. Así, la contratación temporal no debía estar asociada a empleos de baja cualificación sino a puestos de trabajo de “duración temporal”. Pero la temporalidad se ha convertido en un instrumento estructural de las estrategias empresariales de mantener una gran flexibilidad, abaratamiento e indefensión de la mano de obra. Ésa es la causa principal que se combina con un contexto productivo de mayoría de puestos de trabajo de baja cualificación en una economía intermedia.

Trayectorias ascendentes y persistencia de la precariedad laboral

En tercer lugar, cabe mencionar la especificidad de la ambivalencia de las trayectorias laborales. Se producen dos tipos de movilidad ascendente. En un segmento, desde una precariedad social más grave –paro o trabajo irregular, por ejemplo– al empleo temporal, aunque sin salir de la precariedad laboral. En otro segmento, sobre todo de sectores cualificados, desde la temporalidad a una situación intermedia, aunque sin el horizonte de seguridad y calidad del empleo “fijo”. Este ascenso social de una parte de gente precaria es debido no tanto a la propia reforma laboral sino al elevado crecimiento del empleo en los últimos diez años, proceso difícilmente repetible.
La necesidad de sustituciones en puestos de trabajo cualificados y esa importante creación de empleo, con el aumento de las tasas de ocupación, han supuesto una importante mejora relativa. No obstante, las trayectorias laborales ascendentes se basan en las estrategias individuales de adaptación y esfuerzo propios, y bajo los criterios empresariales de flexibilidad y disponibilidad, y no en la capacidad de regulación de los sindicatos en las empresas. Y suponen un avance respecto de la inseguridad laboral, aunque sea parcial y relativo. Ése es el punto de aval a la reforma en que el Gobierno insiste. Es la base para cierta expectativa en algunos de sus efectos positivos.
Sin embargo, disminuye lentamente el porcentaje de empleo estable, aumenta el de la situación intermedia y persisten altas tasas de temporalidad. El estancamiento y el bloqueo en la precariedad e inestabilidad laborales son dominantes entre jóvenes e inmigrantes. Se produce un cambio hacia un mercado de trabajo más flexible y barato, según los objetivos empresariales, y menos seguro para la mayoría de trabajadores y trabajadoras. En su conjunto, hay menos calidad del empleo, no más. Esa dinámica facilita el mantenimiento del fuerte poder empresarial en las relaciones laborales y en la gestión de la fuerza de trabajo, junto con procesos de socialización laboral en la precariedad. Ello genera incertidumbre y falta de autonomía para desarrollar los proyectos vitales, especialmente de los sectores precarios y jóvenes.
En definitiva, no tiene fundamento una interpretación unilateral y optimista de la evolución del mercado de trabajo. Estas medidas, que pretendían evitar sólo el “abuso” de la temporalidad y bajarla en un 20%, de momento no han permitido avanzar en su reducción. Veremos su evolución. Ante esas dificultades, se dice que la solución vendrá a largo plazo con el esfuerzo de mejora de la productividad a través de I+D+I y la creación de puestos de trabajo cualificados y que, mientras tanto, es inevitable un alto volumen de temporalidad; así, se genera resignación.
Para atajar la precariedad laboral habría que abordar su causa principal, poner freno a esas dinámicas económicas y empresariales de disponer de una mano de obra barata, flexible y subordinada. Habría que garantizar la seguridad del empleo, independientemente de su cualificación, y aplicar estrictamente el criterio de “causalidad” en los contratos. Ello supondría aumentar la presión social contra la precariedad laboral y la capacidad de regulación política y sindical frente a la “flexibilidad” empresarial. Pero eso es el déficit de esta reforma.

____________
(1) De ellos, según datos del INEM, el total de contratos indefinidos “bonificados” en ese semestre es de 695.076: mujeres, 73.290; jóvenes, 52.106; mayores de 45 años, 36.649; colectivos especiales, 10.764; conversiones extraordinarias de temporales –plan de choque–, 522.267. En el mismo periodo del año 2005 se realizaron un total de 275.956 contratos incentivados, es decir, existe una diferencia de algo más de 400.000 nuevos indefinidos. En relación con las comunidades autónomas, el mayor porcentaje de contratación indefinida respecto al conjunto de contratos está en Madrid –17,7%–, y la menor en Andalucía y Extremadura –5,9%–.
(2) Como se sabe, en mayo del pasado año, Gobierno, organizaciones empresariales y sindicatos –CC OO y UGT– llegaron a un “acuerdo por el crecimiento económico y el empleo”, para limitar el abuso de la temporalidad en España, que empezó a ser efectivo en julio de 2006 (ver PÁGINA ABIERTA, nº 171, junio de 2006).
(3) Efectivamente, a fin del año 1996, antes del comienzo de la citada reforma, había 7,1 millones de empleos con contrato indefinido ordinario y 3,2 millones con contrato temporal –31,1%–. Y a finales del año 2005, a la hora de abordar esta segunda reforma, había 5,4 millones de empleos con contrato temporal –34,4%–. Y del conjunto de empleos con contrato indefinido –10,3 millones– un tercio –3,4 millones– era de “fomento”, promovidos desde esa reforma, es decir, incentivados y con menos derechos laborales que los ordinarios. Por otra parte, ha habido un importante crecimiento del empleo y una reducción significativa del desempleo, que pasó en ese periodo de 3,6 millones –21,6%– a menos de 2 millones –8,7%–.
(4) La segunda medida, la prohibición para el encadenamiento de dos contratos temporales para el mismo “puesto de trabajo”, es poco operativa dada la ambigüedad de su definición y la amplia flexibilidad empresarial para la utilización de sucesivos contratos temporales para puestos de trabajo “similares”.
(5) Aunque hay que recordar que en la EPA se contabilizan como “ocupadas” las personas que hayan trabajado al menos una hora en una semana, aunque el resto de la semana hayan estado “desempleadas”.
(6) Aquí no se ha tenido en cuenta el conjunto de la población ocupada, compuesta también por los “autónomos”, por la dificultad de precisar el grado de “inestabilidad” de ese segmento. En todo caso, se mantiene la hipótesis de que es similar al de la población asalariada. (7) Durante estos nueve años de aplicación de la reforma del año 1997 la duración media de estos contratos “indefinidos” ha sido algo inferior a cuatro años, es decir, se comportan como contratos de “duración determinada” mientras reúnen las dos condiciones fundamentales para los empresarios: abaratamiento de costes por las subvenciones y subordinación a las exigencias empresariales de disponibilidad, productividad y flexibilidad.
(8) Es a este segmento en torno a 1,5 millones de temporales –un tercio de ellos jóvenes– con un contrato superior a un año al que va dirigido el millón de conversiones previstas para un contrato indefinido bonificado. Ese 20% de temporales susceptibles de convertirse en indefinidos puede corresponder no a los de alta rotación de los contratos –de días o semanas– o de baja cualificación, sino más bien a los temporales más duraderos para puestos de trabajo semicualificados y cualificados. Los empresarios, para convertir temporales en indefinidos, valoran, sobre todo, la cualificación del puesto de trabajo que tiene una productividad y unos gastos de rotación superiores.

IU de Corvera


Izquierda Unida repite en su candidatura para las próximas elecciones municipales con las mismas personas que la encabezaron hace cuatro años. Así, Enrique Bueno, José González Magadán y María Luisa Rodríguez, actuales concejales de la coalición, serán las personas que liderarán la lista.

Según el portavoz de IU y cabeza de lista, Enrique Bueno, «después de cuatro años de oposición en el Ayuntamiento, la coalición está capacitada para ofrecer a los corveranos un gobierno de Izquierda Unida».

La nueva candidatura para las elecciones del 27 de mayo está compuesta, según Bueno, por «personas preparadas, profesionales y jóvenes que esperan llegar a gobernar en el municipio de Corvera».

La lista electoral está formada, en su mayoría, por militantes de base de la coalición, sin embargo el partido cuenta con la presencia de cinco personas no adscritas a IU.

Además de los tres concejales, la candidatura se completa con Josefa Cabrera, David García, Gloria Garrido, Juan Luis Menéndez, María Eugenia González, Pedro Jiménez, Ascensión Álvarez, «Choni»; Ulpiano Bousoño, María Gloria Blanco, Esidio Armando García, Purificación González, Jesús Busto, Modesto Valdés y Eladio García. También están en la candidatura los suplentes Nicomedes Sánchez, «Nico»; Manuel Sánchez y Anselmo Alonso.

La candidatura fue presentada el pasado martes al resto de militantes de la coalición durante una reunión en la sede del partido. La lista será comunicada oficialmente durante un acto en el que estará presente el coordinador general de Izquierda Unida en Asturias y candidato a la Presidencia del Principado, Jesús Iglesias.

14 marzo 2007

"El humanitarismo se asemeja cada vez menos al altruismo y más a una estrategia de márketing"

Alejandro Pozo, investigador del Centre d’Estudios para la Paz J. M. Delàs, cuestiona la participación de los ejércitos en la asistencia humanitaria. Reproducimos un artículo suyo en La Magalla.
Alejandro Pozo Alejandro Pozo / La Magalla (*) (10/03/2007)
La participación de los ejércitos en la asistencia humanitaria es una cuestión que genera preocupación y que merece un estudio profundo. Incluso la implicación en las operaciones militares en el extranjero resulta muy cuestionable. Por esto, lo Centro d’Estudios para la Paz J.M. Delàs, de Justicia y Pau, empezó el mayo de 2006 una campaña que trae el mismo título que estas líneas. En el marco de esta campaña, los días 9 y 10 de octubre de 2006 se celebraron las jornadas 'Humanitarismo militar, militarismo humanitario', que contaron con la presencia y las ponencias de personas de ámbitos muy diversos: pacifistas, militares, académicos, periodistas, trabajadores humanitarios, etc.

La ayuda humanitaria disfruta de tanta popularidad que se ha convertido en el instrumento de cualquier gobierno, ejército, agencia, entidad, institución, organización, asociación, empresa o banco que pretenda aumentar su credibilidad ante de la sociedad. El humanitarismo se asemeja cada vez menos al altruismo que pregona y más a una estrategia de márketing. De hecho, hemos asistido en los últimos años a un doble proceso de comercialización y militarización de la solidaridad, el segundo de los cuales pretende denunciar la campaña. Las víctimas de los desastres como instrumento, los intereses políticos a bulto de la dignidad de las personas.

Hemos asistido en los últimos años a un doble proceso de comercialización y militarización de la solidaridad
La acción humanitaria se caracteriza, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, por su imparcialidad e independencia. Las actuaciones militares responden a intereses políticos, claramente parciales y dependientes. Son una herramienta gubernamental por obtener réditos tanto dentro como fuera de las fronteras estatales. Los ejércitos españoles, además, han encontrado en el humanitarismo una estrategia eficaz por conseguir tres objetivos que de humanitarios no tienen nada: mejorar su imagen ante de la sociedad, resolver el grave problema de reclutamiento y obtener un aumento de presupuesto por modernizar su armamento, mesura claramente impopular. Los anuncios promocionales que el Ministerio de Defensa difunde a través de la televisión y otros medios de comunicación muestran mayoritariamente soldados que prestan asistencia. Esto no corresponde a la realidad de lo que hace el ejército: la ayuda humanitaria representó el 2004 únicamente el 0,0062% del total del gasto militar al Estado español.

Los actores humanitarios más significativos piden que la participación de los militares en tareas de asistencia sea sólo en último recurso, en casos muy excepcionales y a la fase de emergencia, cuando no haya alternativa civil (y será un actor civil quien determinará que esta opción no es viable). El control de la operación, finalmente, también habría de estar en manos de civiles.

De acuerdo con denuncias de ONG, estos criterios no se cumplen. Pero además no se cumplirán nunca, porque siempre hay una alternativa civil de calidad, lo que falta es la voluntad política. Por su parte, los militares afirman que esta intromisión no es decisión suya: es el Gobierno, en representación del pueblo, quien decide dónde se han d enviar las tropas y cuáles deben ser sus funciones. Este ejercicio de soberanía democrática se pone en entredicho cuando vemos la supeditación de la política exterior española a las directivas de la OTAN o a unos intereses particulares que poco tienen que ver con la voluntad popular y que son absolutamente ajenos a motivaciones humanitarias y solidarias.

Es una irresponsabilidad escoger opciones militares cuando hay alternativas civiles, mucho más eficaces
Con el debido respeto a los soldados que trabajan en el extranjero, hace falta mencionar que el debate sobre el papel de los ejércitos en la acción humanitaria está lleno de cinismo, hipocresía, contradicción e irresponsabilidad. Es cínico que sean los mismos estados que bombardean los pueblos (o los asfixian con políticas y relaciones económicas injustas) los que después presumen de repartirles ayuda. Es hipócrita disfrazar de humanitarios intereses políticos. Es contradictorio que por preservar la vida humana se utilicen unos recursos pensados por quitarla. Y es irresponsable por dos razones: primera, porque esta confusión de roles entre actores humanitarios y actores militares es un riesgo para los primeros, puesto que pueden ser señalados como objetivo militar. Lo mismo pasa cuando los soldados intentan ganarse los “corazones y mentes” de las poblaciones locales y estos civiles acaban siendo percibidos como aliados de una de las partes beligerantes, y acaban aconteciendo también objetivo militar.

Una segunda muestra de irresponsabilidad la representa el hecho de escoger opciones militares cuando hay alternativas civiles, mucho más eficaces. Eficaces no en términos políticos, claro está, sino humanitarios. Alternativas más económicas, más seguras, más eficientes desde el punto de vista logístico, más transparentes y, sobre todo, más éticas, porque tratan las personas como fin, no como instrumento para la ganancia política.

(*) La Magalla es la revista de la Federación Catalana de ONGD. Puedes descargarla aquí.

07 marzo 2007

mientrastanto.e Num. 45 del 03-2007

mientrastanto.e

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Los vuelos secretos de la CIA en la UE

El día 14 de febrero de este año (2007) el Parlamento Europeo aprobó el informe final sobre los vuelos secretos de la CIA (con destino a Guantánamo y a otros lugares), que habían sobrevolado el territorio de la Unión Europea o hecho escala en él. De acuerdo con este informe, un total de 1.245 vuelos utilizaron el espacio aéreo de la UE o aterrizaron en su territorio. El propósito de estos viajes era trasladar prisioneros secuestrados en diversos lugares (especialmente Afganistán, pero no sólo) a cárceles como la de Guantánamo o a instalaciones secretas situadas en países donde pudieran ser torturados sin violar formalmente las leyes de Estados Unidos.

El informe del Parlamento Europeo señala que en el territorio de la UE se produjeron al menos 21 secuestros. De hecho, en Italia y Alemania hay procesos penales abiertos contra agentes de la CIA por llevar a cabo operaciones de este tipo en su territorio o contra sus ciudadanos. En el caso italiano, la persona secuestrada fue un clérigo musulmán, el imán Abu Omar, al que se trasladó a Egipto donde fue encarcelado y torturado. La víctima sigue en Egipto, pues las autoridades de este país no le dejan salir de su territorio. Además, le prohíben hablar de su “experiencia” bajo la amenaza de ser nuevamente encarcelado y sometido a tortura.

Dada la dimensión de las operaciones de la agencia de espionaje estadounidense, resulta inverosímil pensar que los gobiernos de los países de la UE no sabían nada de este asunto. Así lo señala el informe del Parlamento, que exige a los Estados miembros investigar y depurar las correspondientes responsabilidades. En el caso español, se ha descubierto ya que el gobierno de Aznar no sólo estaba al tanto de las operaciones, sino que envió policías a Guantánamo, para interrogar a personas trasladadas allí. También Berlusconi firmó con Bush un acuerdo de colaboración (secreto) en temas antiterroristas.

Que a este gobierno estadounidense le parezcan excesivos los límites que imponen los derechos humanos al ejercicio del “monopolio de la violencia” estatal no resulta sorprendente. Tampoco lo es en el caso de personajes como Aznar o Berlusconi. Pero las connivencias van más allá. Recientemente ha trascendido el contenido de una conversación en torno a esta cuestión entre los dirigentes europeos y la Secretaria de Estado norteamericana Condolezza Rice, que tuvo lugar en diciembre de 2005. Por lo que se ha sabido ahora, hay bastantes dirigentes europeos que apoyan las prácticas de la CIA (especialmente los gobernantes de los nuevos países miembros de la UE). Y los que no están de acuerdo con la política de secuestrar para torturar no defienden esta postura por una cuestión de principio, sino porque puede crearles dificultades con la opinión pública.

Parece, pues, que con muy honrosas excepciones (como la de los noruegos), los dirigentes de la UE no se sienten moralmente implicados en la defensa de los derechos humanos más elementales (como la vida, la libertad o la integridad física), sino que esto es un asunto, a lo sumo, de conveniencia política. Es una muestra más de la decadencia moral de la clase política europea, que cada vez aparece más corrupta, insensible y motivada exclusivamente por el mantenimiento del poder y sus privilegios. Es algo a tener en cuenta cuando se arroguen la facultad de dar lecciones a otros acerca de la defensa de los derechos humanos.

[José Antonio Estévez]

El largo camino hacia la igualdad de género

La sociedad española está aún lejos de alcanzar una efectiva normalización de las relaciones personales, sin que importe el modo que tenemos cada uno de sentirnos hombre o mujer. Sin embargo, empiezan a ser palpables algunos avances igualitarios fruto de una movilización social sostenida y de una ambiciosa legislación que, a pesar de sus lagunas (aún se tiene una concepción restringida de las ideas de género e igualdad de oportunidades) y sus limitaciones (su eficacia se despliega fundamentalmente en el sector público-estatal), ha de ser juzgada positivamente. Para ello hay que recordar algunos datos:

En el primer año de aplicación de la Ley contra la violencia de género, los juzgados especiales recibieron 148.000 asuntos, condenaron a 16.036 hombres violentos y dictaron 27.336 órdenes de protección. La Dirección General de Registros y Notariado ha eliminado la preeminencia del varón heterosexual en el Libro de Familia al permitir desde 2006 que cada pareja decida el orden de inscripción y que las homosexuales se registren como dos “don” o dos “doña”, o “progenitor” o progenitora”. La ley de matrimonio homosexual ha dado lugar a 1.275 matrimonios en 2005 (una juez de Madrid fue la primera en casarse con otra mujer como parte de la lucha cultural contra la homofobia y la lesbofobia arraigadas en los tribunales). El Congreso ha aprobado La ley de igualdad de género (mejorándola respecto al texto inicial —del que ya hablamos en el mientrastanto.e nº 35 de 2006—, sobre todo en lo referente a los permisos por maternidad y a la nulidad de los despidos por este motivo) y acaba de rechazar la iniciativa legislativa popular presentada por el Foro de la Familia para prohibir el matrimonio homosexual. Aunque tardíamente, el Ministerio de Justicia ha acordado archivar todos los historiales policiales por homosexualidad y transexualidad y ha reconocido una indemnización y una pensión equivalentes a la de otros presos políticos a los supervivientes de la aplicación de las leyes de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad Social. Además, el Congreso y los gobiernos de Andalucía y Extremadura han realizado actos de desagravio a ese colectivo social. El gobierno se ha comprometido a revisar la Ley de Reproducción Asistida en lo concerniente a la discriminación de los matrimonios de lesbianas que se someten a una inseminación artificial. En algunas comunidades (la última ha sido Cataluña) se contempla financiar públicamente las operaciones de cambio de sexo a personas transexuales. Y en general, se aprecia un cierto apoyo institucional a las sexualidades históricamente perseguidas (valga como ejemplo la reciente creación por el Ayuntamiento de Barcelona de un Consejo Municipal de Gays, Lesbianas y Hombres y Mujeres Transexuales).

Este proceso de normalización estatal tiene naturalmente altibajos y contradicciones. El gobierno impulsor de estas normativas ha negado la pensión a los homosexuales que han perdido a su conviviente sin estar casados (aunque diversos juzgados de lo social conceden la prestación, la Seguridad Social la recurre por sistema apelando a criterios sobre todo económicos). La ley de igualdad, beligerante en el ámbito de la administración, se limita en el privado a establecer un marco general para la autorregulación y para la negociación colectiva de “planes de igualdad”, y deja intacta la obsoleta Ley 34/1984 General de Publicidad. A pesar de la introducción de la asignatura de formación en la ciudadanía, la escuela concertada sigue privilegiando las relaciones de la Iglesia católica con un Estado que se muestra tibio ante la proliferación de libros y declaraciones reaccionarias sobre la familia (unas del ex primer prelado del Opus Dei en España, el arzobispo de Burgos Francisco Gil Hellín, durante el Encuentro Mundial de las Familias en Valencia, nos recuerdan que “La familia es atacada con odio por toda una corte de becerros del poder, del dinero y del placer que no toleran que sea un dique de contención ante quienes van contra la ley natural”) y sobre la propia asignatura. Numerosos cargos públicos —como el denunciado diputado del PP por Melilla Arturo Esteban—, se mofan de la igualdad de género a través de chanzas y chascarrillos sexistas. Y, sobre todo, no podemos pasar por alto que la iniciativa popular para la prohibición del matrimonio homosexual ha venido precedida de multitud de firmas —1,5 millones según sus promotores— y de los votos en contra del PP —salvo los de dos desobedientes diputadas demostrativos de la especificidad de la problemática del género—, de UDC y de un diputado del PNV. La ley en vigor, además, está pendiente del fallo sobre el recurso de inconstitucionalidad del PP.

Lo que en ningún caso podemos perder de vista es que la discriminación de género despliega sus efectos sobre todo en el ámbito de la vida cotidiana. Es ahí donde nos hallamos ante una agresión masiva, continua y omnipresente por parte del complejo lúdico-industrial (televisión, Internet, videojuegos). Como recordó el propio el ex-Consejero de Justicia de la Generalitat Josep M. Vallés “La llamada al consumo inmediato de todo tipo de objetos incluye el tratamiento humillante de otros seres humanos” (El País, 24.02.2006, p.36 Catalunya), lo que incluye todas aquellas representaciones de los afectos que aún se perciben mayoritariamente como inadecuadas. En este apartado, no hay cambios visibles en la acción antidiscriminatoria de los poderes públicos. Por un lado, el agresor (el sector industrial publicitario y el audiovisual que lo sostiene) goza de una amplia libertad para autonormar los límites de sus contenidos. Por otro lado, la Directiva de la UE Televisión in Fronteras ha suprimido el límite de 3 horas diarias de cortes publicitarios en televisión —con la salvedad de la prohibición de interrupciones durante la emisión de los servicios religiosos— y ha decidido no limitar la propaganda comercial en los juegos de Internet, las apuestas y los contenidos de la Red. El panorama no puede ser más desalentador si miramos que en 2005, en España, las televisiones de ámbito nacional y autonómico emitieron 2.264.813 anuncios —más del doble que 10 años atrás— que ocuparon 755.479 minutos, según los datos de Sofres.

Hay que actuar —en el campo administrativo, pero sobre todo en el ideológico y en el económico— contra la industria del entretenimiento que se parapeta en la legalidad y en una falsa libertad de expresión. Es preciso organizarse para exigir la activación de todos los instrumentos legales y fiscales disponibles (regulación de contenidos de los programas audiovisuales, videojuegos, mensajes publicitarios degradantes de la persona) y la puesta en práctica de programas educativos de largo alcance. Para paliar algunos tumores enquistados en nuestras sociedades (como el altísimo índice de embarazos no deseados —fruto de la adhesión de los jóvenes a la comprensión consumista e irresponsable del sexo que ven en los audiovisuales—, la coerción sexual que ejercen muchas pandillas de adolescentes sobre los más débiles, o las recurrentes palizas homófobas) y sobre todo para avanzar en el objetivo más ambicioso de llegar a una amplia alianza de género entre hombres y mujeres que haga posible que las diferencias de género sean percibidas socialmente como irrelevantes.

Una experiencia poco conocida pero muy indicativa de la línea a seguir la constituyen los Grupos de hombres por la igualdad de género (en España constituidos desde 2001 en AHIGE: www.ahige.org) que se reúnen para reflexionar en torno al significado de “ser hombre” en la sociedad actual, o las asociaciones de padres de gays, lesbianas y transexuales que han tenido que aprender a reconocer a sus hijos y ahora luchan por la normalización social de las sexualidades subordinadas (www.ampgil.org). Se trata de compromisos reales con la igualdad a través del desnudamiento de los rígidos principios patriarcales y heterosexistas que operan como verdaderas barreras para la superación de los roles de género. En este sentido, los movimientos feminista y de liberación gay y transexual siguen siendo necesarios para un replanteamiento global del significado de “hombre” y “mujer”. Y las políticas de género han de profundizar en el lado del cambio normativo, pero ampliando sus estándares clasificatorios y sin perder de vista el terreno cultural y simbólico que queda por recorrer. Lo cierto es que la mayoría de hombres que se identifican a sí mismos como “heterosexuales” no quieren aún abordar estos temas y ven la política sexual como un asunto que concierne a “otros”.

[Antonio Giménez Merino]

Hacia las lunas de marzo

El politicismo de la justicia

Que la administración de justicia es política no se puede negar: se trata de uno de los poderes del estado. Pero que esa administración se comporte de manera politicista, que trate de asumir funciones que le corresponden al poder legislativo o al gobierno, es una novedad que el Partido Popular está impulsando escandalosamente. El PP recurre sistemáticamente al tribunal constitucional o a los tribunales contra sus inevitables derrotas parlamentarias, asunto este último del que no nos ocuparemos de momento.

El politicismo del poder judicial destruye la confianza (más bien escasa) que podíamos tener en las instituciones del régimen actual: unas instituciones que nos metieron primero en la Otan, que además ignoraron el compromiso público de no integración en la estructura militar de esta organización, que luego nos implicaron en la primera guerra del golfo pérsico, después en la guerra contra Serbia, luego de palanganeros en Afganistán y finalmente en la guerra de Irak. Las mismas instituciones que además han renovado los benéficos pactos de los Estados Unidos con el régimen anterior (cuando nuestros derechos y libertades fueron intercambiados por bases militares); unas instituciones que han impulsado políticas neoliberales, que aceptaron dinamitar en Maastrich las garantías sociales de la Constitución de 1978 y que son impermeables a la voluntad de las gentes, reducidas a decidir alternativas: si gobierna Guatemala —el Psoe— o Guatepeor —el Partido Popular—. Empezamos a entender a los que decían: “Después de Franco, las instituciones”.

En el poder judicial estamos viendo hazañas de todos los colores: sentencias políticas del Tribunal Supremo, plegándose a las exigencias de las asociaciones de víctimas del terrorismo para no excarcelar a condenados que han cumplido condena; aceptación de la doctrina del derecho penal del enemigo en el cómputo del cumplimiento efectivo de las penas, o sea, cómputos de condena contra reo; informes del Consejo general del poder judicial que ni le competen ni le han pedido; y, más recientemente, perversión del principio del juez natural, cuando el juez concreto ya ni era natural: me refiero al escandaloso comportamiento de la Audiencia Nacional

Que un magistrado monte en cólera por la resolución que ha acordado uno de los tribunales de la Audiencia Nacional, que logre imponer a sus colegas la sustitución de ese tribunal por el Pleno de esa Audiencia —una jurisdicción especializada y, no nos vamos a engañar, especial, ya que juzga según leyes de excepción— para conseguir una resolución distinta y de sentido contrario, es completamente anómalo e ilegítimo. Pero el paso se ha dado. Un paso por encima de la ley.

Luego nos volverán a machacar con el famoso “estado de derecho”. Cuando lo que corresponde, ¡ay! Es todavía luchar contra las ilegalidades y las inmunidades del poder.

Abstencionismo electoral

El referéndum andaluz ha atraído a menos ciudadanos incluso que el referéndum del estatuto de Cataluña. Marca un nuevo hito en el distanciamiento entre la población y la “clase política”.

La despolitización de la población tiene raíces varias. Pero una de ellas es el creciente convencimiento de muchos ciudadanos de que la participación política establecida carece crecientemente de sentido en un sistema hermético a sus requerimientos. El asunto de la abstención es ambivalente, pues si por un lado es una respuesta lógica y espontánea —completamente distinta del abstencionismo ácrata en algunas elecciones de la época republicana, por ejemplo—, por otro es crecientemente peligrosa ante la ofensiva de la derecha por recuperar el poder y volver a instalarse en el gobierno con su actual discurso neoautoritario.

En el estrecho margen de movimientos políticos en que se mueve la población española, el gobierno del Psoe es, con todas sus vergüenzas, la menos mala de las situaciones realmente posibles hoy. Y corre el peligro de venirse abajo en la próxima convocatoria a elecciones legislativas. Las insidias del Partido Popular, a través de medios como la radio de la Conferencia Episcopal, han calado fuertemente en sectores de población que van más allá del espectro político propio de aquel partido. Hay también zonas enteras del país cuya economía se mueve al compás de la especulación inmobiliaria y que proporcionarán muchos votos al Partido Popular; hay gente de primitivo españolismo encorajinada emocionalmente contra el Estatuto catalán, y también gentes desencantadas por el incremento de las diferencias sociales abismales que generan las políticas neoliberales: gentes que en su día votarán, si lo hacen, contra quien gobierne. Por todas estas razones la continuidad del gobierno del Psoe no se puede dar por descontada. La ceguera de tantos respecto de la situación de los más, traducida políticamente, puede dar sorpresas desagradables. La derecha no se abstiene de votar. Y no hay que engañarse: con el PP de nuevo en el poder el autoritarismo quedaría introducido en España por muchos años.

Obama

Barack Obama es un precandidato del partido demócrata a las elecciones norteamericanas. Giulini, el alcalde neoyorkino de la tolerancia cero, será probablemente el candidato republicano: un derechista claro. El caso de Obama, situado a la izquierda de los Clinton, suscita interés: es una novedad que encuentra simpatías entre los votantes norteamericanos hartos de Bush. El senador por Illinois se opuso a la guerra de Iraq, sostiene que los USA han de “desescalar” su presencia en ese país y defiende un programa de política social interna que tiene sus raíces en el de Roosevelt.

Es obvio que ningún presidente norteamericano se ha apartado jamás de la política exterior que defiende con uñas y dientes los intereses de las multinacionales norteamericanas. No es de esperar que lo haga Obama en la hipótesis de que llegara a la presidencia. Dicho esto, este precandidato significa sin embargo un cambio que podría resultar menos dañoso para el mundo que el que representan otros. Tanto que en este momento la mayor curiosidad es ver cómo va a tratar de frenarle el complejo militar-industrial-intelectual que dirige realmente la política norteamericana: ¿matándole, como a los Kennedy? ¿Echándole mierda encima, como se ha hecho otras veces, antes de la convención del partido demócrata? El lector no debe perder de vista la trayectoria de Obama, significativa para comprender cómo funciona la dirección política de la globalización. Veamos qué tipo de perdigonadas recibe.

Muere una soldado española en Afganistán

Una chica gallega a quien se le ocurrió enrolarse y que fue a parar a Afganistán ha muerto en un ataque a un convoy militar español. Hay otros soldados heridos. Los militares españoles en Afganistán no hacen funciones de Cruz Roja o de ONG. Forman parte de una fuerza militar multinacional de la Otan que colabora con el ejército invasor norteamericano, avalada por unas Naciones Unidas claudicantes ante los hechos consumados. La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero.

Hay que lamentar la muerte de esa chica. Y hay que lamentar las muertes de otras chicas y chicos de cualquiera de los dos bandos. La violencia —la guerra, la ocupación militar— no soluciona nada: además de segar vidas humanas, crea otros problemas adicionales a los que había antes de ella. Las muertes de soldados españoles en Afganistán son completamente inútiles y no tienen justificación. Mueren para que los norteamericanos controlen el gas y el petróleo de esa región del mundo.

Es preciso salir de Afganistán. Nadie está allí en nuestro nombre. Hay que obligar al gobierno a reconsiderar —la educada palabreja es la que usa Llamazares— la presencia española allí. No en Afganistán; no en nuestro nombre.

Y así las cosas, hay que preguntarse qué esperan las Plataformas contra la Guerra para convocarnos a una gran manifestación por esta causa. Qué esperan, sobre todo, para coordinarse —hasta “confederalmente”, si se quiere— a lo ancho y a lo largo del territorio español. ¿Acaso las frena el nacionalismo de unos y otros? Sean cuales sean las diferencias políticas entre personas, hay que estar por un saludable internacionalismo para las cuestiones de la guerra y de la paz.

Tribunal Constitucional y Consejo del Poder Judicial

El Tribunal Constitucional acaba de dejar en manos de la Iglesia los contratos laborales de los profesores de religión. No llevar una vida acorde con lo que los ayatollahs del catolicismo romano consideran correcto podrá ser causa de despido.

Verdaderamente el TC ha ido demasiado lejos. Su decisión no es la esperable en un estado aconfesional y en una sociedad mayoritariamente laica, y en todo caso pluralista en materia de creencias. Esta decisión, junto con otras que la preceden en materias distintas, ha vuelto cuestionable, si no la existencia de este organismo, sí, al menos, la forma de su composición.

Los “teóricos del derecho” dicen que el Tribunal Constitucional es un “depositario del poder constituyente” de la soberanía popular, lo que le autoriza a decidir la interpretación de la constitución en el cambio social histórico. Y la cuestión es que si esa alta institución detenta tal “depósito de poder constituyente”, entonces lo correcto es que sus miembros, quienes dan vida a la institución, en vez de ser elegidos por el poder legislativo del estado lo sean por la propia soberanía popular; entre elegibles técnicamente cualificados, como ahora, pero conservando el pueblo soberano la capacidad de seleccionar tomando en consideración sobre todo la ideología política y social de los candidatos a jueces constitucionales.

El sistema político norteamericano separa claramente los poderes legislativo y ejecutivo del estado al disponer elecciones separadas y en tiempos distintos para esas instituciones. Esa separación, encaminada a dar mesura y equilibrio interno el poder estatal de los Estados Unidos, debería ser imitada por nuestro sistema político. Es preciso reclamar la elección directa por la ciudadanía de los magistrados del Tribunal Constitucional, y a mayor abundamiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Este último preside un poder del estado con insuficiente legitimación democrática, puesto que ese poder tiene una estructura funcionarial (es decir, en lo esencial burocrática, no democrática), con débil representación indirecta de la soberanía sobre su cúspide a través de la institución parlamentaria. El escándalo de la prolongación de los mandatos del Consejo del Poder Judicial por el filibusterismo del PP a la hora de elegir a sus sustitutos debería dar lugar a una acción inmediata por parte de los restantes grupos parlamentarios; a una ley que impida tal situación escandalosa, en el que un grupo político no mayoritario puede bloquear antidemocráticamente la renovación de un órgano tan importante como el Consejo General del Poder Judicial.

Con la Iglesia hemos topado

Verdaderamente, llevamos la cruz. La cruz de pagar con nuestros impuestos los emolumentos del clero católico, seamos o no creyentes. La cruz de financiarles el negociete que se traen con la enseñanza. La cruz de que los hechiceros tengan asignada hora de adoctrinamiento y proselitismo en la enseñanza pública (no digamos en la privada): la famosa “clase” —que no es una clase— de religión. La cruz de escuchar insidias por los medios de masas que posee y dirige la Conferencia Episcopal. La cruz de las misas retransmitidas por la radio pública cada semana —¿no pueden hacerlo sus propias emisoras?—. La cruz de mantener ejemplarmente la discriminación contra las mujeres en su rebaño. Y además de esas cruces y otras que no menciono, el escarnio de las cruzadas contra el uso del preservativo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto... por no hablar del tácito apoyo de purpurados tan eminentes como Cañizares y Rouco, representativos y significativos de la deriva de la iglesia española, al partido más derechista del país.

Es hora de exigir la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede (por usar la denominación oficial) suscritos por el gobierno de Adolfo Suárez hace casi treinta años, que la Iglesia española ha incumplido por lo demás. Eso ha de estar en los programas no reaccionarios de las próximas elecciones legislativas. Hasta aquí hemos llegado y con la iglesia hemos topado.


El “escudo” de missiles norteamericano

El complejo militar-industrial norteamericano quiere instalar un “escudo” de missiles, cuyos sensores estarían naturalmente en Europa, para protegerse de eventuales ataques a los Estados Unidos de no se sabe quién. El “programa” no es sólo para alimentar la industria de guerra: busca también y sobre todo consolidar el poder militar y político USA sobre el mundo mundial. Este armamentismo americano encuentra comprensión en algunos regímenes europeos. La desmovilizada opinión pública europea parece esperar, para protestar e intervenir, a que los esforzados marines acaben echando abajo la puerta de su casa. Entretanto, y hasta el día de hoy, Mr. Pesc no ha abierto la boca.

No se me olvida: recordad a los secuestrados de Guantánamo también este mes.

[Juan-Ramón Capella]



Foro de webs

HUMAN RIGHTS WATCH

Web: www.hrw.org
Pág. en español: hrw.org/spanish/

Human Rights Watch realiza investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en más de setenta países de todo el mundo, con particular atención a las prácticas de gobiernos de cualquier tendencia política, carácter étnico u orientación religiosa. Se ha convertido en una fuente esencial de información para aquellas personas e instituciones interesadas en derechos humanos, tomando el derecho internacional humanitario como pauta evaluar la conducta de las partes en conflictos armados de carácter interno o internacional.

La página Web de HRW informa que ésta tiene su origen en 1978 con la creación de su división Helsinki, contando hoy en día con cinco divisiones regionales que se ocupan de Africa, las Américas, Asia, el Oriente Medio y Europa. HRW también cuenta con tres divisiones de estudios temáticos, sobre tráfico de armas, derechos del niño, y derechos de la mujer. Tiene oficinas en Washington, D.C., Nueva York, Los Angeles, Londres, Bruselas, Moscú, Dushanbe y Hong Kong. HRW es una organización independiente y no gubernamental financiada mediante contribuciones individuales y de fundaciones privadas provenientes de todo el mundo. No acepta fondos gubernamentales directa o indirectamente.

Último Informe de HRW

El informe “Ghost Prisoner: Two Years in Secret CIA Detention” (“El prisionero fantasma: dos años detenido en secreto por la CIA”, descargable en lengua inglesa: http://hrw.org/reports/2007/us0207/us0207web.pdf ), de 27 de febrero de 2007, contiene la descripción detallada de una prisión secreta de la CIA por un ex-prisionero palestino puesto en libertad el año pasado.

Human Rights Watch ha enviado una carta pública a George W. Bush solicitándole información sobre el destino y el paradero de los detenidos “desaparecidos” que en algún momento estuvieron en poder de la Agencia Central de Inteligencia. La carta contiene dos listas con 38 personas de las que HRW tiene evidencias o indicios de su confinamiento en las prisiones de la CIA y cuyo paradero actual se desconoce.

PÁGINAS-AMIGAS
Nómadas
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas

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El Viejo Topo
www.elviejotopo.com
La Insignia-
www.lainsignia.org



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