Anekdotas del saléu nes buries agües de internete.
Anekdotas de la navegación en las borrascosas aguas de internete.

07 marzo 2007

mientrastanto.e Num. 45 del 03-2007

mientrastanto.e

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Los vuelos secretos de la CIA en la UE

El día 14 de febrero de este año (2007) el Parlamento Europeo aprobó el informe final sobre los vuelos secretos de la CIA (con destino a Guantánamo y a otros lugares), que habían sobrevolado el territorio de la Unión Europea o hecho escala en él. De acuerdo con este informe, un total de 1.245 vuelos utilizaron el espacio aéreo de la UE o aterrizaron en su territorio. El propósito de estos viajes era trasladar prisioneros secuestrados en diversos lugares (especialmente Afganistán, pero no sólo) a cárceles como la de Guantánamo o a instalaciones secretas situadas en países donde pudieran ser torturados sin violar formalmente las leyes de Estados Unidos.

El informe del Parlamento Europeo señala que en el territorio de la UE se produjeron al menos 21 secuestros. De hecho, en Italia y Alemania hay procesos penales abiertos contra agentes de la CIA por llevar a cabo operaciones de este tipo en su territorio o contra sus ciudadanos. En el caso italiano, la persona secuestrada fue un clérigo musulmán, el imán Abu Omar, al que se trasladó a Egipto donde fue encarcelado y torturado. La víctima sigue en Egipto, pues las autoridades de este país no le dejan salir de su territorio. Además, le prohíben hablar de su “experiencia” bajo la amenaza de ser nuevamente encarcelado y sometido a tortura.

Dada la dimensión de las operaciones de la agencia de espionaje estadounidense, resulta inverosímil pensar que los gobiernos de los países de la UE no sabían nada de este asunto. Así lo señala el informe del Parlamento, que exige a los Estados miembros investigar y depurar las correspondientes responsabilidades. En el caso español, se ha descubierto ya que el gobierno de Aznar no sólo estaba al tanto de las operaciones, sino que envió policías a Guantánamo, para interrogar a personas trasladadas allí. También Berlusconi firmó con Bush un acuerdo de colaboración (secreto) en temas antiterroristas.

Que a este gobierno estadounidense le parezcan excesivos los límites que imponen los derechos humanos al ejercicio del “monopolio de la violencia” estatal no resulta sorprendente. Tampoco lo es en el caso de personajes como Aznar o Berlusconi. Pero las connivencias van más allá. Recientemente ha trascendido el contenido de una conversación en torno a esta cuestión entre los dirigentes europeos y la Secretaria de Estado norteamericana Condolezza Rice, que tuvo lugar en diciembre de 2005. Por lo que se ha sabido ahora, hay bastantes dirigentes europeos que apoyan las prácticas de la CIA (especialmente los gobernantes de los nuevos países miembros de la UE). Y los que no están de acuerdo con la política de secuestrar para torturar no defienden esta postura por una cuestión de principio, sino porque puede crearles dificultades con la opinión pública.

Parece, pues, que con muy honrosas excepciones (como la de los noruegos), los dirigentes de la UE no se sienten moralmente implicados en la defensa de los derechos humanos más elementales (como la vida, la libertad o la integridad física), sino que esto es un asunto, a lo sumo, de conveniencia política. Es una muestra más de la decadencia moral de la clase política europea, que cada vez aparece más corrupta, insensible y motivada exclusivamente por el mantenimiento del poder y sus privilegios. Es algo a tener en cuenta cuando se arroguen la facultad de dar lecciones a otros acerca de la defensa de los derechos humanos.

[José Antonio Estévez]

El largo camino hacia la igualdad de género

La sociedad española está aún lejos de alcanzar una efectiva normalización de las relaciones personales, sin que importe el modo que tenemos cada uno de sentirnos hombre o mujer. Sin embargo, empiezan a ser palpables algunos avances igualitarios fruto de una movilización social sostenida y de una ambiciosa legislación que, a pesar de sus lagunas (aún se tiene una concepción restringida de las ideas de género e igualdad de oportunidades) y sus limitaciones (su eficacia se despliega fundamentalmente en el sector público-estatal), ha de ser juzgada positivamente. Para ello hay que recordar algunos datos:

En el primer año de aplicación de la Ley contra la violencia de género, los juzgados especiales recibieron 148.000 asuntos, condenaron a 16.036 hombres violentos y dictaron 27.336 órdenes de protección. La Dirección General de Registros y Notariado ha eliminado la preeminencia del varón heterosexual en el Libro de Familia al permitir desde 2006 que cada pareja decida el orden de inscripción y que las homosexuales se registren como dos “don” o dos “doña”, o “progenitor” o progenitora”. La ley de matrimonio homosexual ha dado lugar a 1.275 matrimonios en 2005 (una juez de Madrid fue la primera en casarse con otra mujer como parte de la lucha cultural contra la homofobia y la lesbofobia arraigadas en los tribunales). El Congreso ha aprobado La ley de igualdad de género (mejorándola respecto al texto inicial —del que ya hablamos en el mientrastanto.e nº 35 de 2006—, sobre todo en lo referente a los permisos por maternidad y a la nulidad de los despidos por este motivo) y acaba de rechazar la iniciativa legislativa popular presentada por el Foro de la Familia para prohibir el matrimonio homosexual. Aunque tardíamente, el Ministerio de Justicia ha acordado archivar todos los historiales policiales por homosexualidad y transexualidad y ha reconocido una indemnización y una pensión equivalentes a la de otros presos políticos a los supervivientes de la aplicación de las leyes de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad Social. Además, el Congreso y los gobiernos de Andalucía y Extremadura han realizado actos de desagravio a ese colectivo social. El gobierno se ha comprometido a revisar la Ley de Reproducción Asistida en lo concerniente a la discriminación de los matrimonios de lesbianas que se someten a una inseminación artificial. En algunas comunidades (la última ha sido Cataluña) se contempla financiar públicamente las operaciones de cambio de sexo a personas transexuales. Y en general, se aprecia un cierto apoyo institucional a las sexualidades históricamente perseguidas (valga como ejemplo la reciente creación por el Ayuntamiento de Barcelona de un Consejo Municipal de Gays, Lesbianas y Hombres y Mujeres Transexuales).

Este proceso de normalización estatal tiene naturalmente altibajos y contradicciones. El gobierno impulsor de estas normativas ha negado la pensión a los homosexuales que han perdido a su conviviente sin estar casados (aunque diversos juzgados de lo social conceden la prestación, la Seguridad Social la recurre por sistema apelando a criterios sobre todo económicos). La ley de igualdad, beligerante en el ámbito de la administración, se limita en el privado a establecer un marco general para la autorregulación y para la negociación colectiva de “planes de igualdad”, y deja intacta la obsoleta Ley 34/1984 General de Publicidad. A pesar de la introducción de la asignatura de formación en la ciudadanía, la escuela concertada sigue privilegiando las relaciones de la Iglesia católica con un Estado que se muestra tibio ante la proliferación de libros y declaraciones reaccionarias sobre la familia (unas del ex primer prelado del Opus Dei en España, el arzobispo de Burgos Francisco Gil Hellín, durante el Encuentro Mundial de las Familias en Valencia, nos recuerdan que “La familia es atacada con odio por toda una corte de becerros del poder, del dinero y del placer que no toleran que sea un dique de contención ante quienes van contra la ley natural”) y sobre la propia asignatura. Numerosos cargos públicos —como el denunciado diputado del PP por Melilla Arturo Esteban—, se mofan de la igualdad de género a través de chanzas y chascarrillos sexistas. Y, sobre todo, no podemos pasar por alto que la iniciativa popular para la prohibición del matrimonio homosexual ha venido precedida de multitud de firmas —1,5 millones según sus promotores— y de los votos en contra del PP —salvo los de dos desobedientes diputadas demostrativos de la especificidad de la problemática del género—, de UDC y de un diputado del PNV. La ley en vigor, además, está pendiente del fallo sobre el recurso de inconstitucionalidad del PP.

Lo que en ningún caso podemos perder de vista es que la discriminación de género despliega sus efectos sobre todo en el ámbito de la vida cotidiana. Es ahí donde nos hallamos ante una agresión masiva, continua y omnipresente por parte del complejo lúdico-industrial (televisión, Internet, videojuegos). Como recordó el propio el ex-Consejero de Justicia de la Generalitat Josep M. Vallés “La llamada al consumo inmediato de todo tipo de objetos incluye el tratamiento humillante de otros seres humanos” (El País, 24.02.2006, p.36 Catalunya), lo que incluye todas aquellas representaciones de los afectos que aún se perciben mayoritariamente como inadecuadas. En este apartado, no hay cambios visibles en la acción antidiscriminatoria de los poderes públicos. Por un lado, el agresor (el sector industrial publicitario y el audiovisual que lo sostiene) goza de una amplia libertad para autonormar los límites de sus contenidos. Por otro lado, la Directiva de la UE Televisión in Fronteras ha suprimido el límite de 3 horas diarias de cortes publicitarios en televisión —con la salvedad de la prohibición de interrupciones durante la emisión de los servicios religiosos— y ha decidido no limitar la propaganda comercial en los juegos de Internet, las apuestas y los contenidos de la Red. El panorama no puede ser más desalentador si miramos que en 2005, en España, las televisiones de ámbito nacional y autonómico emitieron 2.264.813 anuncios —más del doble que 10 años atrás— que ocuparon 755.479 minutos, según los datos de Sofres.

Hay que actuar —en el campo administrativo, pero sobre todo en el ideológico y en el económico— contra la industria del entretenimiento que se parapeta en la legalidad y en una falsa libertad de expresión. Es preciso organizarse para exigir la activación de todos los instrumentos legales y fiscales disponibles (regulación de contenidos de los programas audiovisuales, videojuegos, mensajes publicitarios degradantes de la persona) y la puesta en práctica de programas educativos de largo alcance. Para paliar algunos tumores enquistados en nuestras sociedades (como el altísimo índice de embarazos no deseados —fruto de la adhesión de los jóvenes a la comprensión consumista e irresponsable del sexo que ven en los audiovisuales—, la coerción sexual que ejercen muchas pandillas de adolescentes sobre los más débiles, o las recurrentes palizas homófobas) y sobre todo para avanzar en el objetivo más ambicioso de llegar a una amplia alianza de género entre hombres y mujeres que haga posible que las diferencias de género sean percibidas socialmente como irrelevantes.

Una experiencia poco conocida pero muy indicativa de la línea a seguir la constituyen los Grupos de hombres por la igualdad de género (en España constituidos desde 2001 en AHIGE: www.ahige.org) que se reúnen para reflexionar en torno al significado de “ser hombre” en la sociedad actual, o las asociaciones de padres de gays, lesbianas y transexuales que han tenido que aprender a reconocer a sus hijos y ahora luchan por la normalización social de las sexualidades subordinadas (www.ampgil.org). Se trata de compromisos reales con la igualdad a través del desnudamiento de los rígidos principios patriarcales y heterosexistas que operan como verdaderas barreras para la superación de los roles de género. En este sentido, los movimientos feminista y de liberación gay y transexual siguen siendo necesarios para un replanteamiento global del significado de “hombre” y “mujer”. Y las políticas de género han de profundizar en el lado del cambio normativo, pero ampliando sus estándares clasificatorios y sin perder de vista el terreno cultural y simbólico que queda por recorrer. Lo cierto es que la mayoría de hombres que se identifican a sí mismos como “heterosexuales” no quieren aún abordar estos temas y ven la política sexual como un asunto que concierne a “otros”.

[Antonio Giménez Merino]

Hacia las lunas de marzo

El politicismo de la justicia

Que la administración de justicia es política no se puede negar: se trata de uno de los poderes del estado. Pero que esa administración se comporte de manera politicista, que trate de asumir funciones que le corresponden al poder legislativo o al gobierno, es una novedad que el Partido Popular está impulsando escandalosamente. El PP recurre sistemáticamente al tribunal constitucional o a los tribunales contra sus inevitables derrotas parlamentarias, asunto este último del que no nos ocuparemos de momento.

El politicismo del poder judicial destruye la confianza (más bien escasa) que podíamos tener en las instituciones del régimen actual: unas instituciones que nos metieron primero en la Otan, que además ignoraron el compromiso público de no integración en la estructura militar de esta organización, que luego nos implicaron en la primera guerra del golfo pérsico, después en la guerra contra Serbia, luego de palanganeros en Afganistán y finalmente en la guerra de Irak. Las mismas instituciones que además han renovado los benéficos pactos de los Estados Unidos con el régimen anterior (cuando nuestros derechos y libertades fueron intercambiados por bases militares); unas instituciones que han impulsado políticas neoliberales, que aceptaron dinamitar en Maastrich las garantías sociales de la Constitución de 1978 y que son impermeables a la voluntad de las gentes, reducidas a decidir alternativas: si gobierna Guatemala —el Psoe— o Guatepeor —el Partido Popular—. Empezamos a entender a los que decían: “Después de Franco, las instituciones”.

En el poder judicial estamos viendo hazañas de todos los colores: sentencias políticas del Tribunal Supremo, plegándose a las exigencias de las asociaciones de víctimas del terrorismo para no excarcelar a condenados que han cumplido condena; aceptación de la doctrina del derecho penal del enemigo en el cómputo del cumplimiento efectivo de las penas, o sea, cómputos de condena contra reo; informes del Consejo general del poder judicial que ni le competen ni le han pedido; y, más recientemente, perversión del principio del juez natural, cuando el juez concreto ya ni era natural: me refiero al escandaloso comportamiento de la Audiencia Nacional

Que un magistrado monte en cólera por la resolución que ha acordado uno de los tribunales de la Audiencia Nacional, que logre imponer a sus colegas la sustitución de ese tribunal por el Pleno de esa Audiencia —una jurisdicción especializada y, no nos vamos a engañar, especial, ya que juzga según leyes de excepción— para conseguir una resolución distinta y de sentido contrario, es completamente anómalo e ilegítimo. Pero el paso se ha dado. Un paso por encima de la ley.

Luego nos volverán a machacar con el famoso “estado de derecho”. Cuando lo que corresponde, ¡ay! Es todavía luchar contra las ilegalidades y las inmunidades del poder.

Abstencionismo electoral

El referéndum andaluz ha atraído a menos ciudadanos incluso que el referéndum del estatuto de Cataluña. Marca un nuevo hito en el distanciamiento entre la población y la “clase política”.

La despolitización de la población tiene raíces varias. Pero una de ellas es el creciente convencimiento de muchos ciudadanos de que la participación política establecida carece crecientemente de sentido en un sistema hermético a sus requerimientos. El asunto de la abstención es ambivalente, pues si por un lado es una respuesta lógica y espontánea —completamente distinta del abstencionismo ácrata en algunas elecciones de la época republicana, por ejemplo—, por otro es crecientemente peligrosa ante la ofensiva de la derecha por recuperar el poder y volver a instalarse en el gobierno con su actual discurso neoautoritario.

En el estrecho margen de movimientos políticos en que se mueve la población española, el gobierno del Psoe es, con todas sus vergüenzas, la menos mala de las situaciones realmente posibles hoy. Y corre el peligro de venirse abajo en la próxima convocatoria a elecciones legislativas. Las insidias del Partido Popular, a través de medios como la radio de la Conferencia Episcopal, han calado fuertemente en sectores de población que van más allá del espectro político propio de aquel partido. Hay también zonas enteras del país cuya economía se mueve al compás de la especulación inmobiliaria y que proporcionarán muchos votos al Partido Popular; hay gente de primitivo españolismo encorajinada emocionalmente contra el Estatuto catalán, y también gentes desencantadas por el incremento de las diferencias sociales abismales que generan las políticas neoliberales: gentes que en su día votarán, si lo hacen, contra quien gobierne. Por todas estas razones la continuidad del gobierno del Psoe no se puede dar por descontada. La ceguera de tantos respecto de la situación de los más, traducida políticamente, puede dar sorpresas desagradables. La derecha no se abstiene de votar. Y no hay que engañarse: con el PP de nuevo en el poder el autoritarismo quedaría introducido en España por muchos años.

Obama

Barack Obama es un precandidato del partido demócrata a las elecciones norteamericanas. Giulini, el alcalde neoyorkino de la tolerancia cero, será probablemente el candidato republicano: un derechista claro. El caso de Obama, situado a la izquierda de los Clinton, suscita interés: es una novedad que encuentra simpatías entre los votantes norteamericanos hartos de Bush. El senador por Illinois se opuso a la guerra de Iraq, sostiene que los USA han de “desescalar” su presencia en ese país y defiende un programa de política social interna que tiene sus raíces en el de Roosevelt.

Es obvio que ningún presidente norteamericano se ha apartado jamás de la política exterior que defiende con uñas y dientes los intereses de las multinacionales norteamericanas. No es de esperar que lo haga Obama en la hipótesis de que llegara a la presidencia. Dicho esto, este precandidato significa sin embargo un cambio que podría resultar menos dañoso para el mundo que el que representan otros. Tanto que en este momento la mayor curiosidad es ver cómo va a tratar de frenarle el complejo militar-industrial-intelectual que dirige realmente la política norteamericana: ¿matándole, como a los Kennedy? ¿Echándole mierda encima, como se ha hecho otras veces, antes de la convención del partido demócrata? El lector no debe perder de vista la trayectoria de Obama, significativa para comprender cómo funciona la dirección política de la globalización. Veamos qué tipo de perdigonadas recibe.

Muere una soldado española en Afganistán

Una chica gallega a quien se le ocurrió enrolarse y que fue a parar a Afganistán ha muerto en un ataque a un convoy militar español. Hay otros soldados heridos. Los militares españoles en Afganistán no hacen funciones de Cruz Roja o de ONG. Forman parte de una fuerza militar multinacional de la Otan que colabora con el ejército invasor norteamericano, avalada por unas Naciones Unidas claudicantes ante los hechos consumados. La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero.

Hay que lamentar la muerte de esa chica. Y hay que lamentar las muertes de otras chicas y chicos de cualquiera de los dos bandos. La violencia —la guerra, la ocupación militar— no soluciona nada: además de segar vidas humanas, crea otros problemas adicionales a los que había antes de ella. Las muertes de soldados españoles en Afganistán son completamente inútiles y no tienen justificación. Mueren para que los norteamericanos controlen el gas y el petróleo de esa región del mundo.

Es preciso salir de Afganistán. Nadie está allí en nuestro nombre. Hay que obligar al gobierno a reconsiderar —la educada palabreja es la que usa Llamazares— la presencia española allí. No en Afganistán; no en nuestro nombre.

Y así las cosas, hay que preguntarse qué esperan las Plataformas contra la Guerra para convocarnos a una gran manifestación por esta causa. Qué esperan, sobre todo, para coordinarse —hasta “confederalmente”, si se quiere— a lo ancho y a lo largo del territorio español. ¿Acaso las frena el nacionalismo de unos y otros? Sean cuales sean las diferencias políticas entre personas, hay que estar por un saludable internacionalismo para las cuestiones de la guerra y de la paz.

Tribunal Constitucional y Consejo del Poder Judicial

El Tribunal Constitucional acaba de dejar en manos de la Iglesia los contratos laborales de los profesores de religión. No llevar una vida acorde con lo que los ayatollahs del catolicismo romano consideran correcto podrá ser causa de despido.

Verdaderamente el TC ha ido demasiado lejos. Su decisión no es la esperable en un estado aconfesional y en una sociedad mayoritariamente laica, y en todo caso pluralista en materia de creencias. Esta decisión, junto con otras que la preceden en materias distintas, ha vuelto cuestionable, si no la existencia de este organismo, sí, al menos, la forma de su composición.

Los “teóricos del derecho” dicen que el Tribunal Constitucional es un “depositario del poder constituyente” de la soberanía popular, lo que le autoriza a decidir la interpretación de la constitución en el cambio social histórico. Y la cuestión es que si esa alta institución detenta tal “depósito de poder constituyente”, entonces lo correcto es que sus miembros, quienes dan vida a la institución, en vez de ser elegidos por el poder legislativo del estado lo sean por la propia soberanía popular; entre elegibles técnicamente cualificados, como ahora, pero conservando el pueblo soberano la capacidad de seleccionar tomando en consideración sobre todo la ideología política y social de los candidatos a jueces constitucionales.

El sistema político norteamericano separa claramente los poderes legislativo y ejecutivo del estado al disponer elecciones separadas y en tiempos distintos para esas instituciones. Esa separación, encaminada a dar mesura y equilibrio interno el poder estatal de los Estados Unidos, debería ser imitada por nuestro sistema político. Es preciso reclamar la elección directa por la ciudadanía de los magistrados del Tribunal Constitucional, y a mayor abundamiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Este último preside un poder del estado con insuficiente legitimación democrática, puesto que ese poder tiene una estructura funcionarial (es decir, en lo esencial burocrática, no democrática), con débil representación indirecta de la soberanía sobre su cúspide a través de la institución parlamentaria. El escándalo de la prolongación de los mandatos del Consejo del Poder Judicial por el filibusterismo del PP a la hora de elegir a sus sustitutos debería dar lugar a una acción inmediata por parte de los restantes grupos parlamentarios; a una ley que impida tal situación escandalosa, en el que un grupo político no mayoritario puede bloquear antidemocráticamente la renovación de un órgano tan importante como el Consejo General del Poder Judicial.

Con la Iglesia hemos topado

Verdaderamente, llevamos la cruz. La cruz de pagar con nuestros impuestos los emolumentos del clero católico, seamos o no creyentes. La cruz de financiarles el negociete que se traen con la enseñanza. La cruz de que los hechiceros tengan asignada hora de adoctrinamiento y proselitismo en la enseñanza pública (no digamos en la privada): la famosa “clase” —que no es una clase— de religión. La cruz de escuchar insidias por los medios de masas que posee y dirige la Conferencia Episcopal. La cruz de las misas retransmitidas por la radio pública cada semana —¿no pueden hacerlo sus propias emisoras?—. La cruz de mantener ejemplarmente la discriminación contra las mujeres en su rebaño. Y además de esas cruces y otras que no menciono, el escarnio de las cruzadas contra el uso del preservativo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto... por no hablar del tácito apoyo de purpurados tan eminentes como Cañizares y Rouco, representativos y significativos de la deriva de la iglesia española, al partido más derechista del país.

Es hora de exigir la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede (por usar la denominación oficial) suscritos por el gobierno de Adolfo Suárez hace casi treinta años, que la Iglesia española ha incumplido por lo demás. Eso ha de estar en los programas no reaccionarios de las próximas elecciones legislativas. Hasta aquí hemos llegado y con la iglesia hemos topado.


El “escudo” de missiles norteamericano

El complejo militar-industrial norteamericano quiere instalar un “escudo” de missiles, cuyos sensores estarían naturalmente en Europa, para protegerse de eventuales ataques a los Estados Unidos de no se sabe quién. El “programa” no es sólo para alimentar la industria de guerra: busca también y sobre todo consolidar el poder militar y político USA sobre el mundo mundial. Este armamentismo americano encuentra comprensión en algunos regímenes europeos. La desmovilizada opinión pública europea parece esperar, para protestar e intervenir, a que los esforzados marines acaben echando abajo la puerta de su casa. Entretanto, y hasta el día de hoy, Mr. Pesc no ha abierto la boca.

No se me olvida: recordad a los secuestrados de Guantánamo también este mes.

[Juan-Ramón Capella]



Foro de webs

HUMAN RIGHTS WATCH

Web: www.hrw.org
Pág. en español: hrw.org/spanish/

Human Rights Watch realiza investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en más de setenta países de todo el mundo, con particular atención a las prácticas de gobiernos de cualquier tendencia política, carácter étnico u orientación religiosa. Se ha convertido en una fuente esencial de información para aquellas personas e instituciones interesadas en derechos humanos, tomando el derecho internacional humanitario como pauta evaluar la conducta de las partes en conflictos armados de carácter interno o internacional.

La página Web de HRW informa que ésta tiene su origen en 1978 con la creación de su división Helsinki, contando hoy en día con cinco divisiones regionales que se ocupan de Africa, las Américas, Asia, el Oriente Medio y Europa. HRW también cuenta con tres divisiones de estudios temáticos, sobre tráfico de armas, derechos del niño, y derechos de la mujer. Tiene oficinas en Washington, D.C., Nueva York, Los Angeles, Londres, Bruselas, Moscú, Dushanbe y Hong Kong. HRW es una organización independiente y no gubernamental financiada mediante contribuciones individuales y de fundaciones privadas provenientes de todo el mundo. No acepta fondos gubernamentales directa o indirectamente.

Último Informe de HRW

El informe “Ghost Prisoner: Two Years in Secret CIA Detention” (“El prisionero fantasma: dos años detenido en secreto por la CIA”, descargable en lengua inglesa: http://hrw.org/reports/2007/us0207/us0207web.pdf ), de 27 de febrero de 2007, contiene la descripción detallada de una prisión secreta de la CIA por un ex-prisionero palestino puesto en libertad el año pasado.

Human Rights Watch ha enviado una carta pública a George W. Bush solicitándole información sobre el destino y el paradero de los detenidos “desaparecidos” que en algún momento estuvieron en poder de la Agencia Central de Inteligencia. La carta contiene dos listas con 38 personas de las que HRW tiene evidencias o indicios de su confinamiento en las prisiones de la CIA y cuyo paradero actual se desconoce.

PÁGINAS-AMIGAS
Nómadas
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas

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El Viejo Topo
www.elviejotopo.com
La Insignia-
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