Anekdotas del saléu nes buries agües de internete.
Anekdotas de la navegación en las borrascosas aguas de internete.

14 enero 2010

Cuaderno de crisis/10

¿Hacia una economía sostenible?
I
Tras largos años de vivir en la sociedad de la publicidad hemos aprendido a diferenciar lo que se anuncia del contenido que encubre. Después de tantos años de mixtificación del lenguaje político a nadie puede extrañar que los enunciados de las leyes no se correspondan con la realidad. Por ello no nos debe sorprender que en el pomposo Proyecto de Ley de Economía Sostenible sea imposible captar ni en qué se concreta el cambio de modelo económico ni qué se entiende por sostenibilidad. Más que un proyecto legal que refleje una visión comprensiva de las cosas que se deben cambiar y de las que se pueden hacer, el proyecto es una deslavazada ley ómnibus. Parecida a las que anteriormente solían acompañar a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado: leyes en las que se metía toda la amalgama de cosas que el Ejecutivo quería impulsar. Su contenido tiene todo menos coherencia y visión de conjunto, como más o menos han visto los analistas de todos los colores. Quizás lo peor no sea la irrelevancia o la incoherencia, sino que al frivolizar una cuestión tan importante cualquier debate futuro sobre la sostenibilidad estará lastrado por el recuerdo de esta ley.
II
Hay tres perspectivas diferentes sobre las que debería diseñarse un modelo de economía sostenible: la económica convencional, la ecológica y la socio-reproductiva. Las tres son relevantes en el marco de la crisis actual.
La económica tiene que ver con la dificultad de mantener dinámicamente un marco de estabilidad económica que garantice un nivel de bienestar aceptable al conjunto de la sociedad. Un problema que afecta al conjunto de la economía mundial, como ha puesto de manifiesto la crisis actual: las tensiones derivadas de las enormes desigualdades entre territorios y clases sociales, agravados por el desestabilizador papel que juegan los actuales mercados financieros son, en sí mismos, causas de inestabilidad persistente y exigen cambios básicos en las regulaciones a escala global. Pero estos problemas tienen también especificidades nacionales. En el caso español destacan a este nivel el sistemático desequilibrio de la balanza comercial, reflejo de la inadecuación entre la estructura de consumo y producción. De forma más reciente destaca asimismo el desequilibrio presupuestario reflejo a su vez de la tensión existente entre las demandas sociales y la provisión de fondos públicos. Una cuestión que es el resultado de una muy débil distribución social de la renta y de la insuficiencia de mecanismos redistributivos adecuados. Hacer más sostenible el modelo productivo español pasa sin duda por provocar cambios sustanciales en ambos campos: el de la modificación de las estructuras de producción/consumo y el de la distribución/redistribución de la renta.
La insostenibilidad ambiental de nuestra economía es patente y no se reduce a los problemas del consumo energético y el cambio climático, aunque éstos pueden ser especialmente agudos dada la situación geográfica de la península ibérica. La degradación del entorno natural y el elevado consumo de materiales son correlativos al modelo de desarrollo urbanístico espacial que ha sido el motor del crecimiento económico reciente. Sin perder de vista la importancia de problemas que de forma más local muestran la insostenibilidad del modelo, como es el caso de la elevada contaminación de suelo agrícola por purines o la misma muerte anunciada de las Tablas de Daimiel por el consumo abusivo del agua para producir maíz. O el creciente problema de la generación de residuos en el mundo urbano. Hay un nivel general insostenible de presión sobre los recursos naturales y el espacio y cambiar el modelo no requiere sólo de cambios en el tipo de energía a utilizar sino de una transformación profunda de todos los procesos de producción y consumo.
La sostenibilidad social atañe a la necesidad de garantizar un nivel adecuado de atenciones y cuidados a todas las personas, de garantizar a todo el mundo niveles de bienestar y participación social, de cobertura de las necesidades básicas. Algo que requiere que todas las personas reciban el nivel de atenciones adecuadas a su situación y que al mismo tiempo no haya personas cuya carga de trabajo sea tan excesiva que les coarte su participación social. El modelo familiar que ha garantizado en gran medida la cobertura del primer objetivo se ha basado en privar a las mayoría de mujeres del segundo. Por eso la crisis de los cuidados se ha manifestado cuando ha tenido lugar un aumento sustancial de las mujeres en el mundo del trabajo mercantil. Tampoco la solución mercantil, caracterizada por la externalización de las tareas de cuidados hacia mujeres de bajos recursos, resuelve la cuestión. Tanto porque reproduce un nuevo sector que va a ser prácticamente excluido de partes de la vida social como porque dada la distribución de la renta existente sigue siendo una solución inabordable para amplios sectores sociales. La crisis de los cuidados sólo puede saldarse con una reorganización social profunda, con cambios significativos en la articulación de los espacios mercantil/público/privado y en las relaciones de género.
Este breve esbozo tiene por objeto recordar algo simple: el cambio a una economía sostenible es un cambio profundo que entraña muchas esferas de la vida social, que toca muchos intereses creados, que posiblemente exige un cambio radical de sistema social y que como mínimo exige, en un primer plano, una serie de reformas básicas que se orienten en esta dirección. Dada la importancia del desafío, un programa mínimo de reformas hubiera exigido abrir un debate social sereno y documentado antes de adoptar alegremente un plan de intervención. La insustancial propuesta del Gobierno, tanto en el contenido como en la forma que se ha gestado, es muestra de una inutilidad congénita de los políticos y tecnócratas actuales para articular con un mínimo de seriedad propuestas reales de transformación económica y social.
III
En lugar de obedecer a un planteamiento mínimamente coherente el contenido de la ley es una mera suma de propuestas, muchas de ellas y viejas y repetidas. Muchas de claro contenido neoliberal, otras de mera racionalidad. Ninguna referencia a los problemas de sostenibilidad social y muy pocas a los otros dos.
Si uno de los discursos repetidos de los últimos meses es el reconocimiento de la necesidad del cambio de composición de la producción, poco se encuentra en la propuesta que dé pistas acerca de cómo piensan hacer esta transformación De hecho, las únicas referencias claras a ese respecto tienen que ver con el cambio del modelo energético, la apuesta por la rehabilitación de las viviendas y el recurrente recurso a la innovación tecnológica. Alguna de las concreciones a estas propuestas son cuando menos preocupantes. Tal es el caso de la aprobación posterior de un nuevo marco para la energía nuclear  que, de facto, responde a las viejas presiones del lobby nuclear para prolongar la vida activa de las centrales (ahí está el verdadero negocio, la explotación de centrales amortizadas). O la inclusión entre las políticas de rehabilitación de la elaboración por el Gobierno de un mapa de “zonas  urbanas obsoletas, desfavorecidas o en dificultades, necesitadas de renovación”, lo que en nuestro contexto puede ser una nueva puerta abierta a gran escala a los procesos de gentrificación y expulsión residencial ya palpables en algunos centros urbanos. O la apuesta decidida por mercantilizar la producción de los centros públicos de investigación.
Se mantienen en cambio muchos de las viejas ideas neoliberales desde una nítida voluntad de limitar el tamaño del sector público, como el recurso sistemático a recortes fiscales como medio para promover políticas. No hay en cambio ninguna propuesta que vincule la intervención pública a la sostenibilidad social ni la desigualdad de la renta al modelo productivo. Por no incluirse ni siquiera se consideran algunos de los controles sobre el sistema financiero que han propuesto individuos como Brown o Sarkozy. Y es que el poder de la banca en España pesa mucho.
No todas las propuestas contenidas en la ley son inadecuadas. Pueden ser buenas ideas la reforma de la Formación Profesional (aunque la intención de integrar la red pública y privada suena a mantener el desastroso statu quo), o la mayor transparencia de los organismos reguladores (aunque se excluye al Consejo de Seguridad Nuclear), o la necesidad de elaborar planes de movilidad sostenible. Pero en sí mismas no prefiguran ningún cambio serio hacia un nuevo modelo socio-productivo. Más bien son una nueva maniobra cortoplacista sin demasiada sustancia.
Y mientras, la persistencia de una grave crisis económica y la presión de las ideas dominantes siguen soplando con fuerza y anuncian nuevas borrascas en forma de reforma laboral y de la Seguridad Social. (Como aperitivo, el aumento del salario mínimo para 2010, un incumplimiento total de los compromisos de Zapatero de situarlo en 800 € al final del mandato y una muestra más que el modelo de referencia sigue siendo el de una sociedad con reducidos derechos sociales).
IV 
Ni la crisis económica, ni la ambiental, ni mucho menos la social, han minado a fondo la hegemonía neoliberal. Los poderes económicos que la sustentan son fuertes y tienen muchos mecanismos de articulación. En la producción culturaly en el campo económico esta ideología se encuentra institucionalmente consolidada.
Los propios defensores de un modelo social sostenible somos pocos y fraternalmente divididos. La construcción de un modelo alternativo, de una visión global y también de propuestas de acción concretas requiere de marcos de encuentro y acción que hoy no existen ni parece que nadie esté interesado en desarrollar. Por ello la crítica al proyecto del Gobierno es, en parte, un lamento por la propia impotencia. O mejor una llamada a aquellas fuerzas que podrían impulsar algún proceso, para pedirles que de una vez por todas realicen alguna iniciativa que permita convertir la crítica a Zapatero en alguna referencia político-cultural con la que generar algún proceso real de cambio del modelo socio-económico presente. 

Díaz Ferrán, la historia interminable
Albert Recio Andreu
Hablar de la crisis de Air Comet es repetir una historia ya conocida. La relaté en estas mismas páginas hace tres años al calor de la crisis de Air  Madrid. La historia del transporte aéreo en tiempos de competencia es una historia de quiebras empresariales recurrentes. Y con efectos desastrosos para las personas desgraciadas que quedan atrapadas en el momento de la crisis.
Lo único realmente diferente es la naturaleza del propietario de la empresa. Nada más y nada menos que el belicoso Presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Gerardo Díaz Ferrán. El insistente defensor de la libertad de mercado y de la desregulación del mercado laboral. Una representación realmente representativa del núcleo central del capitalismo español, ese que siempre ha usado al Estado como base de sus negocios, bien sea para obtener prebendas, bien para disciplinar a la clase obrera.
Y si no ahí está su largo historial profesional.
El conglomerado empresarial que controla Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual tiene su origen en la empresa de transporte colectivo Trapsa que ambos fundaron en 1966. A lo largo de la década de 1970s Trapsa se dedicó a la compra de compañías de transportes interurbanos de viajeros en la zona de Madrid. Parece que en ello tuvo bastante que ver la relación familiar de la familia Díaz con la de Arias Navarro, el último Presidente de Gobierno de Franco. Trapsa ha seguido obteniendo concesiones de transporte en ciudades como Almería o Guadalajara. Pero el verdadero salto empresarial lo dieron en 1985 cuando el Gobierno de Felipe González procedió a la privatización del grupo turístico Viajes Marsans (propiedad del fenecido INI desde 1965). Según la prensa de la época, el estado había invertido 6 mil millones de pesetas para reflotar el grupo antes de la venta, pero Trapsatur sólo tuvo que pagar 907 millones (dos tercios de los cuales a crédito). Y es que todo el mundo sabe que las privatizaciones fueron un buen negocio. La tercera parte de la historia, Air Comet, también tiene una historia parecida. La empresa se crea en 2002 en el atribulado proceso de venta-liquidación de Aerolíneas Argentinas (anteriormente en manos de Iberia como resultado de otro proceso de privatización). La historia de Aerolíneas en manos españolas ha sido siempre confusa, con acusaciones de descapitalización por parte de la izquierda argentina, y finalmente Air Comet tuvo que ceder su filial al Gobierno argentino. Ahora se llega al final de la historia de la filial aérea en un nuevo sainete que resultaría cómico de no contar con los miles de personas abandonadas en Barajas y los cientos de trabajadores que pasarán a las listas de desempleo.
Ciertamente Díaz Ferrán es un especimen. Cuando se refirió a la necesidad de “suspender el capitalismo” sabía de lo que hablaba. Toda su vida empresarial es una historia de normas de excepción. Y lo que reclamaba era una nueva tandas de este tipo de normas de las que el gran capital español tanto sabe. Sólo los ingenuos o los mal informados creyeron que su petición se orientaba a establecer un capitalismo domado y civilizado. Cualquiera que supiera la historia podía esperar que ocurriera lo que realmente ha ocurrido. Y es que uno de los errores en los que persistentemente ha incurrido una parte de la izquierda ha sido el de confundir la retórica justificativa del neoliberalismo, el de el predominio del mercado libre, con el de su historia real. Y ésta no ha sido otra que la de generar enormes beneficios alrededor del sector público y/o actividades que por sus características tienden al oligopolio y la concentración del poder. Por eso Diaz Ferrán es un buen representante de la élite dirigente. Y por eso resulta evidente que, si hay que hacer reformas en profundidad, en lugar de empezar por el mercado laboral hay que hacerlo por las estructuras empresariales. Quizás si tuvieran que vivir una temporada con la prestación de desempleo y se les obligase a realizar “acciones formativas y de reciclaje” aprenderían dónde se encuentran las verdaderas rigideces del sistema.

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