Anekdotas del saléu nes buries agües de internete.
Anekdotas de la navegación en las borrascosas aguas de internete.

26 julio 2010

Nuevo libro de Ortega y Gasset

El conocido dúo filosófico - musical Ortega y Gasset prepara un nuevo bombazo literario con acompañamiento melódico.
Todos recordarán su famoso éxito “La rebelión de las masas” que llenó no pocos conciertos en prestigiosas plazas de toros abarrotadas (de público, no de toros).
Ahora, vuelven por sus éxitos y siguiendo las últimas tendencias estético-éticas y cibernéticas de Catetolandia se disponen a presentar su nuevo libro: “La sumisión de las masas”. Con la compra del ejemplar se regalará un CD en el que el famoso dúo forma coro con Plátano del Domingo para interpretar, con música de vuvuzela, el patriótico y ya virtual nuevo himno nacional de Catetolandia: “Yo soy español, español, español”, con el adagio final, “Como si no se te notase, chaval.”

23 julio 2010

La flexi-inseguridad contraproductiva

José María Zufiaur en http://www.revistalafactoria.eu

Desde que, en 1980, se aprobara el Estatuto de los Trabajadores en España se han realizado más reformas laborales que en ningún otro país europeo. Tres de ellas han configurado el actual modelo laboral. Las tres fueron realizadas sin consenso con los sindicatos. Las tres se han superpuesto, agravando cada vez más las disfunciones del sistema. Su autoría es la responsable del modelo laboral que tenemos: precario, volátil, dual, con alto porcentaje de bajos salarios y co-responsable de la baja productividad de nuestro sistema económico. Estos antecedentes deberían haber llevado al actual Gobierno, artífice de la nueva reforma, a plantearla teniendo en cuenta las experiencias del pasado, con un análisis más objetivo de la realidad, sin utilizar de nuevo la crisis para imponerla, con un enfoque totalmente diferente y en sintonía con el modelo productivo y de sociedad que queremos construir.
Aduciendo la rigidez del mercado de trabajo que, se argüía, explicaba las altísimas tasas de paro españolas, la reforma de 1984 instauró, bajo el lema de “más vale un trabajo precario que ninguno”, la contratación temporal sin causa y la finalización del contrato con una mínima indemnización. La temporalidad pasó de ser concebida como transitoria a cronificarse y a afectar a un tercio del mercado de trabajo. La reforma de 1994, afirmando que la flexibilización del despido y el aumento de la discrecionalidad empresarial corregirían la temporalidad creada por la anterior reforma, amplió en gran medida las condiciones del despido individual y transfirió importantes parcelas de las condiciones de trabajo a la decisión empresarial. Sin que la temporalidad descendiera, el incremento de la arbitrariedad empresarial debilitó la negociación colectiva y deprimió los salarios. La reforma de 2002  con parecidos argumentos convirtió en superfluo el recurso a la tutela judicial en el despido improcedente y redujo sustancialmente, mediante la eliminación de los salarios de tramitación, los costes del mismo. Esa reforma sumó a la altísima temporalidad acarreada una penetración suplementaria de la inestabilidad laboral en el universo de los contratos indefinidos, al crecer de manera exponencial los despidos objetivos improcedentes.
Aproximándose paulatinamente al mantra de la reforma laboral “total”, los sucesivos gobiernos  han dejado de abordar problemas esenciales de la economía española.  En lugar de dedicarse a darles respuesta, el Gobierno de Zapatero ha encarrilado finalmente también por donde los anteriores. Utilizando como pretexto el muy real problema de la dualidad entre trabajadores temporales y fijos, en lo que realmente centra su reforma es en un drástico abaratamiento del despido y en hacerlo más automático, en el debilitamiento de la negociación colectiva y en el reconocimiento de las agencias privadas de colocación. Esta reforma cierra el bucle de las anteriores y generaliza la inestabilidad. Su propuesta de “máximos” (aun sin descartar) es el “contrato único”, idea propuesta en 2004 por dos economistas franceses y jamás concretada en ninguna parte. Hasta ahora. Aquí lo quieren introducir, en su versión integral o a través del ensamblaje de piezas sueltas. Las consecuencias de tal reforma son totalmente previsibles: despido mucho más barato y fácil, fundamental vaciamiento de la negociación colectiva, extensión de la “selección adversa” en la intermediación laboral. La dualidad que pretende “solucionar” haciendo a todos, temporales y fijos, igual de inestables en realidad se mantiene creando, al tiempo, una nueva y darvinista segmentación entre antiguos y nuevos contratados fijos, entre cualificados y no cualificados, entre contratados de corta y de larga duración, entre “viejos y “jóvenes”.

Treinta años de reformas
Una amalgama de intereses empresariales, de apriorismos ideológicos, de diagnósticos sesgados, de argumentos económicamente poco fundados, o simplemente infundados, ha sido la principal causa de esta obsesión por la reducción del precio del despido y del coste del trabajo, manifiesta en las sucesivas reformas habidas. Lo que ha alimentado, a su vez, una cultura empresarial centrada en el ajuste del factor trabajo y no en la flexibilidad interna pactada, la innovación y la productividad.
Treinta años de reformas laborales nos han demostrado, entre otras cosas, que no era cierto que la mayor tasa de paro de nuestro país se debiera al modelo laboral sino a la obsolescencia de nuestro aparato productivo y a la incorporación, sin parangón con otros países, de población activa al mercado de trabajo: mujeres, trabajadores del campo, inmigrantes. No era cierto tampoco que nuestra economía no fuera capaz de crear empleo: cuando la economía crecía, creábamos más empleo que nadie. Ni siquiera era verdad que nuestra denigrada legislación laboral impidiera la creación de empleo fijo: entre 1995 y 2007 se ha creado mucho más empleo fijo que temporal. No es cierto que nuestra tasa de paro estructural sea más elevada que las de otros países (las tasas de paro masculinas y las de varias CCAA llegaron prácticamente al pleno empleo en 2007). No era cierto que los obstáculos para despedir fueran los mayores del mundo: según el Banco Mundial son de los menores de la UE. No es cierto que nuestra regulación del despido sea la más severa y cara: la OCDE nos sitúa en una posición intermedia y muy por debajo de países como Alemania, Suecia, Holanda, Francia. Tampoco es cierto que en nuestro mercado laboral no haya movilidad ni flexibilidad. Tenemos demasiada, pero de la nociva: estamos a la cabeza de Europa en rotación del empleo y en despidos, según los más recientes datos de la UE y de la OCDE.
No es creíble, igualmente, que con la generalización de la inestabilidad vaya a aumentar la productividad. Porque es nuestra gran inestabilidad laboral la que provoca la baja y contracíclica productividad que tenemos. Por ello, esta reforma laboral, que provoca más inestabilidad, es mala para los trabajadores pero también para el desarrollo de la economía y  para nuestra cohesión social.

Hace falta un cambio de enfoque
Para no ahondar en los resultados de las reformas anteriores necesitamos cambiar de enfoque. Ello debería significar tres cosas. Para empezar, colocar la productividad, el cambio del modelo productivo y el tipo de sociedad a la que aspiramos en el frontispicio del debate sobre la reforma laboral. Lo que implica un diagnóstico compartido, el desarrollo del capital humano, la apuesta por la innovación y el desarrollo sostenible y por un modelo de empresa que crea en el empleo de calidad y en relaciones laborales concertadas y cooperativas.
En segundo lugar, una decidida apuesta por la estabilidad laboral. La precariedad, la inestabilidad y la volatilidad son antagónicas con el crecimiento de la productividad, con la implicación del trabajador, el aprendizaje organizacional y con estrategias a largo plazo que supongan aumento de valor añadido. La acumulación de conocimiento para incrementar la innovación requiere estabilidad en las relaciones laborales. Los modelos laborales que promueven la confianza, la seguridad en el empleo, la formación y la autonomía en el trabajo estimulan la productividad. Todo ello requiere apostar por sindicatos fuertes, con implantación  y participación en el seno de las empresas.
Es necesario, además, repensar qué se entiende por protección del empleo. No es la mejor protección, por ejemplo, que aunque el precio del despido improcedente sea alto se despida mucho y fácilmente. Menos aún puede proteger un despido más fácil, más barato y subvencionado, como establece esta reforma. Lo que quieren los trabajadores y sus sindicatos es que la combinación de la ley, del poder sindical y de la protección social les proteja más, aunque la indemnización sea menor, para evitar en todo lo posible el despido y, en su caso, hacer más fácil una buena recolocación. Esa es la lógica que, a mi entender, se inició con la reforma pactada de 1997 y que, luego, se desnaturalizó. Esa es también la axiología del derecho del trabajo: dar prioridad absoluta al empleo como valor y no al valor del despido.
Cambiar el enfoque representa acercarnos a lo que sucede en los países europeos más competitivos y cohesionados, en los que el despido improcedente o injustificado es más barato pero es muy infrecuente, los sindicatos son más fuertes e intervienen mucho más que aquí en los despidos individuales y colectivos, es más difícil que un juez declare un despido socialmente justificado, las empresas optan por reducir la jornada en vez de despedir, sus obligaciones en la recolocación de los excedentes laborales son mucho más exigentes y efectivas, los sistemas de protección del desempleo más extendidos, la obligación de formación y el reconocimiento de la experiencia profesional mucho más establecidas, los servicios públicos de intermediación y las políticas activas de empleo mucho mejores. Esta reforma, en cambio, no nos acerca, en el ámbito laboral, a los países más avanzados de Europa sino a EEUU o a los países del Este.
Uno de esos economistas liberales tan en boga fundamentaba hace poco su apoyo a la actual reforma laboral diciendo que “hay que probar”. En realidad, ya han ensayado demasiado, con resultados lamentables. Es más bien la hora de una modificación radical del modelo laboral, pero en una dirección totalmente diferente a la acumulada durante tres décadas.


José María Zufiaur.Consejero del Comité Económico y Social Europeo en representación de la UGT de España.
Este artículo también lo publica Sistemadigital, de la revista Temas.

14 julio 2010

Semana Negra, dos actos.

El 16 julio, a las  18:30 h.

La Fundación la izquierda d´Asturies organiza en la Semana Negra, Gijón, en la
Carpa de Radio Kras. (junto a la noria).

PRESENTACIÓN: “ROJOS EN LA RED” de J.Francisco Mendi.

con la presencia del autor, acompañado por el “protagonista” Gaspar Llamazares y presentados

por Jesús Iglesias.

También:

En la Carpa A Quemarropa el Viernes 16 de Julio a las 18:00
    

La Fundación Juan Muñiz Zapico, en colaboración con la Semana Negra de Gijón, ha organizado para la presente edición del certamen literario una jornada de debate y reflexión en relación al hecho literario y la memoria. En años anteriores se trató sobre la memoria y el exilo, la literatura y la Revolución de Octubre de 1934, la guerrilla o la literatura y la mina. Siguiendo esa trayectoria, la propuesta de la Fundación Juan Muñiz Zapico para este año es "Literatura y memoria histórica".

El objetivo de la actividad es desarrollar un coloquio sobre la literatura en relación a la memoria histórica y más especialmente ante la impunidad del franquismo y la persecución al juez Garzón. En la mesa de la charla-coloquio contaremos con Francisco Prado Alberdi, presidente de la Fundación Juan Muñiz Zapico, el poeta Luis García Montero, el escritor de novela negra Alejandro M. Gallo, la autora asturiana Vanessa Gutiérrez y el historiador Francisco Erice, que ha publicado recientemente el ensayo "Guerras de la memoria y fantasmas del pasado. Usos y abusos de la memoria colectiva".

11 julio 2010

Cuaderno de crisis / 19

Condenados a reforma perpetua
I
En la España democrática hay cosas intocables (la Constitución, el Poder Judicial, el Concordato con la Iglesia Católica...) y otras sometidas a perpetua transformación. Las regulaciones laborales son el paradigma de la actividad reformista de nuestros legisladores. Cada década ha contado, al menos, con dos reformas importantes (aunque el segundo gran intento de 1988 fue abortado por la Huelga General del 14 de diciembre), y una enorme variedad de microrreformas que han cambiado sustancialmente la regulación institucional del mercado laboral.
Tan desmedido afán reformador se ha justificado en la recurrente situación de desempleo masivo. Pero el elevado desempleo no justifica por sí solo que las reformas deban centrarse en el mercado laboral. Estas se explican sobre todo por la ideología económica dominante, por la forma en que son analizados los problemas laborales. Una lectura rigurosa del pensamiento económico permite observar que existen, básicamente, dos formas de entender los problemas del desempleo. Para una parte importante de pensadores se trata, fundamentalmente, de una manifestación dolorosa de las lógicas de funcionamiento de las economías capitalistas, de sus múltiples “fallos” o “contradicciones”. Más o menos de la misma forma que la fiebre constituye un efecto de muchas enfermedades aunque sus causas están en otro lugar. Desde esta perspectiva la lucha contra el desempleo es, en gran medida, el campo para un amplio espectro de intervenciones y regulaciones públicas, un campo que incluye propuestas más reformistas (como las de los economistas keynesianos y post-keynesianos) hasta otras más radicales. Otra poderosa corriente, la que llamamos neoclásica, considera que el desempleo es, básicamente, el resultado del mal funcionamiento de los mercados laborales, y por ello las reformas deben concentrarse en este ámbito. Se trata de un convencimiento sustentado en modelos teóricos que en gran medida ven el funcionamiento del mercado como un engranaje social casi perfecto y por tanto la aparición de problemas laborales se explica precisamente por la existencia de pesadas regulaciones laborales que impiden su buen funcionamiento.
Esta última corriente se impuso en el campo académico, cultural y político, con la contrarrevolución neoliberal de los años setenta del pasado siglo y ha manteniendo su hegemonía hasta el momento presente. Totalmente insensible a las múltiples evidencias que muestran que en casi todos los parámetros de comparación (crecimiento económico, empleo, pobreza, estabilidad económica, desigualdad, gestión medioambiental....) el periodo neoliberal ha sido menos que mediocre. En España, sus partidarios han argumentado que los problemas del mercado laboral español se explican por la persistencia de muchas rigideces heredadas del franquismo. Rigidez que las sucesivas reformas no han eliminado porque se han planteado como reformas “en el margen” y no reformas globales. Ello explica su insistencia en dar nuevos y sustanciales pasos reformistas cada vez que las cosas se complican. Quizás su “revolución pendiente” nunca tenga lugar (al fin y al cabo toda reforma siempre requiere algún tipo de compromiso, excepto si se produce en regímenes dictatoriales como el franquista, el pinochetista o el chino), pero no cabe duda que la insistencia conjunta de patronales y académicos ha avanzado mucho trecho en laminar derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
II
No volveré a discutir los argumentos de los “reformistas neoliberales”. Muchos de ellos están ya contenidos en anteriores entregas de este cuaderno. Voy a limitarme a comentar los aspectos cruciales de la actual reforma y a discutir cuáles son sus posibles efectos.
Básicamente la reforma laboral incluye novedades que si bien no llegan al contrato único de empleo y a la fragmentación completa de la negociación colectiva avanzan sustancialmente en esa dirección.
Más allá de un análisis jurídico detallado, siempre necesario, la reforma incide en una serie de cuestiones clave de la regulación laboral en materias como la regulación de los despidos y la contratación temporal, la negociación de la flexibilidad interna, la negociación colectiva y la intermediación en el mercado laboral.
En la mayoría de estos campos la nueva regulación tiende a ampliar los poderes empresariales y a reducir las garantías jurídicas (por ejemplo desaparece la consideración de despido nulo cuando la empresa no entrega una comunicación formal). Esto se hace por vías diversas, especialmente por una nueva definición de las circunstancias objetivas de despido que amplía el margen de maniobra de las empresas. Margen que pueden salir reforzado en el trámite parlamentario donde posiblemente el Gobierno acabará por realizar concesiones a quien se ofrezca a apoyarle: CiU nunca ha perdido oportunidad en anteriores reformas de sacar tajada para sus intereses de clase y no es previsible que ahora renuncie a ello. La misma “apertura” de criterios se produce en todo lo que tiene que ver con el descuelgue de la negociación colectiva. De hecho los cambios apuntan tanto a hacer automáticos los despidos (lo que ya se conoce por despido “exprés”, vigente de hecho desde las últimas reformas del PP) como los cambios de condiciones laborales. A mi entender, esta unilateralidad es tanto o más importante que la reducción del coste de la indemnización, puesto que puede permitir situar la indemnización por fin de contrato más próxima a los 20 días por año trabajado (a través de las múltiples fórmulas de despido procedente) que de los 33 días en los que trata de generalizarse el coste del despido improcedente. De hecho, la definición o no de procedencia depende crucialmente de cómo se formule el supuesto. Una definición laxa de las razones de la procedencia, como apunta la nueva norma, puede abrir el camino a la difuminación del despido improcedente. Si a ello se suma la anunciada asunción de 8 días de indemnizacíón por parte del Fondo de Garantía Salarial (es increíble que en tiempos de recortes presupuestarios se abra una nueva vía de subvenciones al despido) el resultado final podría ser cercano al pretendido contrato único con un coste de despido de 12 días por año, manteniendo eso sí la ficción de una protección al empleo prácticamente inexistente. Vistas así las cosas sorprenden las críticas de la patronal y los “combativos” representantes del manifiesto de los 100. Quizás sólo sea teatro politico para ayudar a presentar la reforma como una propuesta equilibrada, o quizás sea una reacción de soberbia porque el Gobierno no ha aplicado literalmente sus propuestas. Es decir, mero ejercicio de fuerza para sacar nuevas tajadas. No deja de ser indicativo que en el plazo de unos pocos días, fruto de la protesta patronal, una de las pocas medidas que mejoraban derechos la limitación temporal de los contratos por obra o servicio vio extender su duración máxima de dos a tres años (cuatro si los sindicatos ceden).
III
El otro ganador de la reforma son las empresas de empleo temporal. Su campo de actuación se amplia en dos sentidos: aumentan las actividades en las que puede intervenir especialmente construcción y administración pública y pueden convertirse vía convenios en intermediarios de la contratación laboral. Puede parecer que esto es sólo una nueva variante de las prácticas neoliberales al uso: las regulaciones públicas orientadas a garantizar espacios a los negocios privados. Pero su alcance puede ir mucho más lejos y constituir un vigoroso mecanismo que refuerce el desigual reparto de poder y derechos en el mercado laboral.
En el caso de la intermediación privada, que existe hace años, lo nuevo es que las empresas de colocación pueden alcanzar el estatus de colaboradoras de la Administración, lo que en la práctica se traducirá en que realicen sus mismas funciones y tengan poder estatutario para ello. Sabemos lo lo suficiente sobre el significado de la colaboración en campos como la sanidad, la escuela y los servicios de dependencia concertados como para saber qué se puede esperar del nuevo modelo. Sobre todo teniendo en cuenta el desprestigio que tienen los servicios públicos de empleo. Dejar en manos de los gestores privados el control del proceso de colocación puede traducirse en prácticas mucho más coercitivas y discriminatorias en los procesos de búsqueda de empleo. Al fin y al cabo las posibilidades de rechazar empleos indeseables depende de la voluntad del controlador de aceptar un criterio u otro. Y la experiencia de las mutuas patronales de accidentes son una buena muestra de ello, un sistema institucional que permite por ejemplo camuflar gran parte de las enfermedades profesionales. Ahora la experiencia de estas mutuas podrá extenderse al campo de la contratación. No es despreciable tampoco la creación de nuevos mecanismos de estigma basados en los criterios que apliquen estas empresas (desde listas negras de trabajadores rebeldes hasta la marginación de los menos empleables). La empleabilidad puede transformarse así en un nuevo mecanismo de coacción laboral. Cuando pienso en este tema siempre me viene la referncia de los estudios de Beveridge, el primer economista académico que reconoció la posible existencia de paro involuntario la cual asoció a las prácticas de las empresas de gestión portuaria londinenses. Por ello Beveridge fue un acérrimo promotor del sistema de colocación pública y universal. Las recetas neoliberales nos retrotraen al siglo XIX.
Igual de inquietante es la ampliación de los espacios de intervención de las ETT en espacios sensibles como la construcción y el sector público. En el primero de los casos esto genera un nuevo problema regulatorio en un sector donde la extrema subcontratación siempre ha estado relacionada con los elevados niveles de accidente y las desigualdades salariales, y donde esos nuevos operadores generan un nuevo reto a los intentos sindicales de regular el sector vía ley de subcontratas y delegados de prevención. En el sector público constituyen sin más un nuevo mecanismo de segmentación laboral y un intento de dinamitar una cultura de lo público tanto más necesaria que nunca.
IV
No hay que ser muy avispado para comprender que ni estamos ante una reforma equilibrada, ni ésta es progresista. Uno no encuentra ningún atisbo de mecanismos compensatorios con los que gustan llenarse la boca los modernos partidarios de la flexiseguridad (flexibilidad con garantías de derechos). Más bien es una nueva muestra de que las políticas liberales simplemente se orientan al desmantelamiento de derechos y de la acción colectiva, y a la individualización de las relaciones laborales. Como el mundo del XVII, donde un liberal compasivo como Adam Smith describe el mercado laboral en La riqueza de las naciones como un mercado entre desiguales. Los intelectuales liberales de ahora o son más cínicos o más ignorantes (o simplemente hace tanto tiempo que forman parte de una cultura sectaria que son incapaces de reconocer el mundo real).
Hay que combatir el modelo. Aun a sabiendas que a corto plazo las fuerzas están mermadas y hay poco a ganar. Y hay que hacerlo con argumentos que pongan en claro que esta regulación ni es buena como mecanismo para reducir las enormes desigualdades e injusticias que existen en el mercado laboral (generadoras de una enorme diferenciación de las clases trabajadoras) ni va a prestar apoyo al desarrollo de un nuevo modelo productivo.
De lo primero poco hay que explicar. Despidos baratos y fáciles no sólo aumentan las prerrogativas empresariales y permiten introducir nuevas discriminaciones entre empleados (leales y desleales, conformistas y rebeldes, entregados o defensores de su autonomía, individualistas y sindicalistas...). Son también la fuente de nuevas medidas de presión sobre el comportamiento laboral de la gente. Algo que se produce en todos los contextos en los que la desigualdad de poder es extrema, como podemos observar en la situación laboral de los inmigrantes (en la que el tema de los “papeles” es un elemento crucial en la aceptación de condiciones laborales inaceptables). En contra de lo que preconizan los economistas neoliberales, allí donde hay mucho poder patronal florece la desigualdad y la iniquidad.  Y de esto ya tenemos mucho en el mercado laboral español. Ahora tendremos más.
De lo segundo, la experiencia internacional permite mostrar que un cambio de modelo productivo como el que se preconiza sólo puede funcionar si se basa en la cooperación, y ésta exige avanzar en campos tan relacionados como los derechos de participación laboral, el reconocimiento profesional (asociados a procesos formativos adecuados), o la existencia de contextos igualitarios. Todo lo contrario de un modelo diseñado para promover una movilidad dictada autoritariamente por los directivos empresariales, con poco diálogo y pocas garantías de derechos. Alguien debería explicarnos cuál es la racionalidad de subvencionar los despidos, una subvención que pagaran en parte las empresas más respetuosas con el empleo. No deja de ser curioso que ningún liberal se haya quejado de que aquí puede producirse un clásico modelo de “riesgo moral” de transferencia de fondos a los empresarios aprovechados. Pero hace demasiado tiempo que sabemos que la mirada de muchos de esos liberales es estrábica y lo que vale para otras cosas no sirve para el análisis de las políticas liberales.
V
Es tiempo de respuesta. Aun con expectativas limitadas. De realizar un enorme esfuerzo de debate en el seno de las clases trabajadoras. De generar una nueva conciencia de la dignidad y la racionalidad. Tiempo también de saber diferenciar el enemigo principal de las molestias secundarias. Algo que debería saber aplicarse todo el mundo. Desde las grandes organizaciones sindicales, a menudo tan desdeñosas del resto, como de los sectores más radicales, siempre proclives a tomar como enemigo principal al que está más cerca. Si queremos que no todo sea un desastre hay que trabajar por conseguir alguna movilización importante. Y ello requiere esfuerzo compartido, búsqueda de compromiso y colaboración. Lo hemos conseguido otras veces. No podemos dejar que el próximo septiembre sea un nueva nueva autovía a la desesperación. El reto es importante y requiere máxima unidad entre todas las personas y fuerzas que creen que alguna vez podremos salir del bucle de la reforma laboral permanente.

El adversario ausente

Lo formulaba el Roto con uno de sus sintéticas reflexiones: “Fracasa el capitalismo y se hunde la izquierda, ¿Hay quién lo entienda?”. Hay sin duda muchas razones para explicar esta aparente contradicción. Sólo me centraré en lo que me parece más obvio: la inexistencia de un discurso político que realmente cuestione el marco social dominante.  Un marco referencial sin el cual es difícil que las resistencias, el malestar, las demandas sociales insatisfechas puedan traducirse en un verdadero movimiento alternativo.
Los discursos que emplean la mayoría de activistas se debaten entre la propuesta de un modelo de crecimiento diferente (tal es el contenido del nuevo manifiesto elaborado por las direcciones de CC.OO. y UGT), la apelación abstracta a la inviabilidad del capitalismo que explicitan los sectores más radicales, o la simple formulación de propuestas parciales como respuesta a la crisis (como la que formulan los partidarios de la renta básica). A mi entender ninguna de ellas resulta demasiado operativa para generar lo que requiere un proceso movilizador: ideas de fondo, proyectos de transformación que situén un horizonte de reorganización deseable, por un lado, y propuestas de acción a corto plazo en las que pueda avanzarse cambios o cuando menos generar un espacio de confrontación frente a las propuestas neoliberales, por otro. Sin duda pesa la no asumida crisis del “socialismo real”, y pesa también la pluralidad de pensamientos alternativos de la izquierda (el postmodernismo no ha sido sólo una cuestión de los intelectuales de derechas si nos atenemos a la dispersión de planteamientos que confluyen en los movimientos sociales). Y pesa mucho (especialmente en los movimientos sociales más tradicionales) la hegemonía neoliberal ampliamente propagada por los medios de comunicación y buena parte de la academia. Sin generar un espacio referencial alternativo, compartido, es difícil que se acaben por desarrollar movimientos sociales de largo alcance y que el neoliberalismo tenga que hacer frente a una verdadera presión de cambio.
Y ello es más urgente cuando se constata la pluralidad de “crisis” o “graves cuestiones sociales” a las que tenemos que hacer frente y a los que resulta evidente que las respuestas neoliberales son del todo punto inadecuadas. Desde la perspectiva del análisis económico crítico detectamos la superposición de tres grandes vías de fractura: En primer lugar la que podríamos llamar económica convencional, cuyo reflejo es el desempleo, la precarización social, la inseguridad económica para amplios sectores de la población, etc. La segunda es la crisis ambiental, generada por el propio modelo de producción-consumo y cuya gravedad crece a diario (con efectos también en términos de desigualdad). Y la tercera es la crisis social o de los cuidados que se traduce en la persistente desigualdad de género (especialmente en términos de carga de trabajo entre hombres y mujeres, pero también en términos de desigualdades salariales, de poder etc.) y que está asimismo relacionada con la incapacidad de la esfera capitalista de reproducirse por sí misma y de ofrecer condiciones laborales (por ejemplo en la cuestión de los tiempos) que permitan a todas las personas gestionar una vida social plena. Unas crisis que sólo pueden resolverse cambiando el marco organizativo y los objetivos de la actividad económica. Y que es lo que exige construir un marco cultural alternativo donde las apelaciones al crecimiento, la competitividad, la rentabilidad sean substituidos por la necesidad de garantizar la cobertura de necesidades básicas, la sostenibilidad económica y social, la seguridad económica a todo el mundo,  la democracia social, el igualitarismo, la cooperación humana. Un marco que exige no sólo defender valores sino también pensar y defender formas de organización social adecuadas a estos objetivos, que exige reformular las viejas demandas socialistas teniendo en cuenta todo lo aprendido de propuestas fallidas de “socialismo real” (más bien de proyectos burocráticos protosocialistas), de patriarcado y desigualdades de género, de ecologismo y sostenibilidad, de experiencias de participación social, de cooperativismo...
Contar con un proyecto alternativo no basta. Es necesario también desarrollar un espacio de reivindicaciones concretas específicas que avancen en esta dirección. Éstas están ya presentes en muchas de las luchas actuales, pero requieren una cierta puesta en común y una clara confrontación con las políticas de reestructuración en marcha. Hay que insistir en el fracaso real de las propuestas neoliberales y proponer una línea alternativa. A corto plazo me parece evidente que el fortalecimiento del sector público constituye el eje sobre el que pueden pivotar muchas de las demandas. Y ahí no sólo hay buenas razones ideológicas sino también la evidencia empírica de cuales son las sociedades existentes que mejor garantizan derechos sociales. En un país como España, con poco peso de lo público (en términos de impuestos y de gasto), ésta debería ser un campo de demanda y reflexión esencial.
Defender lo público no significa ni apostar por el estatismo ni ignorar los peligros de las burocracias públicas. Supone también desarrollar buenas propuestas de gestión democrática de lo público, de nuevas formas de participación y control social. Pero es la vía más clara de confrontación con un proyecto neoliberal que descansa en el uso sostenido de la accion del Estado en beneficio propio.
Vamos siendo derrotados desde que se inició la crisis. El programa neoliberal sigue marcando el  ritmo de las políticas. Aunque augura pocos éxitos en cuestiones sustantivas. Por esto existe una oportunidad de respuesta en clave tanto de proyectos de transformación radical como de políticas concretas. Pero para que éstas se encarnen hace falta ganas de hacerlo, generación de organización y voluntad de trabajo unitario. Todos tenemos responsabilidad en que no se ahonde la grave crisis social, pero es obvio que son las organizaciones más consolidadas (IU, ICV, sindicatos, etc.) quienes deben abrir las posibilidades para que ello sea, cuando menos, posible de intentar.

05 julio 2010

Últimos días para apuntarse al curso de verano "Nuevas Políticas Públicas para un programa de Izquierdas"

Este mes de julio en El Escorial, desde la Fundación Europa de los Ciudadanos, organizamos un curso sobre políticas públicas y su situación en un contexto de crisis. Creemos que merece la pena desarrollar este debate y reflexión en el marco de los cursos de verano, en un momento en que la crisis y las medidas que en España y en Europa se están desarrollando,  ponen en cuestión el modelo de Estado de Bienestar y las políticas públicas que lo han sustentado. Somos conscientes de la excepcionalidad de la situación y su impacto, por lo que consideramos prioritario dotarnos de un marco de análisis que nos permita construir alternativas y dar respuestas a una ofensiva que pretende instalarnos en los recortes y retrocesos como única opción.

El curso  se enmarca en un análisis sobre Nuevas Políticas Públicas para un programa de Izquierdas. Participan – entre otros -Robin Blakburn, editor de la New Left Review y uno de los economistas políticos de referencia de la izquierda europea. Acaba de salir editado en castellano (editorial Akal) su libro: El futuro del sistema de pensiones. Crisis financiera y Estado de bienestar, y Jean Michel Bonvin, de la Universidad de Geneve que hablará sobre “Un nuevo futuro para las políticas sociales”.

Se desarrollará una mesa específica para sanidad, que modera Gaspar Llamazares, y la compone Sally Ruane y Ángels Matínez Castells con los puntos de vista de Dempeus: Asociación en Defensa de la Sanidad Pública. Otra para la Educación moderada por Dolores Dolz y en la que participan Enrique Díez, profesor de la Universidad de León y José Antonio Antón, Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma.

La mesa de Economía la modera José Antonio García Rubio y participan Fernando Luengo, profesor de Economia de la Universidad Complutense y Director del ICEI, Miren Etxezarreta, economista de referencia en el pensamiento académico y social de izquierdas y una de las animadoras de los congresos regulares de economistas críticos y, Yayo Herrero, coordinadora estatal de Ecologistas en Acción. En la mesa de Empleo contamos con las aportaciones de CCOO y Albert Recio de la Universitat Autónoma de Barcelona.

Se desarrollarán también una mensa sobre Políticas públicas en el espacio europeo, en la participa Willy Meyer  junto con Ana Rico, investigadora titular en salud pública del Instituto de Salud Carlos III y Javier Burón, abogado de Cuatrecasas Gonçalves Pereira y ex Viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco, y otra sobre experiencias en ámbito el municipal y autonómico que coordinará Montserrat Muñoz con la presencia de Julio Alguacil, Profesor Ciencia Política Universidad Carlos III y en la que participarán los Ayuntamientos de Getafe y Rivas y la Diputación de Granada.

El curso lo inagurará Cayo Lara, Coordinador General de Izquierda Unida.

 
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