Anekdotas del saléu nes buries agües de internete.
Anekdotas de la navegación en las borrascosas aguas de internete.

29 noviembre 2010

Conferencia Vicençs Navarro este jueves, 2 de diciembre, a las 19h.

Queda anulada la conferencia.

El jueves 2 de diciembre, la Consejería de Bienestar Social y Vivienda organiza una conferencia del profesor Vicençs Navarro bajo el título "Políticas Públicas en tiempos de crisis".La conferencia será en el aula magna del edificio histórico de la Universidad de Oviedo (C/ Principado) a las 19h.

26 noviembre 2010

Estatuto jurídico del Sahara Occidental

Estatuto jurídico del Sahara Occidental

José Antonio Yturriaga Barberán, Embajador del Reino de España hace un lucido análisis jurídico sobre la situación del Sahara y el comportamiento del gobierno de España en la zona.



La violenta irrupción y destrucción por las fuerzas de seguridad marroquíes del campamento saharaui instalado en Gdeim Izik el 8 de Noviembre del presente año ha planteado el tema de la situación jurídica de la antigua colonia y provincia española del Sahara Occidental. El Ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, justificó en sede parlamentaria la prohibición del Gobierno de Marruecos a la entrada de periodistas españoles en el territorio del Sahara en que dicha acción formaba “parte del núcleo duro de la soberanía del país”. Ante el estupor causado por esta afirmación, trató en los pasillos del Congreso de matizarla al señalar que, en la actualidad, es Marruecos quien determina, por su capacidad de administrar et territorio, quién entra y quién no entra en él. El Vicepresidente 1º del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, aún empeoró la situación cuando, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de 12 de Noviembre, calificó los incidentes en el Sahara de “sucesos en Marruecos”. La Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, tuvo que salir a la palestra para tratar de corregir el entuerto, y afirmó que España no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sahara, si bien constata la situación de control de este territorio por parte de dicho país. Añadió que el conflicto del Sahara no es de carácter bilateral entre España y Marruecos, sino de alcance internacional, y que el Gobierno español trabaja por lograr una “solución justa, duradera y aceptable por ambas partes, y que respete el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui”. Justificó la prudencia del Gobierno -al haber lamentado pero no condenado los graves acontecimientos ocurridos- en que las relaciones con Marruecos son política de Estado y resultan esenciales pues rl vecino Estado es “un socio clave”. El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya había esbozado esta argumentación al declarar que su Gobierno había adoptado una actitud responsable, sensata y prudente para la solución del conflicto y para los intereses de España, que eran los que había que poner por delante de cualquier otra consideración.

¿Cuál es en la actualidad el estatuto jurídico del Sahara Occidental?. Para conocerlo, examinemos brevemente la evolución histórica, política y jurídica del territorio.


La presencia histórica española en África Occidental se remonta a 1474 cuando Diego García de Herrera estableció la fortaleza de Santa Cruz de Mar Pequeña (desaparecida en 1524), y a 1485 cuando Fernán Pérez de Ayala construyó un fortín cerca de Cabo Juby. Por el Tratado Hispano-Marroquí de Tetuán de Paz y Amistad, de 26 de Abril de 1980, Marruecos concedió a España a perpetuidad, en la costa del océano junto a Santa Cruz ka Pequeña, “el territorio suficiente para la formación de un establecimiento de pesquería como el que España tuvo allí antiguamente”, establecimiento que se ubicó en Sidi Ifni. España y Francia establecieron los límites del territorio en el Tratado de Madrid, de 16 de Noviembre de 1910. Hasta 1934 no se produjo su ocupación efectiva con la expedición del Coronel Capaz,y Ifni, pasó a depender del Protectorado Español de Marruecos.


Las empresas pesqueras de Canarias solían faenar a lo largo de la costa del Sahara Occidental. Ya en 1881, la Sociedad de Pesquerías Canario-Africanas construyó un pontón en Villa-Cisneros y, en los años siguientes, se establecieron diversas factorías en la costa de Sahara. El 26 de Diciembre de 1884, España firmó con los jefes nativos de la región un tratado que ponía bajo protección española la zona comprendida entre Cabo Bojador y Cabo Blanco. El tratado fue puesto en conocimiento de las potencias europeas y, ni en ese momento un durante la presencia española en la región, se recibió protesta o reclamación territorial alguna por parte de Marruecos. Desde 1886 se iniciaron las negociaciones entre España y Francia para delimitar el territorio (llegó a elaborarse incluso un proyecto de arbitraje por parte del Rey de Dinamarca), pero no se logró a un acuerdo hasta el Tratado de París, de 27 de Junio de 1900. La ocupación real del Sahara no se culminó hasta 1920, tras la expedición del Coronel Bens.


En 1946 se creó el África Occidental Española, integrada por los territorios del Sahara Occidental y de Ifni, que permanecieron unidos hasta la disolución de la entidad tras el Decreto de 10 de Enero de 1958, que concedió el rango de provincias a ambos territorios, siguiendo el modelo ultramarino de Portugal. Se trataba de una provincialización más formal que real, pero el Gobierno español dejó de considerarlos “territorios no autónomos”, y así lo comunicó a la ONU.


La Asamblea General no aceptó las tesis hispano-portuguesas y amenazó a ambos países con sanciones si no facilitaban a la Organización información sobre la evolución de sus territorios no autónomos, de conformidad con el artículo 73 de la Carta. A diferencia de Portugal, España se plegó a las presiones onusianas y, en 1960, comunicó que –aunque no estaba obligada en derecho- facilitaría la información solicitada con carácter voluntario. Era una decisión poco coherente desde el punto de vista jurídico, pero extremadamente pragmática. En su XV, sesión la Asamblea fue sensible a la declaración española y modificó el proyecto de resolución que estaba considerando. En su resolución 1542(XV), de 15 de Diciembre de 1960, la Asamblea afirmó que las “provincias” portuguesas -expresamente mencionada en una lista que incluóa de Cabo Verde a Timor- eran territorios no autónomos sobre los que Portugal estaba obligado a enviar información. La resolución no mencionó los territorios españoles, acogió con satisfacción la declaración del representante de España e invitó al Gobierno español a participar en los trabajos del Comité de Información.


Al mismo tiempo, la Asamblea adoptó otras dos resoluciones capitales para acelerar el proceso de descolonización: la 1514(XV), que incluía una “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”, y la 1541(XV), que enumeraba los “Principios que deben guiar a los Estados miembros para determinar si la obligación de comunicar las informaciones previstas en el artículo 73-e) de la Carta de la ONU les es aplicable o no”.


La primera –calificada de “Carta Magna de la Descolonización”- hacía hincapié en la independencia, al afirmar que “serán tomadas medidas inmediatas en los territorios bajo tutela, los territorios no autónomos y todos los territorios que todavía no han accedido a la independencia, para transferir todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin ninguna condición ni reserva, conforme a su voluntad a sus deseos libremente expresados, sin ninguna distinción de raza, de creencia o de color, a fin de permitirles gozar de una independencia y libertad completas”.


La segunda era más matizada al señalar que un territorio no autónomo podía alcanzar su plena autonomía mediante su constitución en un Estado independiente y soberano, o su libre asociación con, o su integración en otro Estado independiente. Esta tesis fue reiterada diez años más tarde por la resolución 2625(XXV). La independencia, por tanto, no es la única forma que tiene un territorio dependiente para culminar el ejercicio de su libre determinación.


Hasta el 21 de Abril de 1961 no se produjo la primera reivindicación formal de soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental y la declaración del Sultán Hassan II fue rechazada por España. Por resolución de 16 de Octubre de 1964, la Asamblea General instó al Gobierno de España a que adoptara de inmediato las medidas encaminadas a aplicar plena e incondicionalmente a los territorios de Ifni y del Sahara Español las disposiciones de la “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”. Dos años más tarde, la Asamblea pidió a España que acelerase el proceso de descolonización de ambos territorios, si bien con matices diferentes, pues si para Ifni pidió que lo hiciera mediante la negociación con Marruecos, para el Sahara Occidental recomendó la celebración de un referéndum de libre determinación sobre la independencia, en consulta con los interesados y vecinos, y bajo los auspicios de la ONU. Marruecos expresó su rechazo a la recomendación de la Asamblea relativa al Sahara.


España inició negociaciones con Marruecos sobre Ifni y, por un Tratado de 4 de Enero de 1969, se acordó la devolución del territorio a Marruecos. En cuanto al Sahara Occidental, siguió el proceso de descolonización -especialmente la elaboración de un censo creíble de una población mayoritariamente nómada- y, el 23 de Mayo de 1975, el Gobierno español comunicó al Secretario General de la ONU la intención de poner fin a la presencia de España en el territorio, mediante la celebración de un referéndum bajo los auspicios de la Organización. Marruecos rechazó esta decisión y reclamó la devolución de los “territorios usurpados”, amenazando con proceder a una invasión. Y desplegando fuerzas en la frontera. Mauritania, a su vez envió una nota al Secretario General en la que afirmaba sus pretendidos derechos sobre el Sahara Occidental.


Marruecos –con el apoyo de Mauritania y Argelia propuso que, para aclarar la situación jurídica del territorio, se solicitara un dictamen al Tribunal Internacional de Justicia. La Asamblea accedió a esta solicitud y pidió al Tribunal que expresara su opinión sobre si el Sahara Occidental era un territorio sin dueño -res nullius- en el momento de su colonización por España, y sobre cuáles eran los vínculos jurídicos existentes entre dicho territorio y el reino de Marruecos y el complejo Mauritano.


En su dictamen de 26 de Octubre de 1975 , el TIJ afirmó que, en el momento de la colonización española, existían, lazos y allegiances –especialmente de vasallaje- entre el Sultán de Marruecos y algunas tribus que vivían en el territorio del Sahara Occidental, y algunos derechos relativos a la tierra que constituían lazos jurídicos entre Mauritania y el citado territorio, pero de la información disponible no se establecía ”ningún lazo de soberanía territorial entre el territorio del Sahara Occidental y el reino de Marruecos o el complejo mauritano”, Y concluía lo siguiente:”El Tribunal no ha encontrado que existan “vínculos jurídicos de tal naturaleza que modificaran la aplicación de la resolución 1514(XV) respecto a la descolonización del Sahara Occidental y, en particular, del principio de autodeterminación a través de la libre y genuina expresión de la voluntad de los pueblos del territorio.


Negándose a aceptar la evidencia, el Gobierno marroquí afirmó en un comunicado que el TIJ había reconocido la legitimidad marroquí, la allegiance entre Marruecos y el Sahara Occidental y la existencia de un conflicto jurídico con España, por lo que no había duda de que el territorio saharahui era parte integrante de Marruecos. El dictamen, sin embargo, supuso un duro golpe para el prestigio de Hassan II y para la estabilidad del reino jerifiano. El temor de Estados Unidos a que la posición de su aliado marroquí pudiera verse adversamente afectada por la eventual creación de un débil Estado saharaui, bajo la influencia de una Argelia pro-soviética llevó a su implicación directa en la organización y apoyo de la llamada “Marcha Verde”. Según Jesús Palacios, la marcha fue ideada por el Secretario de Estado, Harry Kissinger, y panificada por la CIA, cuyo Subdirector General, Vernon Walters, se desplazó a Marruecos para coordinar y dirigir la operación. No sé si esto es cierto, pero lo que no cabe ninguna duda es de que esta gran operación no pudo ser llevada a cabo sin la ayuda material –especialmente logística- y el respaldo político de Estados Unidos y Francia.


El 6 de Noviembre de 1975 partió hacia el Sahara Occidental la marcha “pacífica” de decenas de miles de civiles, debidamente encuadrados y escoltados por tropas de “elite” del Gobierno marroquí (se habla de hasta 350.000 civiles y 35.000 militares). Hassan II se aprovechó de la circunstancia favorable de que el Jefe del Estado español, Francisco Franco, se encontraba en su fase biológica terminal y que el Gobierno de Carlos Arias Navarro era extremadamente débil, tanto en el plano interno como en el internacional. La situación era realmente delicada pues –aunque España gozaba de superioridad militar- no resultaría aceptable para la opinión pública internacional la respuesta armada del Ejército español contra una masa de civiles, que pudiera provocar bajas mortales, por lo que sería acusada de genocidio.


Ese mismo día, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 380(1975), en la que deploraba la realización de la marcha e instaba a Marruecos a que retirara inmediatamente del territorio saharaui a todos los participantes en la misma, pero Marruecos hizo oídos sordos a la petición de Naciones Unidas Ante la situación de callejón sin salida en la que se hallaba y bajo la presión –supuestamente amistosa- de Estados Unidos y Francia, el Gobierno español capituló y suplicó a Hassan II que detuviera la marcha. Envió a Rabat como negociador al Secretario General del Movimiento, José Solís, quien aceptó sin rechistar las leoninas condiciones marroquíes. El 14 de Noviembre de 1975, seis días antes de la muerte de Franco, se firmó el secreto Acuerdo de Madrid, por el que España transfirió la administración del Sahara a Marruecos y a Mauritania. Tan sólo se hizo pública la siguiente declaración:


“España se propone poner definitivamente término a su presencia en el Sahara, lo más tarde el 28 de Febrero de 1976. En el ínterin se propone transferir sus poderes y responsabilidades a una Administración temporal que se ha de constituir por la adscripción de los gobernadores adjuntos (marroquí y mauritano) al actual Gobernador General. Colaborará la Yemáa, que expresará la opinión de la población. Esta declaración se ha adoptado en el respeto de los principios de la ONU.


1.-España ratifica su resolución de descolonizar el territorio.


2.-España instituirá inmediatamente una administración temporal adscribiendo dos gobernadores adjuntos marroquí y mauritano.


3.-Respeto a la opinión saharaui a través de la Yemáa.


4.-Este documento entrará en vigor el día en que se publique en el BOE la “Ley de Descolonización del Sahara”.


La Ley de Descolonización fue aprobada por as Cortes el 16 de Noviembre y, en Febrero de 1976, España se retiró del Sahara Occidental. En Agosto de 1979, Mauritania seguiría su ejemplo y abandonó la parte sur del Sahara, dejando todo el territorio en poder de Marruecos..


Los saharauis, liderados por el Frente Polisario no aceptaron esta transferencia e iniciaron sus ataques contra las tropas marroquíes, que habían ocupado el territorio al socaire de la “Marcha Verde”. El 27 de Febrero de 1976 la Organización de la Unidad Africana reconoció al Polisario como representante del Sahara y se proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, que fue aceptada por la Organización. Como consecuencia de ello Marruecos abandonó la OUA.


Se inició entonces una larga y cruenta guerra entre Marruecos y el Polisario y numerosos saharauis tuvieron que refugiarse en campamentos en la región de Tindouf (Argelia). Marruecos construyó un muro de Norte a Sur del Sahara y las zonas allende el muro pasaron a control de los saharauis. La ONU trató de mediar en el conflicto y su Secretario General propuso en 1988 un Plan para la pacificación y libre determinación del Sahara Occidental. En 1991 se logró la firma de un alto el fuego, bajo los auspicios de la ONU, que envió tropas (MINURSO) para velar por su cumplimiento. El Consejo de Seguridad adoptó diversas resoluciones, en las que se acordó que en 1992 se celebraría un referéndum de libre determinación en el territorio y el Secretario General nombró un Representante Personal para que velara por su realización.


Marruecos inició una táctica de resistencia pasiva destinada a ganar tiempo y consolidar su posición en el territorio. La principal excusa fue que el censo elaborado por España era insuficiente y había que actualizarlo. En el ínterin fue enviando miles de colonos marroquíes al Sahara Occidental, al tiempo que expulsaba a un gran número de saharauis de su territorio. Así calculaba que, a medio plazo, el Sahara estaría formado por una mayoría pro-marroquí que -cuando finalmente se realizara el referéndum- votaría a favor de la integración del territorio en la “madre patria”.


Pasó el plazo previsto de 1992 y Marruecos siguió con su política obstruccionista, con el respaldo de Estados Unidos y Francia, que boicotearon en el seno de la ONU cualquier tentativa de presión sobre el ocupante marroquí. Se sucedieron los Representantes Personales y las resoluciones que exigían la realización del referéndum de libre determinación, pero el Gobierno marroquí siguió haciendo caso omiso de las recomendaciones onusianas.


El 29 de Enero de 2002 el Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la ONU, Hans Corell, presentó un famoso informe sobre el Sahara Occidental en el que –entre otras cosas- decía lo siguiente: “El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el territorio, ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, condición que España, por si sola, no podía haber transferido unilateralmente”. Al no haber transferido la soberanía del Sahara ni a Marruecos ni a Mauritania, España seguía siendo de iure la potencia administradora y el territorio continuaba pendiente de ser descolonizado hasta que su población expresara libremente su decisión, a través de un referéndum organizado por la ONU.


Ya en Abril de 2001, el Representante Personal del Secretario General, James Baker –antiguo Secretario de Estado de Estados Unidos-, había presentado un proyecto de Acuerdo marco del estatuto del Sahara Occidental, de “inspiración marroquí”, según él mismo reconoció. Constaba de dos fases: en la primera se elegirían un Ejecutivo y una Asamblea Legislativa a los que se condecían unas competencias limitadas, bajo el control de Marruecos. Al cabo de cuatro años, la Asamblea nombraría un nuevo Ejecutivo, que negociaría con el Gobierno marroquí el estatuto final del territorio. Se imponían dos condiciones claves para la realización del plan: que pudieran votar en las elecciones todos los ciudadanos instalados en el país un año antes de su celebración y que se excluyera la independencia de las fórmulas a negociar para el futuro del Sahara. El Plan Baker-I fue rechazado tanto por el Frente Polisario como por Argelia y recibió un golpe de gracia del Informe Corell. El Polisario propuso que el territorio fuera administrado directamente por la ONU, pero el Secretario General se negó a considerar semejante propuesta.


James Baker revisó completamente su proyecto y el 17 de Abril de 2003 presentó un nuevo “Plan de paz para la autodeterminación del pueblo de Sahara Occidental”, que fue unánimemente aceptado por el Consejo de Seguridad en su resolución 1495/2003. Se mantenía el sistema de dos fases, pero se introducían importantes modificaciones. En la primera fase, en la que se elegían una Autoridad y una Asamblea provisionales, sólo podrían participar en la votación los saharauis incluidos en el censo de la ONU (unos 86.000 ciudadanos). Se concedían a la Autoridad importantes competencias de carácter interno, mientras el Gobierno marroquí conservaba las competencias más importantes, como las relaciones exteriores y la defensa. A los 4 o 5 años se celebraría una segunda votación en la que –además de los saharauis censados por la ONU- podrían participar todos los ciudadanos no censados residentes en el país desde 1999 (unos 130.000 colonos marroquíes) y los saharauis instalados en los campamentos de Argelia censados por la ACNUR (unos 160.000 ciudadanos). En estas elecciones –realizadas bajo el control de Naciones Unidas- los votantes podrían pronunciarse por cualquiera de las soluciones previstas en las resoluciones de la Asamblea General: independencia, integración o asociación.


El Frente Polisario y Argelia aceptaron con ciertas reservas el Plan Baker-II. También lo aceptó en principio Marruecos, aunque solo con la boca pequeña, ya que hizo especial hincapié en la parte de la propuesta que establecía un régimen de autonomía bajo su tutela, que se prolongaría sine die. El nuevo monarca Mohamed VI se declaró ardiente propulsor de un régimen autonómico “a la española”, dentro del Estado marroquí. Y lo peor es que los impulsores del Plan Baker-II –Francia y Estados Unidos- renegaron del mismo y se mostraron sensibles a las pretensiones del Sultán de solucionar la descolonización del Sahara Occidental mediante la fórmula de la autonomía. En el último discurso del Trono, Mohamed VI ha afirmado categóricamente que Marruecos jamás renunciará a la soberanía sobre sus “provincias del Sur”, a las que estaba dispuesto a conceder un generoso régimen de autonomía.


Tras la instauración de la democracia, los sucesivos Gobiernos –con mala conciencia- mantuvieron que, si bien España había dejado de ejercer sus funciones de potencia administradora en 1976, el Sahara Occidental no quedaría descolonizado hasta que el pueblo saharaui ejerciera su derecho a la libre determinación, y adoptó una actitud favorable a la realización, en el momento oportuno, de un referéndum bajo el control de la ONU. Durante el Gobierno de José María Aznar, España aprovechó su presencia en el Consejo de Seguridad para integrarse en el grupo de los “Amigos del Sahara” -compuesto por los miembros permanentes del Consejo- y apoyar el Plan Baker-II. Tras la llegada al Gobierno en 2004, el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero realizó un giro copernicano en la política exterior española en temas básicos como los de Gibraltar o del Sahara Occidental. Así, aunque ha seguido defendiendo el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, ha iniciado una vía de acercamiento a las tesis marroquíes, ha dejado de insistir en la absoluta necesidad de celebrar cuanto antes un referéndum en el territorio y ha dejado entrever que podría aceptar la descolonización del Sahara mediante la concesión al territorio de un régimen amplio de autonomía bajo la soberanía del Reino de Marruecos, al considerar que el Plan Baker-II había quedado obsoleto..


Esta actitud es incorrecta desde el punto de vista jurídico, e incluso en el plano político. Como han dejado meridianamente claro tanto el Dictamen del TIJ como el Informe Corell, el Sahara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización, de conformidad con las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, especialmente la que formula la “Declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales”. Como acertadamente ha dicho el Profesor Julio González Campos, “la vía técnicamente correcta es la consulta a la población autónoma del territorio, utilizando procedimientos democráticos fundados en el sufragio universal de los adultos –cuya pureza garantizarán las Naciones Unidas- para determinar si los habitantes optan por la independencia, la asociación o la integración a un Estado independiente”. El pueblo saharaui es muy libre de decidir integrar su territorio en el Reino de Marruecos -con o sin un régimen de autonomía- o en cualquier otro Estado, pero esto sólo podrá hacerse mediante un referéndum democrático en el que pueda expresar libremente su opinión. Para garantizar el ejercicio del derecho de libre determinación es indispensable que las fuerzas marroquíes de ocupación se retiren previamente del país.


En su deriva pro-marroquí, el Gobierno español ha manifestado repetidas veces que es partidario de solucionar el conflicto saharaui mediante un acuerdo entre las partes en el seno de la ONU. Si lo que se pretende con ello es que el problema se resuelva a través de las negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario, como las celebradas en Nueva York al día siguiente del asalto marroquí al campamento de Gdeim Izik, la premisa de la que se parte no tiene fundamento legal, dado que -según el principio general del Derecho- “de la injusticia no nace derecho” (.ex iniuria nec oritur ius)). Marruecos no es parte en el proceso de descolonización del Sahara Occidental pues carece de cualesquier título jurídico, ya que la ocupación militar del territorio no puede ser considerada como tal. Las partes son España y el pueblo saharaui, representado –según la OUA- por el Polisario. El Gobierno español declinó en 1976 la responsabilidad de España como potencia administradora del Sahara Occidental, pero no estaba autorizado transferir a Marruecos la soberanía del territorio. Marruecos es la potencia ocupante del territorio, que administra de facto, pero no tiene derecho alguno a apoderarse de él si no cuenta con la autorización del pueblo saharaui libremente expresada mediante referéndum.


La ONU, sin embargo, ha aceptado la situación de fait accompli y dado beligerancia a la ocupación del Sahara por Marruecos, al considerarlo parte implicada en el proceso de descolonización del territorio. De ahí que haya preconizado y facilitado la celebración de negociaciones entre Marruecos y el Ferente Polisario, bajo la mirada benevolente de los “Amigos del Sahara”. El Gobierno marroquí ha dejado languidecer estos contactos e incluso ha abandonado durante años las negociaciones. Justo después del asalto al campamento de Gdeim Izik se han reanudado éstas, que carecen de relevancia al no negociar Marruecos de buena fe. Al gozar del uti possidetis del Sahara, el Gobierno marroquí no tiene el menor interés en negociar la celebración de un referéndum de libre determinación en el territorio. El tiempo corre a su favor y su implantación en el Sahara se consolida mientras la RASD y el Polisario –en su exilio argelino- y el pueblo saharaui en general ven debilitada su posición con el transcurso del tiempo. El Gobierno podrá prolongar impunemente sus tácticas dilatrias mientras siga contando –como hasta ahora- con el incondicional respaldo de Estados Unidos y Fracia.


También ha dicho el Gobierno español que ha de velar por los intereses de España por delante de cualquier otra consideración, y que hay que tener especial consideración con Marruecos porque es un socio clave. Esta descarnada reafirmación maquiavélica de la “razón de Estado” ( “el fin justifica los medios”) parece poner en tela de juicio –o dejar en un segundo plano- los principios de la Ética o la Moral Universal, el Derecho Internacional y los Derechos Humanos. Es evidente que resulta fundamental para los intereses de un Estado llevarse bien con los Estados vecinos, pero no por ello se ha de condonar todo lo que hagan, especialmente si violan los derechos de un pueblo militarmente ocupado y del que España sigue siendo responsable conforme al Derecho Internacional. Marruecos es, por otra parte, un Estado vecino conflictivo y problemático, que reiteradamente reivindica como suyos territorios españoles. Es verdad que hay que procurar mantener con él las mejores relaciones posibles, pero hacerle concesiones o ignorar o consentir sus desafueros no van a calmar su visceral actitud reivindicativa y anti-española. Los nacionalismos –sean en el ámbito nacional o en el internacional- son insaciables. Cuando se les concede algo, lo dan por supuesto y reclaman más. En cuanto consiga fagocitar finalmente el Sahara Occidental, es más que probable que Marruecos concentre sus esfuerzos en la “recuperación” de los Peñones y las Islas Chafarinas y, tras ellos, de Ceuta y Melilla. Los regímenes autocráticos se crecen ante la actitud conciliadora, que consideran signo de debilidad. Con Marruecos, como con cualquier otro Estado, España debe mantener una actitud de firmeza en defensa de los principios fundamentales en los que se inspira, incluido el respeto de los derechos humanos.


José Antonio de Yturriaga Barberán

Embajador de España

Sáhara. La pasión de l@s olvidad@s


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Publicado en Opiniones de Jay

19 noviembre 2010

Non ai perfección onde non ai delecto; dos ventaja inclúi: poder escoyer, y lo meyor.

Saber elegir. Vivir es saber elegir. Se necesita buen gusto y un juicio muy recto, pues no son suficientes el estudio y la inteligencia. No hay perfección donde no hay elección. "Oráculo manual y el Arte de la Prudencia" Baltasar Gracián 1647.

Saber escoyer. Vivir ye saber escoyer. Precísase bon gustu y un xuiciu bien rectu, pos nun son abondos l'estudiu y l'intelixencia. Nun hai perfección onde nun hai elección. "Oráculu manual y l'Arte de la Prudencia" Baltasar Gracián 1647.


Hombre de buena Elección. Lo más se vive della. Supone el buen gusto y el rectíssimo dictamen, que no bastan el estudio ni el ingenio. No ai perfección donde no ai delecto; dos ventajas incluye: poder escoger, y lo mejor. Muchos de ingenio fecundo y sutil, de juicio acre, estudiosos y noticiosos también, en llegando al elegir, se pierden; cásanse siempre con lo peor, que parece afectan el errar, y assí éste es uno de los dones máximos de arriba. "Oráculo manual y el Arte de la Prudencia" Baltasar Gracián 1647.

Home de bona Elección. Lo más se vive della. Supon el bon gustu y el rectíssimo dictame, que nun basten l'estudiu nin l'inxeniu. Non ai perfección onde non ai delecto; dos ventaja inclúi: poder escoyer, y lo meyor. Munchos d'inxeniu fecundu y sutil, de xuiciu acre, estudiosos y noticiosos tamién, en llegando al escoyer, piérdense; cásanse siempres colo peor, que paez afecten l'errar, y assí ésti ye unu de los dones máximos de riba. "Oráculu manual y l'Arte de la Prudencia" Baltasar Gracián 1647.

12 noviembre 2010

El arte de los bancos

Con el dinero de todos dejan pelado a cada uno.

En el libro "La década oscura: 1940-1950" de Luis Garrido, leo: " Llevábamos una vida de trabajo y miseria dentro de la ley." ¿De verdad han cambiado tanto las cosas?

¿Enemigos?

En política, si respeto a mi enemigo y mi enemigo me respeta es indicativo de que hemos dejado de ser enemigos. Respeto, no; ahora bien, considerar la inteligencia, los medios y la falta total de escrúpulos de tu enemigo, cuando tu enemigo es el poder, desde luego, sí.

Además, por mucho que en algún momento lo pretenda, tu enemigo jamás te respeta ni te respetará, a no ser que te ofrezcas a hacerle algunos favores como amigo.

Ejércitos

Me recuerdan siempre la frase de George Bataille: "Sucede con la nobleza del guerrero como con la sonrisa de la prostituta, cuya verdad es el interés". Cambiar

Si un paseo por la orilla del mar fuese suficiente para cambiarlo todo, se prohibiría pasear por la orilla del mar. Quienes lo intentaran serían cazados a tiros como animales, serían detenidos y torturados y se les juzgaría en la Audi.ncia Nacional por terroristas. Encontrarían la forma, se lo aseguro.

Un gran sueño que tuve, pasear por la orilla del mar y cambiarlo todo. Enfin, cada vez que salgo a pasear me lo pienso dos veces y evito la proximidad del mar... todos los policias van armados para matar.
¡Qué obviedad! ¿Para qué ir armados, si no?

Leer

Me gusta leer a los grandes autores: novelistas, pensadores (suponiendo que los tales hayan pensado)... y me gusta hacerlo mediante lo que llamo una lectura inocente, como la del buen salvaje. Es decir, tomándome realmente en serio y al pie de la letra lo que leo. Es entonces, cuando encuentro la inanidad de tantas y tantas cosas escritas.

Publicidad

He visto en una agencia de viajes un cartel publicitario con el siguiente reclamo: "Piense con el bolsillo". Menos con la cabeza, con cualquier cosa.

Por Kevin Vázquez
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05 noviembre 2010

Cuaderno de crisis / 22

Envejecimiento, pensiones: contra el reduccionismo neoliberal
I
Los fundamentos de las políticas de bienestar estriban en garantizar la seguridad económica de las personas, en su capacidad de satisfacer necesidades básicas a lo largo de toda su vida, mediante la combinación de empleo y prestaciones públicas. Éstas deben diseñarse con el objetivo de cubrir todas aquellas eventualidades en que el empleo no es posible, bien por circunstancias personales (enfermedad, discapacidad, jubilación), bien porque la actividad económica es incapaz de ofrecer empleo. En sus orígenes, al final de la Segunda Guerra Mundial, formaban parte de un verdadero pacto social en el que el capitalismo iba a ser mantenido a cambio de garantizar esta seguridad económica básica al conjunto de la población. Es obvio que el neoliberalismo significó la ruptura unilateral de este pacto aduciendo falsas razones.
Asistimos a una nueva ofensiva contra una parte de estas políticas, las de jubilación, alegando que el envejecimiento de la población obliga a un nuevo ajuste. Como es habitual en este tipo de planteamientos, se “naturalizan” los problemas para justificar políticas que apelan a dilemas sociales más complejos. Contamos ya con diversas aportaciones críticas (de Josep González Calvet, Miren Etxezarreta, Juan Torres, Vicenç Navarro...) que permiten cuando menos discutir aspectos clave del discurso dominante, y que permiten explicar en parte por qué fallaron las anteriores previsiones (realizadas por las mismas personas y los mismos centros de opinión), como las que se refieren a la simple extrapolación de la evolución demográfica. Seguramente, cuanto mayor es el período estimado de tiempo en el que se hacen las previsiones, mayores son las posibilidades de que éstas fallen y, por tanto, menor es la fiabilidad de las extrapolaciones simplistas. Igual ocurre con otras variables clave en los modelos, como la del empleo o la del aumento de la productividad “per cápita”. Si algunas de las variables de los modelos son inciertas, es asimismo discutible que la única forma de financiar la seguridad social sea la actual, basada en contribuciones sobre los salarios. Y buena parte de las justificaciones del ajuste actual se basan en mantener inalterado el modelo de financiación (basado en contribuciones salariales), lo que justifica la vía del recorte como la única posible. Asimismo, están claros los intereses sociales de los promotores de las reformas, defensores de la creación de un sistema obligatorio, suplementario, de fondos de pensiones que daría una enorme posibilidad de negocio al sistema financiero (por no repetir notas anteriores, sigo aconsejando entrar en la web de Fedea y ver quiénes son sus patronos, qué intereses tienen). Vale también la pena estudiar cuál ha sido la evolución real de estos fondos, qué ha ocurrido en países como Chile (donde constituyen el centro del modelo de jubilación), y debería aún considerarse el papel que ha desempeñado la expansión de los fondos de pensiones en la financiarización del sistema económico y, en definitiva, en la generación del caos financiero actual. Todo esto ya se ha comentado, aunque merece la pena profundizar en ello, afinarlo y discutirlo.
II
Aunque las razones esgrimidas para oponerse a las actuales reformas son potentes y adecuadas, creo que hay otras cuestiones que deben plantearse, tanto para erosionar las razones del ejército de propagandistas del capital financiero como para empezar a buscar soluciones a los problemas en los que fundamentan su posición.
Una primera cuestión que hay que discutir es la visión acerca del mercado laboral que legitima las propuestas de alargar la edad de jubilación y calcular la retribución sobre la base del conjunto de la vida laboral. El supuesto subyacente en su análisis es que la vida laboral de cada cual es un mero proceso de elección individual, que la gente se jubila cuando quiere. Pero, por lo que sabemos del mercado laboral, las cosas son bastante diferentes, y ello por razones diversas. El empleo es más o menos estable en función del tipo de actividad que cada uno realiza, lo que a su vez guarda una estrecha relación con la posición social de cada cual, el género, la nacionalidad, etc. Algunos sectores de actividad están más sujetos a variaciones que otros, y, en general, las personas que ocupan muchos de los empleos de bajos salarios están más expuestas a experimentar períodos de desempleo que otras mejor situadas en la jerarquía social (especialmente porque, al diseñar estos empleos, las empresas tratan de cargar el riesgo y la variabilidad de muchas actividades sobre las espaldas y los bolsillos de la población asalariada más débil socialmente). Sabemos también que las ofertas de empleos a tiempo parcial o estacionales, característicos del mercado laboral femenino, están asociadas a esta misma lógica. Al final, lo que cada uno ha cotizado es el resultado de una vida laboral más o menos azarosa en la que las decisiones personales han tenido un papel secundario.
Asimismo, las condiciones de salud a las que uno llega a partir de los sesenta años son muy diferentes en función de la vida laboral anterior (incluida la doble presencia —en el espacio mercantil y en el doméstico— que, al menos hasta hoy, caracteriza a la experiencia vital de la mayoría de las mujeres). Propugnar que todo el mundo puede alargar de la misma forma su vida laboral hasta los 67 años es una muestra no sólo del clasismo que impera en la Academia económica, sino también del desconocimiento de los datos sobre salud que expresan una relación clara entre los años de vida y la experiencia laboral. Todo ello sin contar también con que, en el período final de la vida laboral, las personas experimentan desigualdades enormes en sus posibilidades de empleo: mientras que algunos pueden elegir libremente alargar la vida laboral (caso de los profesores de universidad) y otros negociar razonables sistemas de prejubilación (el personal de grandes empresas, especialmente en sectores como el financiero), a otros, en cambio, la pérdida del empleo les supone una vida de paro y precariedad en los años finales de su vida laboral mercantil...
Una política justa debería ser capaz de reconocer todas estas desigualdades y tratar de paliarlas, algo que podría hacerse de formas diversas: variando las edades de jubilación según los empleos y las condiciones objetivas, estableciendo medidas compensatorias (vía impuestos) en favor de los colectivos afectados por mayores alteraciones en el empleo, estableciendo escalas de pensión aceptables para todo el mundo… Unas propuestas que exigen no sólo intervenir en las políticas de jubilación, sino también reorganizar la vida empresarial y laboral. Se trata de algo que resulta evidente cuando se considera la necesidad de alcanzar una adecuada articulación entre actividad mercantil y actividad doméstica, adaptándolas a ciclos de vida y necesidades cambiantes y con el objetivo de reducir sustancialmente las desigualdades de género. O cuando nos planteamos que todo el mundo debe tener derecho a una vida social digna (de trabajo, relaciones sociales y participación social). O cuando, simplemente, nos planteamos la necesidad de introducir medidas justas en campos como la salud.
La estilización del mercado laboral de la que parten los defensores de una sola medida no es más que la proyección de sus condiciones de empleados académicos de elite a un mundo real mucho más diverso (y, para muchas personas, inhóspito). Sin duda, plantear políticas como las que propongo no sólo constituye una confrontación de clase, sino que obliga a cambiar la situación relativa de ciertos grupos de trabajadores, lo que puede generar tensiones y resistencias en el seno de las mismas organizaciones obreras. Por poner un ejemplo, computar toda la vida laboral en el cálculo de las pensiones empeora claramente la pensión de los empleados que han podido mantener un empleo a lo largo de su vida laboral (o que han experimentado una carrera ascendente), pero puede mejorar, en cambio, la pensión de aquel trabajador que ha perdido un “buen” empleo relativo y en los últimos años de su vida laboral ha tenido que sobrevivir en empleos peores. Aunque las reformas se proponen con el claro objetivo de reducir el tamaño de las prestaciones y, por tanto, merecen un rechazo frontal, hay que aprovechar el debate para introducir mejoras que generen más equidad; como el reciente aumento de las cotizaciones de los autónomos, un sistema que en el pasado ha favorecido injustamente a los pequeños empresarios bajo la coartada de proteger a los trabajadores autónomos menos afortunados.
III
Tomémonos en serio el envejecimiento, un éxito en gran medida de las sociedades modernas. Si muchos vamos a vivir más años y a partir de un cierto momento vamos a tener menos vigor laboral (aunque, insisto, posiblemente hay una enorme variedad de situaciones y, en parte, una posibilidad de reorganizar la vida laboral), es lógico que una parte mayor de la renta global se distribuya vía pensiones. El problema estriba en cómo organizar un nuevo sistema más igualitario, de distribución de la renta. Si la renta total sigue creciendo, ello significa que estaremos en condiciones de distribuir mayor producto entre todos. Si la renta se estanca o disminuye, a causa de la caída demográfica o simplemente porque la crisis ecológica impide mantener los niveles de destrucción/despilfarro actuales, seremos globalmente más pobres, y parece razonable que también en este caso la austeridad se reparta entre todos. Por esto parecería lógico que, cada vez más, las políticas distributivas se debatieran en su globalidad y no que, como se hace con el recorte de las pensiones, simplemente se obligue a un colectivo a cargar sin más con todo el ajuste. Esto es especialmente injustificado en España, un país que, pese a tener un porcentaje de población mayor de 65 años algo superior a la media de los países de la OCDE (el 25% frente al 24%), dedica a pensiones 3 puntos menos del PIB (el 9,2% frente al 12,3%), lo que supone que un porcentaje mayor de la población se reparte una menor proporción de la renta total. Creo que en el futuro va a ser difícil mantener el actual nivel de despilfarro productivo, aunque existen enormes posibilidades de racionalizar nuestro modelo de vida y alcanzar niveles de vida satisfactorios, pero precisamente por ello considero que debemos introducir el debate de la distribución general, que incluye no sólo las pensiones, sino también los salarios, las rentas del capital y los impuestos.
Hay otro aspecto del envejecimiento que se pasa por alto. Lo que ya sabemos es que en una sociedad envejecida no sólo se requieren más pensiones, sino también más trabajo, especialmente para atender a la franja de personas mayores, necesitadas de grandes dosis de cuidados. Se trata de una atención que hoy sigue cargándose injustamente sobre las mujeres (incluida la nueva “subcasta” de las inmigrantes pobres), una situación que debe generar un nuevo debate acerca de cómo cubrir estas necesidades sociales, de cómo repartir justamente esta carga de trabajo, de cómo garantizar un final de vida digno a todo el mundo. Algo que la Ley de Dependencia ha planteado sin resolver satisfactoriamente, y algo que exige también cambios en la esfera laboral, las políticas públicas y los roles de genero. También aquí los partidarios del ajuste desconocen o ignoran una dimensión básica de la cuestión.
IV
Parar la ofensiva del recorte va a costar. Lo hemos visto en Francia, en Alemania y en el Reino Unido. Y a pesar de todo hay que responder. No sólo con políticas defensivas del statu quo, sino también planteando alternativas que reconozcan la complejidad de los dilemas a los que hay que dar respuestas. Que planteen justicia, equidad frente a lo que en su mayor parte son brutales intereses crematísticos justificados por intelectuales de elite que nunca van a experimentar en carne propia los padecimientos que proponen como “medidas necesarias”.

 
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