Carta de Jesús Iglesias a Cayo Lara

D. Cayo Lara Sr. Coordinador General
IZQUIERDA UNIDA

Estimados compañeros

Como sabéis, desde Izquierda Unida de Asturias venimos trabajando con intensidad por reforzar el proyecto político que representamos para la izquierda alternativa. Consideramos que nuestra organización debe asumir, como tarea prioritaria en el actual contexto, liderar la oposición de izquierdas en nuestro país frente a la política de derechas de Zapatero y el Partido Socialista. Los socialistas han renunciado a afrontar la crisis desde la izquierda y están adoptando un conjunto de medidas dirigidas a cargar la factura de la crisis precisamente a aquellos que no la han provocado: pensionistas, trabajadores, jóvenes… Para ello han emprendido el camino de un brutal recorte del gasto público, sacrificando recursos que van destinados a educación, sanidad, empleo… es decir, al conjunto de la política social en nuestro país. Para afrontar la crisis el Gobierno de Zapatero ha fijado una hoja de ruta que pasa, inevitablemente, por desmantelar el Estado de Bienestar, por eliminar los derechos sociales y laborales que han sido posibles gracias a la lucha del movimiento obrero en nuestro país.

Y mientras esto ocurre, mientras el Gobierno del PSOE recorta pensiones y salarios, opta por el tijeretazo en la política social, deteriora los servicios públicos, sacrifica los presupuestos destinados a educación, sanidad, dependencia, política social… se niega a adoptar ni una sola medida dirigida a garantizar que los verdaderos culpables de la crisis asuman parte del coste. Ni reforma fiscal para garantizar más ingresos públicos y exigir sacrificios precisamente a aquellos que más se han beneficiado del crecimiento de los últimos años, para hacer posible que los ricos contribuyan más a financiar las medidas anti­crisis. Ni reforma financiera para evitar que la falta de normas permita la especulación sin límites que ha llevado al borde del colapso el sistema financiero.

Un Gobierno que no ha tenido el menor problema en activar planes de rescate multimillonarios para la banca, financiados con dinero público, pero se niega a imponer un impuesto específico a los bancos para financiar las medidas anticrisis como han hecho, entre otros, varios países gobernados por la derecha. Un Gobierno que recorta las pensiones pero no toma ni una sola medida para avanzar en una mayor progresividad fiscal en nuestro país o que mira a otro lado ante el multimillonario fraude fiscal que hay en España mientras recorta el presupuesto de la Agencia Tributaria.

En este contexto, en el que miles de ciudadanos que pudieron haber apoyado electoralmente al PSOE se sienten hoy traicionados, IU tiene la obligación de centrar todos sus esfuerzos en liderar la oposición desde la izquierda a la política de Zapatero. Ésta debe ser nuestra principal prioridad, y en ello debemos centrar todos nuestros esfuerzos. Debemos fortalecer IU, ofrecer una organización más cohesionada, más plural, que sirva de altavoz de las soluciones de izquierdas frente a la crisis en las instituciones, en los centros de trabajo, en la Universidad, en las asociaciones ciudadanas…

Refundar IU es reforzar IU, y no hay mejor hacerlo que intensificando el esfuerzo y el trabajo de nuestra organización frente a la crisis. Es decir, reforzar la utilidad de IU como alternativa política para las personas de izquierda en nuestro país, reforzar la credibilidad de nuestro discurso, reforzar la necesidad de incrementar nuestro respaldo electoral para tener más capacidad de influir y decidir en las instituciones.

No es creíble que mientras hablamos de refundación, los ciudadanos vean cómo personas que forman parte del patrimonio político de IU son excluidos. No podemos abrir las puertas de la organización mientras alejamos de IU a personas que han jugado un relevante papel en los últimos años. Así no se refuerza una organización política sino que se debilita.

Hemos constatado con preocupación cómo el proceso de refundación, lejos de servir de oportunidad para reforzar nuestro proyecto político ha sido concebido como una refundación de laboratorio con llamamientos y documentos que pretendían tener un impacto mediático pero que no han contribuido a incorporar a nuestro proyecto a nuevas personas, todo lo contrario, el balance de la refundación arroja un resultado negativo: ya no están en IU muchos destacados militantes de nuestra organización y se ha excluido a importantes dirigentes que bien podían jugar un destacado papel en los próximos años. Interesantes discursos que van en una dirección y actuaciones que lo hacen en dirección opuesta.

Hemos constatado que el núcleo de dirección federal es incapaz de garantizar el adecuado e imprescindible cumplimiento y respeto de los acuerdos del Consejo Político Federal. Unos acuerdos que ahora se vulneran y que suponían una garantía para toda la organización en este proceso por cuanto fijaban las normas del juego: la refundación no podía suponer que aquellas personas que tienen como único objetivo destruir IU pudieran hacerlo desde dentro de la organización. Hemos comprobado la falta de autoridad y autonomía política para garantizar el respeto a los acuerdos adoptados democráticamente por parte de los máximos responsables federales de IU.

Hemos comprobado, a lo largo de los últimos meses la falta de voluntad política para afrontar con coraje la necesaria normalización interna para reforzar nuestra capacidad de trabajo y propuesta a la sociedad española.

No es casual que en las últimas semanas hayamos intensificado nuestra voluntad de diálogo para propiciar acuerdos que beneficien los intereses generales de Izquierda Unida. Precisamente, fruto de este esfuerzo, en la tarde del jueves 24 de junio los máximos responsables tanto de la Federación de Asturias como de la dirección federal alcanzaron un acuerdo que superaba los conflictos, garantizando el respeto a las decisiones adoptadas por el Consejo Político Federal de IU y permitiendo que la principal prioridad, la acción política frente a la crisis, fuera el eje central de nuestro trabajo. En coherencia, Asturias iba a participar con una delegación que superaba las cuarenta personas.

Lamentablemente, horas más tarde, la Secretaría Federal de Organización comunica la imposibilidad de la dirección federal de garantizar el cumplimiento del acuerdo ante las presiones de un sector de la dirección del PCE que pretende, a toda costa, presentarse a las próximas elecciones al margen de IU y con candidaturas propias. Este es el verdadero debate que hay en el fondo de todo este proceso. Hay dos modelos, el de los que apostamos por una IU fuerte y los que trabajan para destruir IU y presentarse a las elecciones con candidaturas excluyentes y bajo las siglas del PCE u otras. Es decir, se anteponen los intereses de un sector del PCE al interés general de nuestra organización, Izquierda Unida. Algo que sólo beneficiará al Partido Socialista.

Ante la falta de autoridad política de la dirección federal de IU y a la vista de todas estas circunstancias, una vez realizados innumerables intentos de solucionar esta situación, agotadas las vías de diálogo y negociación que hemos activado, y constatada la falta de voluntad para protagonizar los cambios que las circunstancias requieren para dar respuesta a los problemas de la gente, hemos decido que la federación de Asturias no participará en la Asamblea de Refundación que se celebrará mañana sábado.

Es una decisión difícil, ya que en Asturias hemos impulsado un proceso abierto a la sociedad, organizando decenas de reuniones y actos abiertos que nos permitieron acudir al encuentro de colectivos, asociaciones, organizaciones y personas para analizar las respuestas a la crisis y el papel de la Izquierda en este momento. Un proceso que culminó con un importante acto en Oviedo, al que acudieron cientos de personas y decenas de organizaciones asturianas (entre ellas los sindicatos, federaciones de asociaciones de vecinos, organizaciones de personas mayores, consumidores, consejos de la juventud…). Nosotros queríamos formar parte de un proceso de refundación que fortaleciera a IU, pero no hay condiciones para participar en otra refundación, la que se ha impuesto, la refundación de un sector del PCE sobre IU. Lejos de un proceso abierto y de futuro, estamos ante una posible involución política perjudicial para la izquierda alternativa de este país.

Esperamos y deseamos que la dirección federal de IU recupere su autoridad, sea capaz de garantizar el cumplimiento de los acuerdos del máximo órgano de dirección de IU y, por tanto, pongan fin al secuestro político al que están sometidos en estos momentos.

Oviedo, 25 de junio de 2010

En nombre de la dirección de IU de Asturias, Jesús Iglesias / COORDINADOR GENERAL

IZQUIERDA UNIDA DE ASTURIAS / IZQUIERDA XUNIDA D’ASTURIES
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Asamblea sobre la crisis y la refundación de la izquierda.

"Según lo acordado por los órganos de dirección de IU de Asturias, se convoca la asamblea sobre la crisis y la refundación de la izquierda para el jueves 17 de junio de 2010 a las 6 de la tarde en el auditorio de Oviedo.

A dicha reunión están convocadas todas las personas que forman parte del Consejo Político de IU de Asturias, de todos los consejos políticos locales, todos los cargos públicos y otras personas que vienen participando en IU en las diferentes áreas, así como en nuestra Fundación.

Asimismo, es fundamental que se haga una invitación expresa a todas las asociaciones y entidades de ámbito local, comarcal o autonómico para que realicemos un gran acto frente a la crisis y las políticas conservadoras, así como recibir las propuestas desde ámbitos externos a IU."

Un buen momento para hacer una nueva reflexión colectiva sobre nuestro  quehacer político, nuestras alianzas de gobierno, y nuestro futuro inmediato. 

Debemos salir de la asamblea reforzados internamente y ofreciendo una clara alternativa de izquierdas a la sociedad asturiana.

Cuaderno de crisis / 18: El harakiri de Zapatero

Albert Recio Andreu

I

Escribir una crónica mensual conlleva el peligro de repetir lo que muchos han ilustrado en días precedentes. Es este el caso del comentario sobre el ajuste presupuestario aprobado esta semana por el Congreso y anunciado con anterioridad. Entre el anuncio inicial y la aprobación nada a cambiado, excepto el anuncio por parte de Zapatero de un posible impuesto “Robin Hood” más pensado para tratar de recuperar imagen que como un aumento serio de cambio de la política fiscal.

No hacía falta ser muy perspicaz para preveer que la deriva de la crisis se traduciría en un brutal recorte del gasto público y la presión, aún no concretada, por profundas reformas estructurales en derechos laborales y sociales. En los últimos meses la presión era ya insostenible por el efecto combinado de las presiones ejercidas desde los mercados financieros, las instituciones internacionales (FMI, OCDE y una UE que cada vez más parece una especie de marca germánica).

También era previsible que el primer gran recorte se realizara en las partidas anunciadas. Tampoco esto es nuevo. En anteriores crisis ya se realizaron recortes en los salarios públicos y en el sistema de protección al desempleo. Simplemente ahora se ha pasado de la mera congelación a la reducción drástica, así como a la congelación de las pensiones y los recortes en la aplicación de la ley de dependencia, las ayudas-bebé (una medida demagógica cuya eliminación está a todas luces justificada) y la ayuda internacional.

El que sean éstas y no otras las medidas aplicadas tiene que ver con dos cuestiones entrelazadas: su inmediatez y su aceptabilidad social. Siempre es más fácil recortar en una gran partida que espurgar en todo el presupuesto. Y siempre es socialmente más justificable cargar las tintas sobre un colectivo social, el de los funcionarios, que es percibido por el resto de la población como un sector privilegiado. Una política que utiliza las fracturas sociales entre la población trabajadora para desarrollar verdaderas políticas antisociales. Ni se puede negar la existencia de un estatus social diferenciado ni reconocer que en una parte del sector público prevalecen situaciones que merecen reflexión. Especialmente el diferente trato en materia de derechos sociales (que conduce a que una parte importante de funcionarios públicos sea atendido por la medicina privada) y, en algunos casos, el papel que han jugado los partidos en el poder a la hora de colocar a sus simpatizantes en determinadas áreas de la Administración. El hecho de que el acceso a muchos puestos de la función pública esté asociado a la posesión de una titulación académica contribuye asimismo a una cultura de clase media entre los empleados públicos que los diferencia del resto de trabajadores. Pero todas estas fracturas sociales no justifican ni la imagen parasitaria que se genera del sector ni que éste deba cargar con un ajuste injusto e inadecuado. La medida incluye recortes salariales y también reducción de plantillas (no ampliándolas y no cubriendo las bajas por jubilación), lo que en definitiva puede traducirse en una carga insostenible de trabajo y en un evidente deterioro de la calidad del servicio.

También en las otras partidas se ha tratado de minimizar la reacción social. Los recortes directos se producen en prestaciones aún no consolidadas, o se limitan a la congelación de pensiones. Aunque en este caso la percepción de que se ha producido un tijeratazo en derechos sociales es imposible de evitar. Y aunque con datos en la mano puede demostrarse que fue el PP quien aplicó recortes sostenidos del gasto social en el período aznarista, la imagen de Rodríguez Zapatero quedará indudablemente asociada a la de un Presidente que realizó un duro ajuste presupuestario impuesto por las instituciones internacionales.  Alguien que no hace mucho alardeaba de su éxito económico y que no ha podido impedir un fiasco de las proporciones actuales. Zapatero sigue la senda de Schröeder y otros políticos socialdemocrátas cuyo “realismo” les ha conducido a finiquitar la imagen social  que constituía el mayor reclamo electoral de sus formaciones. Y seguramente, su pretendida imagen de responsabilidad sólo le valdrá para mantener la confianza de sus más fieles servidores y el elogio interesado de unos medios de comunicación hoy más que nunca altavoces de los “diktats” de los focos de pensamiento neoliberal, pues es previsible una sangría electoral de una gran parte de electores perplejos. Nunca se puede decir que se haya llegado al final, pero la rendición de la socialdemocracia europea a las prescripciones de la economía neoliberal parecen indicar que realmente estamos presenciando el ocaso de una corriente que nació como un intento de presentar una propuesta de capitalismo de cara amable frente a la alternativa del bolchevismo. 

II

Pueden hacerse muchas valoraciones sobre las medidas del gobierno. La mayoría tienen que ver con aspectos de equidad y justicia social. Aquí creo que hasta el mismo gobierno es consciente de la injusticia cometida y por ello en los últimos días se esfuerza en anunciar un pretendido impuesto a los ricos que, por lo que se comenta, parece que no llegará ni para pagar el envoltorio del chocolate del loro. Pero los partidarios de las medidas (de hecho la totalidad de las élites sociales del país) se aprestan a recordarnos que se trata de un sacrificio necesario para resolver los desequilibrios del país, de una purga que hay que tomar para restablecer la salud económica. O, en un tono más académico, que una vez más hay que sacrificar la equidad en aras a la eficiencia. 

La eficiencia es siempre una cuestión vidriosa, por más que los economistas neoclásicos pretendan tener una medida incontrovertible basada en la aplicación de los criterios de Pareto. A menudo la eficiencia está en consonancia con el objetivo que se pretende alcanzar. Si el objetivo prioritario de la política económica es el pleno empleo o el crecimiento, parece claro que los recortes presupuestarios son todo menos eficientes. De hecho tras el anuncio de las medidas todos los productores de proyecciones económicas han revisado a la baja las previsiones de crecimiento y elevado las de paro. 

Si lo que se quiere es reducir el deficit a largo plazo tampoco ésa parece ser la vía adecuada. No sólo porque las medidas se anuncian como transitorias sino porque los problemas del sistema fiscal español no son de exceso de gasto sino de déficit de ingresos. Basta ojear los datos que ofrece Eurostat para observar que la recaudación fiscal española (sumando impuestos y seguridad social) ha estado sustancialmente por debajo de la media europea (incluso en 2007, el momento de mayor auge, estaba 4 puntos por debajo de la media; en 2009 ésta diferencia se ha duplicado), particularmente en relación con los países desarrollados con los que el país trata de asemejarse (incluso el liberal Reino Unido tiene una carga fiscal superior). El nivel de España sólo se sitúa por encima de Irlanda (otro de los “tigres” a los que se ha obligado a aplicar un plan de ajuste) y de algunos países del Este. Lo que podríamos considerar “una atracción perversa”. 

Reducir el déficit por la vía del gasto es a la postre generar un empeoramiento de las condiciones de vida de la población, puesto que en términos generales el diferencial de ingresos tiene su contrapartida en un menor nivel de gasto social y en servicios como sanidad y educación. Cuando del análisis del gasto pasamos al de la estructura ocupacional la mayores diferencias respecto al conjunto de la UE se experimentan en un “exceso” de empleo en la construcción —aunque ahora claramente reducido a causa de la crisis sectorial— y en un “deficit” ocupacional en sanidad y servicios sociales, clara muestra de la insuficiencia de las políticas sociales españolas. Recortar el gasto es pues alejarnos del nivel deseado. Lo que no quiere decir que no haya que recortar gastos superfluos y racionalizar el sector público. Curiosamente, cuando se habla de gastos superfluos todo el mundo piensa en los ostentosos coches oficiales (un buen símbolo para denunciar las prebendas de las castas políticas), pero se habla bastante menos del exagerado gasto militar (en tareas de comparsa del imperio) y aún menos de las subvenciones al sector empresarial. Por ejemplo, España es un país que gasta proporcionalmente más que el resto en subvenciones al empleo, algo que diversos estudios internacionales han mostrado que se trata de una subvención con pocos o escasos efectos reales. 

Es por tanto acertada la propuesta de diversos grupos parlamentarios de izquierda de promover un ajuste vía impuestos y de plantear que ésta sí debería ser una de las reformas estructurales a emprender en los próximos meses. 

Tampoco hay ninguna pista de que esta política vaya a permitir resolver los problemas estructurales de la economía española, resultado de un complejo cúmulo de determinantes (para el lector interesado, en las próximas semanas podrá consultar varias de las ponencias centrales que debatimos en las pasadas Jornadas de Economía Crítica en el número 9 de la Revista de Economía Crítica http://www.revistaeconomiacritica.org/) que han dado lugar a un modelo insostenible en lo económico, lo ambiental y lo social. Transformar esta estructura en otra viable a largo plazo requiere tocar muchas teclas y grades dosis de intervención pública y participación democrática, todo lo contrario que los injustos e inadecuados planes de ajuste que tratan de imponerse desde los centros del poder económico mundial. Y aún hay quien pensaba que el consenso de Washington estaba finiquitado.