Anekdotas del saléu nes buries agües de internete.
Anekdotas de la navegación en las borrascosas aguas de internete.

28 enero 2012

21 de Enero: Acto de presentación de La Comuna.

En http://www.lacomunapresxsdelfranquismo.org/

Mitin del colectivo La Comuna en favor de las presas y presos del franquismo. Contra la impunidad del franquismo. No olvidamos. Seguimos en marcha. Intervención de Manuel Blanco Chivite. Madrid 21-01-2012


18 enero 2012

“Somos los presos incómodos de la Transición y luchamos contra su falseamiento"

Represaliados del tardofranquismo reclaman su lugar en la memoria colectiva desde la asociación La Comuna, que se presenta en Madrid el próximo 21 de enero.
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PRESOS POLÍTICOS. José Luis Pérez, Chato Galante y Manuel Blanco, resistencia antifranquista. Foto: David Fernández

La lucha por la memoria y contra la impunidad franquista ha conocido en los últimos años cierto auge con la localización de fosas comunes y las demandas por la rehabilitación de las víctimas del genocidio durante y después de la Guerra Civil. Sin embargo, en ella había un espacio vacío, el de los opositores en el tardofranquismo. Reconocen que lo que sucedió hace 70 años está aún en carne viva, pero “nuestro tiempo es otro”, afirma José Luis Pérez, preso político en esta época. “Nosotros las víctimas las llevamos encima”, aclara Chato Galante, que también pasó por prisión. “Somos la generación que a partir de los años 60 se enfrentó a la dictadura y que sufrió, por ello, tortura, cárcel, exilio, clandestinidad y el más diverso tipo de represalias. Somos las represaliadas y represaliados vivos, quienes podemos dar testimonio directo de aquellos crímenes”, proclama el manifiesto de La Comuna.
En el relato oficial, “se presenta la Transición como la salida pacífica de una dictablanda en la que ya apenas había represión política, lo que es una falsificación”, sostiene Chato. “No se repararon los perjuicios que causó el régimen, por lo que no hay reconciliación en el proceso”, apunta José Luis. Los represaliados de ese tiempo “resultamos incómodos porque es una época cercana, todavía vivimos los represores y nosotros, nos podemos ver las caras”, señala Manuel Blanco, que también pasó por los presidios franquistas.
“Nuestra propia existencia como presos en ese período pone en cuestión ese mismo modelo de transición. Hubo decenas de miles de encarcelados, condenados a muerte y asesinatos políticos. Impugnamos lo que dice Mayor Oreja de que fue una época apacible. El Franquismo fue un régimen brutal hasta el último minuto”, sentencia José Luis, que argumenta que “no es un período de irregularidad histórica, como quieren hacer ver, es una dictadura que ha sido sangrienta y para terminar con ella algunas fuerzas pactaron como reconciliación algo que nuestra existencia demuestra que es inaceptable”. Para Manuel, “quien gana (la Transición) es la gente que ganó la guerra, imponiendo un modelo previsto por el dictador. Es una componenda entre un sector del antifranquismo y una parte del régimen”.
Los pactos de la Transición impusieron un manto de silencio sobre la naturaleza del Franquismo y sus crímenes, “en la Transición abundaba el arte de hacer que las cosas no existan”, ya que “no se juzgó a los franquistas, no se depuraron responsabilidades, se hizo una ley de punto final”, lamenta José Luis. Manuel no duda en afirmar que “todo el aparato policial, judicial y carcelario franquista tiene una continuidad perfecta con los de la monarquía, pasan intactos, sólo se cambian las placas de los despachos”.
Cultura de la tortura
Las torturas en este período eran frecuentes. “El trato en comisaría dependía del momento en que te cogieran”, explica José Luis, “yo caí 15 días después de que mataran a un policía y me tocó la parte más dura”. Chato cuenta que “al entrar en comisaría nos hacían el pasillito y nos molían a golpes. En los interrogatorios la Policía pretendía destruir nuestra dignidad más que sacarnos información. No es que aumentaran la presión en función de la pregunta que te habían hecho, te golpeaban antes de preguntar”. “Intentar dialogar no te ahorraba ninguna hostia, y después llegabas a la celda con una sensación muy fea, como de colaboración”, expone José Luis. Manuel asegura que “hay una continuidad entre la policía armada, creada con el asesoramiento de un nazi como Himmler, y la policía nacional actual. La cultura de estos cuerpos ha cambiado nada o muy poco”.
En otros países, como en Portugal o Alemania, al finalizar sus regímenes represores los archivos policiales se han hecho públicos. Sin embargo aquí, denuncia José Luis, “los archivos de la brigada político social no se han divulgado, ni siquiera para la investigación. Han pasado 40 años y no se conoce ni los nombres de represores, ni cómo siguieron en el aparato del Estado. Exigimos que se abra”.
El Tribunal de Orden Público fue el siniestro instrumento con que el tardofranquismo reprimió delitos como injurias al jefe de Estado o asociación ilícita, en referencia a militancia en partidos y sindicatos no autorizados por el régimen. Instruyó 3.798 causas antes de que el Gobierno de Adolfo Suárez lo cerrara, ya en 1977, y trasladara parte de sus competencias a la Audiencia Nacional. “La magistratura podrida pasó íntegra a la monarquía. Cualquier juez que esté en torno a los 60 años ha pertenecido casi con toda probabilidad al aparato franquista”, apunta Manuel. “Aunque seguro que existían y existen individualidades diferentes, al que torturaba, al juez militar de los consejos de guerra, le han ascendido ya con la monarquía, si no ha muerto impune hace poco”, acusa José Luis.
Reivindicaciones de La Comuna
El objetivo principal de La Comuna es luchar contra la impunidad del Franquismo, exigiendo la derogación de las leyes de amnistía. “Queremos denunciar la falsificación de la Transición que nos quieren hacer creer con la versión oficial”, lanza José Luis. “Yo pelearé por ver en el banquillo a Billy el Niño (apodo del tristemente célebre torturador Juan Antonio González Pacheco) porque se lo debo a la gente que palmó”, contribuye Chato.
También forma parte de su reivindicación la depuración del aparato del Estado. “Queremos que quienes participaron en la represión sean apartados y procesados por sus crímenes. No es aceptable que, todavía hoy, en la judicatura o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sigan ocupando puestos de responsabilidad quienes juraron y acataron principios del movimiento nacional”, proclaman en su manifiesto. “Pedimos la anulación de todos los procesos del Franquismo. No queremos la amnistía de los mismos que nos condenaron sin legitimidad, queremos que esa condena se anule”, explica Chato. Entre sus reivindicaciones, también piden reconocimientos legales. “Hay una serie de derechos que tenemos que tener, relacionados sobre todo con la cotización a la seguridad social de quienes estamos a punto de pasar a la jubilación. Está documentado que fuimos represaliados, y eso es la prueba de que nuestra militancia fue un servicio a la comunidad”, explica José Luis.
La Comuna, aseguran, “está abierta a todas las personas que por su participación política sufrieron las represalias del Franquismo”.

01 enero 2012

Cuaderno de depresión: 5

En http://www.mientrastanto.org/

Albert Recio Andreu

En manos del idealismo económico

I

Los idealistas están tan enamorados de sus ideas que piensan que la realidad es tal como la imaginan. Esperan que el mundo real se adaptará a sus iniciativas. Lo único que falta es voluntad y decisión para aplicarlas. Al coste que sea, aunque los primeros de pagar peaje suelen ser las personas que cuestionan su maravilloso mundo ideal. Al coste que sea, aunque al final ellos mismos acaben experimentando la dureza de haber confundido la realidad con sus intereses. Pero antes de llegar a una crisis final los grandes idealistas muestran una enorme capacidad para traducir los datos que obtienen de la realidad a su propio esquema analítico. Los idealistas convencidos son gente tenaz, que no se desanima a la primera sino que tienden a adaptar sus percepciones a su esquema inicial. Todo sea para alcanzar su objetivo final, que estiman perfecto.

Todas las grandes construcciones idealistas de la humanidad han adoptado estas dinámicas. Empezando por las grandes religiones, siempre dispuestas a imponer sus criterios ideales de moral al resto de los mortales, siempre en conflicto con los avances del conocimiento y la razón. Tampoco se han escapado de esta dinámica muchos de los grandes proyectos políticos laicos. Ni la izquierda defensora de la razón pudo escapar a la deriva stalinista que fue, entre otras cosas, una desastrosa experiencia de idealismo autoritario.

No parece que a la humanidad le sea fácil escapar al poder de los grandes idealistas y cada cierto tiempo millones de personas se ven sometidas a la irracionalidad que impone alguna variante exitosa de idealismo.

II

Volvemos a estar bajo el influjo de otra variante del idealismo. Muy sofisticada puesto que aparenta fundamentarse sobre la base racional que le proporciona la “ciencia económica”. Sus ejecutores no son sacerdotes que apelan a su conexión con la divinidad, ni burócratas autocráticos que se limitan a aplicar la norma que se deriva de la autoridad: son “técnicos” que fundamentan sus acciones en la razón, el conocimiento científico y la experiencia. No deja de resultar chirriante que los mismos que pilotan la salida de la crisis sean los responsables intelectuales de habernos conducido allí, pero sin duda apelan al mismo principio que el guía de un viaje que tras habernos extraviado apela a su experiencia para reconducir la partida.

La construcción ideal que sostiene las actuales políticas económicas es el resultado de más de cien años de elaboración sofisticada de un mismo pensamiento. De una depurada capacidad para fagocitar todos los intentos de análisis alternativos, de soslayar todas las sólidas criticas que con el tiempo ha ido recibiendo desde dentro y desde fuera de la propia academia, de minimizar los costes sociales y los fracasos acumulados. La misma crisis actual es la culminación de un largo periodo de hegemonía del idealismo neoliberal que servía por sí solo para mostrar lo inadecuado del modelo. La crisis, lejos de obligar a una revisión en profundidad del modelo, ha servido para todo lo contrario. Uno, habituado a trabajar en una Facultad de Economía, se pregunta cuál sería el ambiente que se viviría si estuviera en cualquier centro de investigación médica o en un gran hospital cuando se estuviera expandiendo una enfermedad mortal y ni los conocimientos al uso ni los remedios aplicados sirvieran para atajarla. Uno esperaría encontrar un gran clima de desazón, de debate, de trabajo para encontrar alternativas no exploradas anteriormente.... Muy diferente al clima de mi facultad (me temo que el de todas), donde todo sigue como si el diluvio ocurriera en otro planeta, donde se sigue explicando el mismo modelo ideal y se siguen dando cheques en blanco a los tecnócratas de siempre.

III

Una muestra palpable de que el dogma se mantiene inalterado lo hemos vuelto a presenciar en la pasada cumbre europea. Aquella que debía servir para reconstruir el proyecto europeo (algo menos pretencioso que refundar el capitalismo) Pero que solo ha consistido en una imposición formal del mismo tipo de políticas que ya se vienen haciendo y que no han hecho más que agravar la situación.

Lejos de considerar cuáles son los problemas estructurales de las distintas economías nacionales y de evaluar la profundidad de los “fallos de mercado” que están en el origen y el desarrollo de la crisis actual, lo que se ha aprobado es una mera repetición de una de las variantes del programa ideal. La que trata a la crisis como una especie de empacho colectivo que exige una purga de caballo tras la cual el paciente estará en condiciones de rehacer su vida por sus propias fuerzas. Esto y no otra cosa es lo que propugnan los programas de ajuste para sanear la economía y restablecer la confianza: llevarnos al coma colectivo para que los empresarios tomen confianza y se lancen a invertir, producir y crear empleo.

En una nueva vuelta de tuerca, este nuevo acuerdo impone nuevas restricciones al modelo. De una parte obliga a alcanzar unos resultados cuantitativos (nivel de deuda, de desempleo, etc,) considerando que los mismos son el mero resultado de un empeño político local, sin analizar si las condiciones estructurales de cada país explican estos problemas ni si es el propio modelo de construcción europea —orientado a promover la concentración empresarial, sin desarrollar mecanismos de redistribución interna— contribuye a agravarlos. De otra, propugna que los países con problemas deberán adoptar reformas estructurales emanadas del modelo de referencia y sin evaluar cuál es el impacto real de las mismas. Considerar que un país con elevado desempleo simplemente debe abordar una reforma laboral neoliberal supone, cuanto menos, pasar por alto varias cuestiones básicas: a) que ninguna de las reformas precedentes adoptadas con la misma línea de intervención ha generado cambios sustanciales; b) que el modelo laboral que se presenta como general es muy diferente del que realmente existe en los países que padecen menos el desempleo masivo.

Tampoco se han entretenido a reevaluar la política monetaria. Ninguna propuesta de revisar una política de préstamos masivos a la banca privada con el argumento que ello servirá para financiar la economía real, mientras se cierra la posibilidad de prestar a Gobiernos con problemas. Ningún cuestionamiento del funcionamiento de un mercado financiero que mientras sigue restringiendo el crédito al resto de sectores, experimenta un inusitado crecimiento de los mercados financieros secundarios de carácter especulativo.

Más que una reforma de la construcción europea, lo que se ha aprobado es una regla para imponer a las naciones más desfavorecidas la aplicación de unas medidas de dudosa eficiencia y de indudable impacto social negativo. Y mientras tanto se elude la adopción de una política global en aquellos campos donde, desde otra óptica, parece que es urgente intervenir: la adopción de una verdadera estrategia inclusiva de desarrollo social, la jibarización y reorganización del sistema financiero, la erosión de los privilegios de las impresentables castas dominantes, y la reorientación de la actividad económica hacia una perspectiva de sostenibilidad social y ambiental.

IV

La variante local de este idealismo neoliberal que anuncia el nuevo gobierno neofranquista de Rajoy es aún más chocante que la receta general. Ya se sabe que en España el idealismo extremo siempre ha tendido importantes partidarios. Aunque cuando escribo estas líneas aún no se ha anunciado ninguna medida concreta (más allá de la previsible congelación del salario mínimo), lo expresado en el congreso y lo contenido en su programa electoral indica cuál es el núcleo básico de su idealismo económico.

Ante lo inevitable de aplicar un programa de ajuste económico, las únicas medidas concretas que anuncia el programa es una nueva batería de recortes fiscales: desgravación a la vivienda, a planes de pensiones, a las empresas. Siempre con la coartada de que el sistema funciona con la confianza de los inversores y que ésta se fundamenta en no pagar impuestos. Si se aplica tal cual el programa solo puede conducir a una quiebra del sector público y con ello a una recesión agravada. No sólo de la generalización del mal social que ya experimentamos con los ajustes en marcha sino del hundimiento de una estructura económica que además de proveer de servicios y bienestar a la sociedad sostiene una parte crucial de la demanda de muchos sectores privados del país. Más bien da la impresión que los ideólogos del PP siguen convencidos de que la política del “pelotazo” que les funcionó en la década anterior puede servir para volver a instalarles en el éxito, ignorando que el contexto crediticio que permitió aquella situación se ha evaporado.

Si el programa se aplica tal cual y se combina con el modelo de reformas estructurales que propugnan los ideólogos neoliberales podemos asistir a una crisis sin precedentes, con un elevado grado de sufrimiento social. Nada nuevo: así han acabado todas las experiencias dogmáticas de la historia.

V

El realismo y el materialismo siempre han constituido los antídotos de las construcciones idealistas. Y el idealismo irracional siempre ha constituido el cemento cultural usado para imponer impresentables intereses de clase o de casta al conjunto de la sociedad. Por esto somos nosotros, las víctimas, los que debemos ser capaces de romper este ensueño irracional. Los estudiantes del 68 pedían “lo imposible”. A nosotros, más modestos, nos toca exigir algo menos vistoso, nos toca exigir “lo necesario”: un marco económico racional que permita a todo el mundo subsistir dignamente.

Empleo, subempleo y minijobs

Desde principios de la década de 1980 las elites económicas han extendido la idea que el desempleo es el mero resultado de la rigidez del mercado laboral. España sería en esta versión el paraíso de la rigidez. En un principio se atribuía al exceso de protección al empleo (restricciones al despido). Pero ésta es una presunción difícil de justificar cuando el país constituye el paraíso del empleo temporal y cuenta con uno de los salarios mínimos más bajos del continente. Y el volumen de empleo tiende a responder más exageradamente que en otros países a la evolución de la actividad económica. Los antaño defensores de la hipótesis de la rigidez tuvieron que reformular hace años su argumento a la vista de estas evidencias y elaboraron una variante más sofisticada según la cual era la excesiva protección de los empleos fijos la que generaba la también excesiva temporalidad. Llevamos años bombardeados por la propaganda de los partidarios de esta visión reductiva del funcionamiento del mercado laboral, a favor de imponer un contrato único con un bajo nivel de protección, pero ahora que su objetivo esta cerca de cumplirse (la última reforma laboral ya se acercó a este objetivo al igualar el coste real del despido procedente y el de los empleados temporales, aunque sigue manteniendo un coste mayor para el despido improcedente) son cada vez más conscientes que esto tampoco va a ser suficiente para reducir el desempleo. En los próximos tiempos, lo que se va a llevar más será otra propuesta de flexibilidad, la de introducir de forma masiva contratos a tiempo parcial para “repartir el empleo” entre más personas. Y para ello se aduce la evidencia europea de muchos países donde el tiempo parcial alcanza cotas mayores que en el nuestro.

El tema del empleo a tiempo parcial está en el núcleo de la contrarrevolución neoliberal. La formulación del viejo pacto keynesiano a finales de la Segunda Guerra Mundial presuponía que la consecución del pleno empleo era la base para garantizar la seguridad económica a todo el mundo. Para ello, un empleo era una actividad laboral que a cambio debía proveer de ingresos suficientes para subsistir y ofrecer, al mismo tiempo, una posición social digna, Un empleo no era cualquier actividad remunerada, sino sólo aquella que cumplía estas dos condiciones: ingresos y condiciones laborales adecuadas.

El concepto de empleo estaba completamente separado del de subempleo, todas aquellas actividades que si bien podían proporcionar algunos ingresos no cumplían ninguna de las dos condiciones básicas: suficiencia de ingresos y condiciones aceptables. En el subempleo se encontraban tanto actividades de corta duración temporal y bajos ingresos, como empleos que no generaban ingresos suficientes a pesar de forzar a largas jornadas laborales (como ocurre con muchos de los empleos informales de los países en desarrollo) y empleos que suponían una completa desvalorización social. El objetivo era el empleo. El subempleo debía tomarse como una evidencia del mal funcionamiento económico.

El optimismo del primer keynesianismo suponía que el pleno empleo era alcanzable por medio de una adecuada intervención pública (política macroeconómica), pero también se era consciente de que había situaciones en las que el empleo no podría alcanzarse a corto plazo (paro coyuntural) o simplemente no era adecuado para las personas (enfermedad, jubilación). De ahí que las prestaciones económicas del Estado de Bienestar constituyeran los complementos a la política de empleo en orden a garantizar la seguridad económica.

En este esquema había, sin embargo una excepción: el modelo se basaba en una concepción tradicional del papel de la familia y la posición relativa de hombres y mujeres. Se propugnaba el pleno empleo para hombres y mujeres solas, pero la familia seguía constituyendo el núcleo de parte de la actividad reproductiva y de redistribución de renta. El destino fundamental de las mujeres adultas era el de pasar a convertirse en amas de casa. Un esquema indeseable desde el punto de vista de la igualdad e insostenible ante los cambios en las relaciones familiares y de género que han experimentado las sociedades occidentales.

El abandono de las políticas keynesianas (y de facto del objetivo del pleno empleo) no conllevó sin embargo el abandono de los datos del empleo como variable a tener en cuenta. Al fin y al cabo la mejor coartada de los privilegios del capital es que los empresarios son “creadores de empleo” y en una sociedad capitalista ésta sigue constituyendo una necesidad vital para la mayoría de la población. Lo que se hizo fue un completo enmascaramiento, incluyendo en un mismo epígrafe empleos y subempleos por el criterio estadístico de considerar “empleo a cualquier actividad retribuida que haya realizado una persona de al menos una hora durante la semana de referencia”. El resultado también es que la comparación internacional de los niveles de empleo esconde muchas trampas, puesto que países que tienen elevados niveles de empleo a tiempo parcial de hecho están escondiendo altos porcentajes de paro a tiempo parcial, o países con elevadas cotas de subempleo informal acaban luciendo bajos niveles de desempleo.

El empleo a tiempo parcial no es necesariamente malo, depende del contexto y la situación personal. Depende crucialmente de que se tenga acceso o no a otros ingresos. A que se realice de forma voluntaria en función de algún proyecto personal (por ejemplo complementarlo con la realización de estudios o alguna actividad no remunerada). Su experiencia es muy diferente cuando se realiza combinado con algún sistema de ingresos públicos garantizados por otra vía, lo que ocurre en diversos países europeos, o cuando estos esquemas no existen. Ello plantea una primera cuestión crucial: cuál es el diseño de estado de bienestar asociado al desarrollo del empleo a tiempo parcial. Una pregunta relevante cuando en España, un país sin esquemas públicos de ingresos, se nos promueve la adopción del sistema “holandés” o “dánés” sin referencia a sus niveles de bienestar.

Los estudios europeos sobre el empleo a tiempo parcial muestran, sin embargo, una imagen mucho más descorazonadora que este amable tiempo parcial combinado con pensiones públicas. En la mayoría de los casos el empleo a tiempo parcial sigue siendo cosa de mujeres y constituye una nueva modalidad de la tradicional división del trabajo sexista. En casi todos los casos los empleos a tiempo parcial reciben cuotas horarias inferiores a la de los empleados a tiempo completo, predominan en los puestos de trabajo que ocupan los lugares inferiores en la jerarquía laboral, a menudo se realizan en horarios poco deseables (la mayor parte de trabajadoras de limpieza de mi universidad conocen esta situación: su jornada habitual es de 5 a 9 de la mañana, madrugón inevitable, por un sueldo que en la mayoría no llega a los 400 €), generan pocos derechos sociales. No es raro que los contratos a tiempo parcial sean fuente de irregularidades: contratos legales de pocas horas y horario forzoso adicional que se paga “en B”. En los países, como Alemania, donde se están debilitando los esquemas de prestaciones sociales y se desarrollan nuevos esquemas de contratos laborales (los “minijobs” que ahora quiere importar la patronal española) el resultado es la creación de una capa de “working poor” (pobres con empleo) sometidos a muy bajos ingresos, pluriempleo y una persistente necesidad de “buscarse” la vida, Y en algunos sectores estos miniempleos acaban por competir y desplazar a los empleos regulares, siempre más caros.

En los próximos meses volveremos a confrontarnos con el tema. Y deberemos ser capaces de elaborar alternativas que representen realmente una propuesta de pleno empleo, esto es, una propuesta universal para garantizar a todo el mundo, hombres y mujeres, autonomía personal, dignidad y seguridad económica. Algo que exige discutir a la vez de organización del trabajo social, distribución de la renta, sistemas de protección social, de vida laboral y de vida social.

Salario mínimo congelado

Fiel a su instinto, la primera medida anunciada por el Gobierno Rajoy ha sido la congelación del salario mínimo para el año próximo. La prensa ha corrido a explicar que es la primera vez que ocurre en la historia. Cierto en un sentido literal, pero incierto si se estudia la evolución del Salario Mínimo desde su creación. De hecho los anteriores Gobiernos del PP ya realizaron una devaluación real por el método de aumentar cada año el 2% en un periodo donde el IPC crecía cada año por encima de este valor. Y el Gobierno Zapatero que se comprometió a actualizarlo y acabar la legislatura en 800 € no sólo incumplió esta promesa sino que el año pasado ya introdujo una devaluación real. Y es que aunque se considere al Salario Mínimo Interprofesional como un nivel salarial que afecta a pocas personas, hay dos razones que explican este apego por mantenerlo entre los más bajos de Europa. El primero es que si se incrementara animaría al creciemiento salarial en sectores de bajos salarios. El segundo es que el Salario Mínimo (y su hermano, el IPREM) constituyen indicadores básicos para la fijación de muchas prestaciones sociales: manteniéndolo bajo se garantiza un bajo coste social. La política de salario mínimo es un buen indicador de la lógica que impera en nuestro país de generación de pobreza, bajas prestaciones sociales y elevadas desigualdades. Un Gobierno tan apegado a la tradición como presume el PP no podía dejar de perder la oportunidad de imponer, una vez más, una medida que tanto tiene que ver con nuestro indeseable modelo social.

30/12/2011

 
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